México llega al doceavo aniversario del
DÃa Internacional del Derecho a Saber con una
reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información de avanzada, con un órgano garante de acceso a la información con nuevas facultades y autonomÃa constitucional; con un fuerte activismo por parte de organizaciones sociales especializadas en la materia y con suficiente capital empÃrico y académico como para dar el siguiente paso en la construcción y garantÃa de un sistema nacional de transparencia. El terreno no podrÃa ser más favorable: además de las condiciones ya mencionadas, el
Archivo General de la Nación ha fomentado la deliberación a través de foros regionales para una adecuada Ley General de Archivos, eslabón esencial del acceso a la información. Los Senadores que encabezan la redacción de leyes secundarias se han comprometido además a generar los consensos para que todas las fuerzas polÃticas presenten un proyecto común de leyes generales.
En este contexto, ¿qué podrÃa entorpecer el proceso? El dÃa de hoy inicia la Semana Nacional de la Transparencia, en este marco, el IFAI entregará al Senado un proyecto de ley general de acceso a la información y protección de datos diferente a la que habÃa venido trabajando la institución a través de un grupo de trabajo plural. Esta propuesta se sumará a las otras tres que ya han sido presentadas, entre ellas la de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP) y la del
Colectivo por la Transparencia y México Infórmate.
SerÃa desafortunado que la concurrencia de proyectos o las prisas generaran fracturas antes del proceso legislativo puesto que uno de los grandes éxitos de la reforma constitucional en materia de transparencia no fue solamente el proceso de deliberación fomentado desde el Senado sino el frente común y diverso que se formó en torno a la reforma y la claridad de todos los actores sobre el propósito y alcances de la misma.
Con esa intención fue que la Red por la Rendición de Cuentas creó un grupo de trabajo plural, coordinado por Jacqueline Peschard, el cual redactó un “problemario†que puede servir de hoja de ruta para la redacción de las leyes generales cuya responsabilidad última es de los legisladores. En éste se mencionan los principios, bases y procedimientos que permitirán: a) el desarrollo de la arquitectura del sistema nacional de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos; b) los principios que orientan la acción de los sujetos garantes de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales; c) el desarrollo de las bases de los derechos de acceso, incluyendo los contenidos mÃnimos de las obligaciones de transparencia y los indicadores de rendición de cuentas y de protección de datos personales en posesión de las autoridades; d) el establecimiento de los estándares para los procedimientos sustantivos para el ejercicio de los derechos de acceso y protección de datos; e) el establecimiento de los procedimientos del IFAI para ejercer sus facultades de atracción y revisión de las resoluciones de los organismos autónomos especializados; f) la regulación de la organización y procedimientos que deberán adoptar los sujetos obligados para dar cumplimiento a sus atribuciones en materia de transparencia, acceso a la información y protección de las autoridades incluyendo a los nuevos sujetos obligados (personas fÃsicas o morales, sindicatos y partidos polÃticos) y g) regulación del modelo de transparencia para los partidos polÃticos y de los sindicatos.
Inicia un año electoral y la agenda legislativa pendiente está sobrecargada, sin embargo, se requiere no perder la brújula sobre la importancia central y los propósitos de las leyes generales en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos además de la de archivos que permitirán cristalizar la reforma constitucional en derechos fundamentales para todos.
