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Carrera docente: se desaprovecha una oportunidad
El proyecto de carrera docente que actualmente se discute en la Comisión de Educación del Senado aún tiene la posibilidad de impactar en la calidad de la educación escolar y en el aprendizaje de los estudiantes. Estas materias, que son los elementos cruciales del sistema de educación, no han sido consideradas en los proyectos que ha presentado el Gobierno quedando marginadas del debate público. Para que cumpla con estos objetivos, la iniciativa requiere perfeccionamientos relevantes, de lo contrario, a pesar de su alto costo fiscal (más de $US 2 mil 300 millones en régimen), no se producirán los efectos que se esperan en el sistema educacional.
Un aspecto que preocupa, y que fue planteado por Acción Educar en sus exposiciones en las Comisiones de Educación de la Cámara de Diputados y del Senado, es que el proyecto de ley, aunque establece correctamente que el desempeño y no sólo la antigüedad será el factor preponderante para que un profesor avance en la carrera docente, no se hace cargo de la materialización de este principio ya que en él no se establecen instrumentos que permitan medir el desempeño permanente de un docente en su escuela.
El proyecto mantiene la evaluación docente con su lógica centralizada, es decir realizada por el Ministerio de Educación, la que mide conocimientos y capacidades a través una prueba y del llamado portafolio, instrumentos que no son capaces de evaluar de manera adecuada y periódica el desempeño de los docentes, su trabajo en el aula, su manejo de grupo, la colaboración con otros pares y su efectividad en los aprendizajes de los niños. De este modo, tenemos un proyecto que promete y que tiene como objetivo generar una carrera basada en el desempeño, pero que en los hechos no contempla los instrumentos para lograrlo y, por ende, no asocia las mejores remuneraciones y la permanencia laboral al mejor desempeño, lo que contradice los fundamentos de la iniciativa.
En línea con lo anterior, cabe señalar que el trabajo permanente de un docente no es posible apreciarlo únicamente a través de mediciones centralizadas, a las cuales tampoco se les puede pedir que aseguren el mejor desempeño de los profesores, sino que se requiere de evaluaciones locales que emanen de cada establecimiento y que se adecuen a su realidad. En particular debiera ser ésta una atribución del director y de su equipo porque son quienes están en mejor posición para valorar la labor diaria de un maestro en una escuela determinada. La evaluación del director debiera ser un factor preponderante tanto en la fijación de las remuneraciones como en la determinación sobre la continuidad o duración de las relaciones laborales. La evaluación de un docente se puede hacer desde distintas dimensiones, pero no puede suceder que el director no tenga ninguna responsabilidad e injerencia en este ámbito como lo plantea el proyecto. El hecho de que un profesor no se adecue a las características de un determinado proyecto educacional pasa a ser irrelevante, primando criterios externos y ajenos a la realidad de cada colegio.
Solucionar estos problemas se hace aún más perentorio si se considera que la iniciativa extiende la carrera docente a la educación particular subvencionada, es decir, aplicará para más del 90% de los establecimientos del país.
Por otra parte, la instauración de una carrera docente que defina la trayectoria de los profesores de manera externa y centralizada desde el Ministerio, afecta la autonomía de los recintos educativos. Parte importante de los problemas de la educación municipal se originan por restricciones y ataduras que impone el Estatuto; lo conveniente sería tender a eliminarlas en vez de ampliarlas.
La oportunidad que representa este proyecto es relevante y desaprovecharla es un despropósito que puede dañar el sistema en vez de generar efectos positivos y todo a un alto costo fiscal. Es de esperar que los senadores y el Ejecutivo realicen las mejoras que se requieren.
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