El Fondo Verde Climático (en adelante FVC) fue lanzado en la Conferencia de las Partes en su 17º período de sesiones, celebrado en Durban del 28 de noviembre al 11 de diciembre de 2011. La intención primordial es que éste se convierta en el principal fondo para financiar la lucha contra el cambio climático, moviendo alrededor de 100 000 millones de USD para 2020.  El FVC fue previsto para catalizar financiación pública y privada, tanto a nivel nacional como internacional para proporcionar “una asignación equilibrada de recursos para la adaptación y la mitigación, incluida la REDD plus” (ONU, 2015*)

* Disponible en http://unfccc.int/portal_espanol/newsletter/items/6806.php

Los observadores activos son invitados a participar en las reuniones de la Junta. Son dos representantes acreditados de la sociedad civil y dos del sector privado. Su representación tiene una duración de 2 años, con un máximo de dos periodos consecutivos.

La décima reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde Climático (FVC) se llevó a cabo del 6 al 9 de julio del presente año en Songdo, Corea del Sur, sede del Fondo. La reunión fue inaugurada por los copresidentes de la Junta Directiva, Gabriel Quijandría de Perú y Henrik Harboe de Noruega, y por la Directora Executiva del Fondo, quienes destacaron la creciente relación entre el Fondo y sus dos redes de socios: las Autoridades Nacionales Designadas (AND) y/o puntos focales y las entidades acreditadas.

Estaba previsto que en la reunión se aborden 32 puntos de agenda, pero dada la complejidad de varios de los temas y el tiempo insuficiente, algunos puntos serán resueltos en próximas sesiones.  Incluso se agregó un punto de agenda relacionado con ítems a ser considerados en la onceava reunión de la Junta, incluyendo un posible plan de trabajo multiaño.

Las siguientes son las decisiones más relevantes que resultaron de la sesión en Songdo:

1. Lineamientos más concretos al Secretariado para el desarrollo del marco inicial de monitoreo y rendición de cuentas para las entidades acreditadas. En Songdo sólo se tenía previsto revisar un informe de progreso realizado por el Secretariado para obtener insumos y lineamientos claros de la Junta Directiva que permitan complementar dicho documento. Una decisión como la adoptada se tenía contemplada para la próxima reunión de la Junta. Pero la Junta optó por realizar comentarios que necesitan ser incluidos en el informe del Secretariado y por tomar decisiones sobre algunos elementos.
En este sentido, la Junta decidió por ejemplo reafirmar que el periodo de acreditación de entidades es de cinco años y que será la Junta quién podrá reacreditar a una entidad en base a la evaluación que realice el Secretariado y el Panel de Acreditación.
La Junta también decidió que el marco de monitoreo y de responsabilidad se concentrará en el cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales, estándares fiduciarios y política de género. Incluirá por lo menos cuatro criterios de cumplimiento: 1) informes anuales por parte de la entidad acreditada, 2) revisiones particulares del Secretariado en caso de que exista alguna preocupación importante, 3) una revisión anual a una parte del portafolio del Fondo, y 4) una breve revisión de la entidad acreditada a la mitad de su periodo de acreditación de cinco años.
Finalmente, la Junta solicitó al Secretariado desarrollar más a fondo el marco de monitoreo y rendición de cuentas, y que ello se haga mediante una llamada pública y con participación de actores múltiples, incluyendo mujeres. Este tema será considerado nuevamente en la onceava reunión de la Junta.

2. Conversión de promesas en acuerdos de contribución. De acuerdo con el estatus del proceso de movilización inicial de recursos, el Fondo cuenta actualmente con 5.8 mil millones de dólares. La Junta dio la bienvenida al progreso hecho por aquellos países que convirtieron sus promesas en acuerdos de contribución. Y urgió a los demás países que han hecho promesas a hacer lo mismo. En Songo, México firmó el acuerdo por el cual formalizó su contribución de 10 millones de dólares.
En este tema de agenda, hubo una discusión sobre la proporción de fondos disponibles para subvenciones, comparada con la proporción disponible para préstamos. Algunos países en desarrollo opinaron que el Fondo debería otorgar mayormente subvenciones y sólo otorgar préstamos de gran concesionalidad en casos excepcionales. Sin embargo, otros países le recordaron a la Junta que ya se había acordado que en su etapa inicial el Fondo sólo daría subvenciones como préstamos concesionales.
La Junta no llegó a un consenso sobre si establecer o no una fecha límite para futuras conversiones de promesas a acuerdos de contribución y, por tanto, no tomó una decisión al respecto.

3. Términos de referencia para una fase piloto que permita mejorar el acceso directo.  La Junta aprobó los términos de referencia de una fase piloto para mejorar el acceso directo y poner en marcha modalidades que permitan mejorar el acceso directo a recursos del Fondo de entidades subnacionales, nacionales, regionales, públicas y privadas. El programa permite que las entidades anteriormente mencionadas tomen decisiones sobre actividades una vez que hayan sido acreditadas ante el Fondo. El programa incluye un fuerte componente de amplia participación de múltiples actores locales. 

