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La ley actual de archivos de Sierra Leona data de la época de su independencia y muchos de los archivos nacionales fueron destruidos durante la guerra civil que duró una década.
Sin embargo, mientras no haya registros, muchas reformas administrativas, incluyendo la ley RTI (y la mayoría de los compromisos de OGP) y las reformas del servicio público podrían ser imposibles de implementar.
Como parte del plan de acción de OGP, Sierra Leona está actualizando esta ley. A partir de abril de 2016 la ley se redactó y presentó al Gabinete para poder ser enviada al Parlamento.
De acuerdo con Charlie Hughes, investigador del IRM, para poder completar la reforma y asegurar un impacto significativo, la ley final deberá transferir la jurisdicción del manejo de los registros al Ministerio de Información y Comunicaciones, el cual puede asegurar que otras instituciones cumplan con los requisitos básicos.
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