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La comisión especial sobre fraude y evasión fiscal del Parlamento Europeo (TAXE II) ha aprobado esta semana su segundo informe, que sigue al texto emitido en diciembre de 2015 a raíz del escándalo LuxLeaks. "El Parlamento Europeo se ha convertido en la institución más agresiva y activa en la lucha contra la evasión fiscal de las grandes compañías, especialmente en el área de las bases fiscales del impuesto de sociedades y en la declaración de beneficios en países de conveniencia", ha declarado el eurodiputado y miembro de la comisión parlamentaria, quien ha destacado el avance que supone el texto aprobado esta semana
Tras el voto, Jáuregui ha destacado las principales novedades del informe, entre otras, la creación de una lista Negra de Paraísos Fiscales común para toda la UE antes del fin del 2016 y la puesta en marcha de un marco regulador de las sanciones contra jurisdicciones no cooperativas de la lista negra, que incluya la suspensión de los acuerdos de libre comercio, la prohibición del acceso a los fondos de la Unión y la suspensión de los convenios de doble imposición.
Igualmente, se incluye la responsabilidad patrimonial proporcional para los bancos y las instituciones financieras que faciliten transferencias con los paraísos fiscales conocidos, y para los asesores fiscales inmersos en prácticas fiscales contrarias a la ley. Además se propone la inclusión de sanciones concretas, incluyendo la posibilidad de revocación de licencias de negocios, para los profesionales y las compañías relacionadas con el diseño, que hayan aconsejado o usado planes fiscales agresivos y esquemas de evasión de impuestos; así como la creación de un registro de la propiedad de la Unión con información sobre los beneficiarios de los activos, y que forme la base de una iniciativa mundial a este respecto.
Junto a todo ello, la comisión reclama a la OCDE un ambicioso plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de ´beneficios (BEPS II) basada en estándares mínimos y objetivos concretos para su adecuada implementación. Asimismo, exige a los Estados miembros una revisión de la legislación para prevenir la persecución de los whistleblowers y los periodistas y asegurar que la protección de los secretos profesionales no es excusa para la persecución de quienes descubren conductas ilegales o perjudiciales para los intereses públicos y generales.
"La lucha contra la evasión fiscal de las grandes compañías, muchas de ellas internacionales, no es sólo una cuestión de justicia fiscal con las haciendas públicas y la ciudadanía, es también una cuestión de competencia leal con la pequeña y mediana empresa, que pagan un impuesto de sociedades más alto", ha explicado Jáuregui, quien ha destacado que "estos son pequeños pasos de una tarea que será larga y difícil, y que exige superar el espacio de la UE para abordar acuerdos en materia fiscal en las grandes instituciones financieras mundiales; combatir a los paraísos fiscales, por ejemplo, exige ese tipo de acuerdos”.
De igual forma, Jáuregui ha reiterado el compromiso de los socialistas para "liderar y estar en la vanguardia de esta causa de justicia, absolutamente imprescindible para hacer sostenible nuestro modelo de bienestar y de protección social”.
Con este informe se da por finalizado el trabajo de la comisión especial, pero los trabajos del Parlamento frente al fraude y la evasión continuarán en una nueva comisión de investigación creada a raíz de los Papeles de Panamá, que ampliará sus objetivos a la lucha contra los paraísos fiscales. El pleno de la Eurocámara votará este jueves en Bruselas la composición de la comisión de investigación, en la que trabajarán los socialistas, Ramón Jáuregui y Juan Fernando López Aguilar, como miembros titulares, y Eider Gardiazábal, como suplente.
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