Mediante el programa, el Fondo espera recopilar experiencias adquiridas particularmente sobre: a) promoción del cambio paradigmático hacia una desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima b) experiencias replicables y sostenibles de coordinación a nivel país como la participación y trabajo con actores locales, c) estándares de gobernanza y d) apoyo específico relacionado con la ayuda a la preparación o “readiness support”.

La Junta solicitó al Secretariado que, en consulta con el Panel Asesor Técnico Independiente (PATI) y actores clave, prepare y lance una solicitud de propuesta a los países mediante las AND y puntos focales. El piloto de cada país será revisado dos años después de su aprobación, y la totalidad de la fase piloto será evaluada luego de cinco años.

En cuanto a recursos, se prevé proporcionar inicialmente hasta 200 millones de dólares para al menos diez pilotos. Cuatro de ellos serían implementados en Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, Países Menos Desarrollados y Estados Africanos.

4. Proceso de selección y términos de referencia para los directores de las tres unidades independientes de rendición de cuentas del Fondo. La Junta aprobó el proceso de selección de estas autoridades, el cual se realizará mediante una empresa de contratación que será nominada en septiembre del presente año. Para ello aprobó un presupuesto y términos de referencia. También aprobó los términos de referencia para las autoridades a cargo de dirigir las tres unidades de rendición de cuentas del Fondo. Finalmente y después de una controversial discusión sobre la ubicación de estas autoridades, se decidió que ejercerán sus funciones en la sede del Fondo: Songdo.
 

5. Acreditación de 13 nuevas entidades.
6. Tabla de riesgos y metodología para determinar el apetito inicial de riesgo del Fondo.
7. Nombramiento de expertos del Panel Independiente de Asesoría Técnica.
8. Apropiación doméstica.
9. Recomendaciones del Grupo de Asesoría del Sector Privado.
10. Política de Ética y Conflicto de Intereses.
11. Consideración de propuestas de financiamiento.

La próxima reunión de la Junta Directiva se llevará a cabo en Zambia del 4 al 6 de noviembre del presente año, justo antes de la COP 21. Se espera que en ella la Junta apruebe sus primeras propuestas de proyectos y programas a ser financiados.

La Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo que se llevó a cabo en Addis Abeba del 13 al 16 de julio del 2015 fue la tercera Conferencia Internacional sobre esta materia, después de las celebradas en Monterrey (2002) y Doha (2008).
 
Este proceso data de Junio de 1996, cuando la Asamblea General  (AG) de Naciones Unidas adoptó la Agenda para el Desarrollo, en la cual se consideró la posibilidad de llevar a cabo un conferencia internacional sobre financiación para el desarrollo (FpD). En diciembre de ese año, la AG adoptó la resolución 52/179 que establece la necesidad de FpD sistemático, comprehensivo e integrado y crea un grupo de trabajo para formular recomendaciones. 

De diciembre de 1998 a mayo de 1999 el grupo se reunió seis veces y adoptó las recomendaciones (A/54/28) sobre el evento propuesto para 2001 y que trataría asuntos nacionales, internacionales y sistémicos relacionados con la FpD de una manera holística en el contexto de la globalización e interdependencia. También se abordaría la movilización de recursos financieros para la implementación de los resultados de las conferencias organizadas por Naciones Unidas en la década de los noventas, así como para la Agenda para el Desarrollo.
 

La primera Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo se llevó a cabo del 18-22 de marzo del 2002 en Monterrey, México. Los Estados adoptaron el Consenso de Monterrey que consistió en seis categorías: movilización de recursos financieros domésticos, movilización de recursos internacionales para el desarrollo, comercio, cooperación financiera internacional para el desarrollo, deuda y asuntos sistémicos.
 
El Consenso de Monterrey usó a la AG, al ECOSOC y otros cuerpos intergubernamentales para el seguimiento y coordinación. ECOSOC mantiene reuniones de alto nivel anuales con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OMC y UNCTAD para tratar asuntos de coherencia, coordinación y cooperación.
 
Asimismo, como resultado de esta conferencia, se instó a la AG a celebrar Diálogos de Alto Nivel bianuales sobre FpD, para servir como una plataforma intergubernamental para el seguimiento general del la Conferencia de Monterrey y los resultados asociados. Estos diálogos han ocurrido en octubre 2003, junio 2005, octubre 2007, marzo 2010, diciembre 2011 y octubre 2013.
 
En enero de 2003, con la resolución 57/273 se establece una oficina para FpD, dentro del Departamento de Naciones Unidas sobre Asuntos Económicos y Sociales.

En 2008 en Doha, Qatar, se llevó a cabo la Conferencia Internacional de seguimiento sobre financiación para el desarrollo para revisar la implementación del Consenso de Monterrey. Su resultado, la Declaración de Doha reafirma el Consenso de Monterrey, señala la necesidad de mantener los compromisos de ayuda a pesar de la incertidumbre económica global, y hace un llamado para una conferencia de Naciones Unidas de alto nivel que examine el impacto de las crisis financieras y económicas sobre el desarrollo.
 
