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Boletín Informativo No. 43
julio de 2016
Bienvenidos.
Compartimos una nueva edición de nuestro boletín quincenal. En el Centro de Estudios Alonso Lujambio festejamos junto con toda la comunidad del ITAM, los setenta años de la fundación de nuestro Instituto, que ocurrió el 1o de julio de 1946. Enhorabuena. En esta ocasión en nuestra editorial de Congreso, describimos el veto que ejerció el presidente Peña Nieto al artículo 32 de la Ley 3 de 3. En Elecciones, resumimos en qué consiste el proceso de fiscalización pendiente. En Transparencia, analizamos las implicaciones del desenlace de la Ley 3 de 3. Por último, en Educación reseñamos el enfrentamiento ocurrido en Nochixtlán.
Asimismo, los invitamos a consultar y difundir las bases del Concurso de Ensayo Político Alonso Lujambio. Se recibirán trabajos hasta el 2 de septiembre de 2016.
Esperamos que la presente edición sea de su interés. No dude en contactarnos y compartirnos sus comentarios en:
@CentroLujambio o al correo centrolujambio@itam.mx
Consejo Editorial.
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CONCURSO DE ENSAYO POLÍTICO 2016
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Peña Nieto veta artículo 32 de la Ley 3 de 3
El titular del Ejecutivo Federal vetó el inciso B y C del artículo 32, así como otros 15 artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas relacionados con el 32. De esta manera, dichos incisos y los 15 artículos regresarán al Senado para su análisis. Además, el Presidente de la República solicitó a la Comisión Permanente del Congreso un periodo extraordinario para que sean solventadas las observaciones realizadas.
El artículo 32 implicaba que empresarios y todas las personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos —empleados, becarios, beneficiarios de asistencia social y pensionados― deben presentar obligatoriamente su declaración patrimonial y de intereses.
Ante esto, las bancadas de PAN y PRD se han pronunciado en contra de que la Ley General de Responsabilidades Administrativas incluya al sector empresarial. El líder de la bancada del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, se ha pronunciado por la abstención, mientras que la bancada del PAN planea votarla en contra, según el coordinador blanquiazul, Fernando Herrera Ávila. Cabe señalar que para que para que el veto parcial sea rechazado o superado se necesitarían dos terceras partes de la votación; para que el veto y las observaciones sean aprobados se necesitaría una mayoría simple.
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Una vez realizados los comicios electorales –el pasado 5 de junio– el siguiente paso se refiere al conteo de votos, entrega de informes de campaña y resoluciones por parte del Tribunal Electoral. Parte fundamental del proceso está también constituido explícitamente por la fiscalización de las campañas políticas con base en la información otorgada por todos los candidatos a un puesto de elección popular; ya sean adscritos a un partido político o no. Dicha información –de ingresos y egresos de la campaña– se otorga al INE dentro de un plazo máximo de 3 días una vez concluidas las campañas políticas. El Instituto Nacional Electoral (INE) –mediante el Sistema Integral de Fiscalización (SIF)– tiene 37 días para evaluarlos y auditarlos.
Las consideraciones relativas al proceso de fiscalización implican una serie de relaciones entre los diferentes actores políticos (i.e. INE, TEPJF, partidos políticos, candidatos independientes y los electores). El cumplimiento de lo establecido en la ley permite dotar de contenido a la democracia mexicana. En este sentido, es un vehículo mediante el cual se recupera la confianza de los ciudadanos respecto al sistema en general, pero en un primer momento enfocado a los partidos y, de manera más directa, a los candidatos.
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¿Con qué nos quedamos de la 3de3?
La vida democrática exige pluralidad de voces. Por esta razón el seguimiento que se ha dado alrededor de la Ley 3 de 3 presenta, continuamente, un forcejeo entre celebración y repulsión en la sociedad mexicana.
La manifestación más reciente de esto fue el amparo promovido por jueces de la Ciudad de México a través del cual solicitaron una suspensión de la aplicación de la Ley de Transparencia de la Ciudad de México. Lo anterior con el fin de evitar hacer públicas las declaraciones mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve sobre la constitucionalidad del artículo 121 de la ley en cuestión. Sin embargo, el amparo no prosperó.
Los quejosos argumentaron que la Asamblea Legislativa violó el derecho a la privacidad y a la intimidad, además de exponer a los servidores públicos al proporcionar sus datos personales. Dichos argumentos son parecidos a los del senador priísta, Emilio Gamboa, el cual calificaba a las normas de la Ley 3 de 3 como inconstitucionales. ¿Se invade la privacidad de los funcionarios? ¿Se pone en riesgo las funciones de figuras públicas con las declaraciones? La discusión sigue abierta, además, se perdieron de vista los fundamentos de las declaraciones: la transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos para un verdadero combate a la corrupción.
