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Carrera docente: Adecuada priorización del gasto público, pero excesivo centralismo en evaluación del profesor
El envío durante esta semana del proyecto de ley sobre carrera docente es una buena noticia en cuanto satisface la necesidad de discutir sobre políticas públicas que efectivamente incidan en la calidad de la educación chilena y se aboquen a desafíos reales del sistema. Ante el objetivo de de atraer y retener a los mejores profesores en la sala de clases es positivo que se decida enviar un proyecto que destina importantes recursos a generar una carrera profesional más atractiva, donde el desempeño del docente sea reconocido y tenga un peso relativo mayor que el solo paso del tiempo o la antigüedad.
Sin embargo, el proyecto requiere ser perfeccionado durante su tramitación legislativa. Uno de sus defectos a corregir es la escasa influencia que se le asigna al director del colegio en la evaluación del desempeño de sus profesores. Se observa en la iniciativa un excesivo centralismo en la manera de evaluar a los docentes, dejando fuera la evaluación local del desempeño y efectividad del profesor. Si bien es posible evaluar mediante una prueba centralizada los conocimientos y ciertas competencias pedagógicas de los profesores, resulta difícil pensar que su desempeño en un determinado ambiente y en la sala de clases pueda ser medido de manera centralizada desde el ministerio. Es el director y su equipo quienes están en mejores condiciones para evaluar este aspecto. En este sentido también es relevante que las evaluaciones de los directores se puedan plasmar en incentivos, bonos o aumento de remuneraciones de los profesores. Los aumentos de sueldo así como la permanencia de los profesores del colegio,no debiesen estar solamente relacionados con los resultados de evaluaciones externas, especialmente en el ámbito municipal donde este aspecto está actualmente restringido .
Finalmente es importante destacar que según estimaciones del Ministerio de Educación el proyecto de carrera docente tendría un costo fiscal que superaría los US$2.300 millones anuales. Invertir en los profesores es una política pública que transversalmente se considera necesaria y que tiene impacto en la calidad de la educación. Tratándose de recursos limitados y ante la evidencia que lo que se recaude con la reforma tributaria no alcanzará para financiar todas las reformas prometidas, es fundamental que el gobierno sea transparente con esta realidad y se evalúe cuáles son las reformas prioritarias para Chile destinando allí los recursos. En este contexto la idea de gratuidad universal para la educación superior debe necesariamente revisarse.
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