La urgencia de consolidar un paquete legislativo para el combate a la corrupción dejó un mal sabor de boca a la sociedad por las omisiones de los legisladores, principalmente con la 3 de 3. La ley daría un último giro hacia Presidencia, en donde se hicieron observaciones parciales a las leyes anticorrupción. Se vetaron los incisos B y C del artículo 32, referente a la obligación de los privados a presentar su declaración si reciben recursos públicos, pero sin observación alguna al artículo 29, que trata de la publicidad de las declaraciones. Para continuar discutiendo la ley, se llevará a cabo otro periodo extraordinario el próximo 5 de julio.
El desaire provocado por la decisión legislativa sobre el proyecto de ley basado en una iniciativa ciudadana debe ser transformado en lecciones positivas con miras hacia el futuro. El inicio de un proyecto con una base sólida de méritos por la riqueza en su elaboración, el apoyo y alcance que obtuvo tanto a nivel nacional como internacional y el movimiento del sector social son, en conjunto, un éxito digno de ser tomado en cuenta. La crítica sobre un marco legal complejo fue reiterada y, de ser necesaria tal dificultad en el manejo legal, debe buscarse el hacer al ciudadano mexicano más hábil en ese ámbito para ejercer sus derechos y conocer las obligaciones.
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Noticias de Transparencia
Congreso pide corregir falla en portal de Transparencia. Ver más.
Niegan amparo a jueces que buscaban parar la ley 3 de 3. Ver más.
Prioridad, combate a la corrupción en verificentros, señala Sedema. Ver más.
No sólo #3de3: las otras ‘letras chiquitas’ del Sistema Nacional Anticorrupción. Ver más.
Transparencia y la no corrupción, Constituyente debe predicar con el ejemplo: Creel. Ver más.
Portal de Contratos Abiertos de la Ciudad de México. Ver más.
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EL INAI ordena a SEDENA entregar fotografías y vídeos sobre el caso Ayotzinapa. Ver más.
Buscan acabar con caja negra del presupuesto. Ver más.
Pedirá la Permanente sesión extraordinaria sobre veto a '3 de 3'. Ver más.
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Agenda de Transparencia
Curso de Protección de Datos Personales
Fecha: 1 de julio de 2016
Horario: 10:00 a 13:00
Sede: Archivo General de la Nación
Curso Transparencia y Acceso a la Información Pública
Fecha: 8 de julio de 2016
Horario: 10:00 a 13:00 hrs
Sede: Archivo General de la Nación
Ver más (AGN).
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Enfrentamiento violento entre manifestantes de la CNTE, civiles y agentes policiales en Nochixtlán, Oaxaca
En el último mes, miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han organizado diferentes eventos en el estado de Oaxaca para manifestarse en contra de la Reforma Educativa. Una semana antes del enfrentamiento comenzaron los bloqueos en diferentes carreteras de Oaxaca. El 19 de junio se llevó a cabo un operativo policial para retirar el bloqueo de la autopista Oaxaca – Cuacnopalan, a la altura del municipio de Asunción Nochixtlán a cargo de 800 unidades de policías federales y estatales.
De acuerdo con la versión oficial comunicada el 22 de junio en una conferencia de prensa entre las 7:00 y 8:00 am, se realizó el primer operativo de manera pacífica sin registro de incidentes. En estricto cumplimiento al protocolo de actuación policial los agentes no portaban armas. Después de las 10:30 am los manifestantes se volvieron a reunir y comenzaron las agresiones hacia la policía con el lanzamiento de cohetones y posteriormente disparos. Fue entonces cuando los elementos federales pidieron refuerzos, los cuales sí estaban armados. El enfrentamiento entre elementos policiales, maestros y la población civil continuaron, dejando como consecuencia heridos e incluso personas fallecidas. Ante estos hechos se decidió hacer un repliegue con el fin de no exponer la vida de los presentes.
Sin embargo, surgieron discrepancias entre la versión oficial y la de algunas agencias nacionales e internacionales después de que publicaran algunas fotografías que prueban que la policía federal sí contaba con armas desde el principio del operativo. Sea cual sea la versión verídica, las cifras de las víctimas oscilan entre 9 personas fallecidas, 41 policías lesionados, 53 civiles heridos y 21 detenidos.
Días después del enfrentamiento violento, el 22 de junio, la CNTE y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) se sentaron a conversar para llegar a posibles acuerdos que solucionen el problema político y de inseguridad que se vive al sur del país. En la reunión no participó Aurelio Nuño, secretario de Educación, debido a que en ese diálogo no entra la negociación de la Reforma Educativa. Entre las demandas principales exigidas por la CNTE están las modificación de la reforma educativa, justicia por los actos violentos sucedidos en Nochixtlán, así como la renuncia de algunos funcionarios públicos. Al término de esta reunión se acordó llevar a cabo otra mesa de diálogo el día 27 de junio, en la cual se decidió crear una mesa especial para el caso Nochixtlán, la cual tuvo verificativo el 30 de junio, sin resultado positivo alguno. Mientras tanto, la CNTE sostiene un bloque carretero que ha dificultado en extremo la distribución de alimentos, medicinas y gasolina. La SEDESOL, con apoyo de fuerzas federales, ha implementado puentes aéreos para burlar el bloqueo, que ha afectado a la población más marginada de Oaxaca.
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