En enero de 2014, con las resoluciones 68/204 y 68/279 se decide celebrar una tercera Conferencia sobre FpD.
 

El resultado de esta tercera Conferencia establece que se utilizarán los arreglos institucionales existentes y se incluirá un foro anual del Consejo Económico y Social sobre los resultados de la financiación para el desarrollo, cuya participación será universal e intergubernamental, y que se pondrá en marcha durante el ciclo actual del Consejo. Las modalidades de participación en el foro serán las que se utilizan en las conferencias internacionales sobre la financiación para el desarrollo. El foro se reunirá un máximo de cinco días, uno de los cuales se dedicará a una reunión especial de alto nivel con las instituciones de Bretton Woods, la OMC y la UNCTAD, así como otras instituciones interesadas, en función de las prioridades y el alcance de la reunión; se dedicará un máximo de cuatro días a deliberar acerca del seguimiento y el examen de los resultados de la financiación para el desarrollo y los medios de ejecución de la agenda para el desarrollo después de 2015. Sus conclusiones y recomendaciones convenidas a nivel intergubernamental se incorporarán en el seguimiento y examen de la ejecución de la agenda para el desarrollo después de 2015 en el foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible. De conformidad con su mandato, también se tendrán en cuenta las deliberaciones del Foro sobre Cooperación para el Desarrollo.
 
El Diálogo de Alto Nivel de la Asamblea General sobre la Financiación para el Desarrollo y el foro político de alto nivel se celebrarán uno después de otro con los auspicios de la Asamblea General cuando se reúna el foro, que se convoca cada cuatro años.

La Tercera Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (FfD3) se llevó a cabo en Addis Abeba del 13 al 16 de julio del 2015. Después de meses de negociaciones iniciadas en octubre del 2014, el 16 de julio se adoptó la Agenda de Acción de Addis Abeba (AAAA) con asuntos claves sin resolver, como la cooperación fiscal internacional para acabar con la evasión, los flujos ilícitos y la opacidad en materia fiscal, la aplicación del principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas, y los vínculos con la agenda de desarrollo post 2015. Las necesarias reformas económicas en favor del desarrollo sustentable quedaron fuera. Asimismo, el cambio climático no fue abordado como un asunto transversal y el financiamiento climático se deja para tratarse dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).
 
Alrededor de 11,000 personas asistieron a la Conferencia, incluyendo 18 Jefes de Estado, ministros y representantes de gobierno, Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales, y cerca de 400 representantes de medios.
 
Se llevaron a cabo ocho plenarias y seis mesas redondas multi -actor sobre los temas: “alianza global y las tres dimensiones del desarrollo sustentable” y “asegurando coherencia política y ambientes propicios en todos los niveles para el desarrollo sustentable”. El Comité Principal que se formó durante la plenaria principal se reunió tres veces en sesiones cerradas, para finalizar el texto.
 
FfD3 tenía una fuerte carga, por el impacto que podrían tener en los resultados los otros dos grandes procesos de este año: la cumbre en septiembre en donde se adoptarán los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para los siguientes quince años, y la Conferencia sobre las Partes (COP21) en la que se adoptará el nuevo acuerdo internacional para hacer frente al cambio climático. La AAAA carece de ambición, de visión de largo plazo para alcanzar el desarrollo sustentable, y de voluntad política real para hacer frente al tema del financiamiento para el desarrollo de manera seria.
 

El jueves 16 de julio, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) junto otras organizaciones de la sociedad civil, realizó la presentación del documento “Actualización del mapeo de financiamiento climático en México 2014” en las instalaciones de Casa Lamm, ubicada en la Ciudad de México. Dicho trabajo fue elaborado con el apoyo de Zennström Philanthropies y la Latin American Regional Climate Iniciative (LARCI).

El documento presenta la actualización de los datos obtenidos para 2014 a escala nacional e internacional y busca informar sobre el financiamiento climático tanto a nivel local como global, así como verificar que los recursos tengan un uso equitativo y eficaz, con verdaderos impactos en la mitigación y/o adaptación al cambio climático.

Asimismo, se dio a conocer el re-lanzamiento del portal de financiamiento climático http://financiamientoclimatico.mx, donde se encuentra disponible el trabajo de diversas organizaciones relativo al análisis de las principales barreras y oportunidades de acción en materia de financiamiento para combatir el cambio climático en nuestro país.
Al evento se dieron cita Beatriz Bugeda, Directora General de Políticas para el Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); Jorge Villarreal, representante de LARCI; Xtabai Padilla, del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), así como Gabriela Niño y Ana Mendívil de CEMDA.

Gabriela Niño, Coordinadora de Política Pública del CEMDA y responsable de este proyecto, resaltó que, como se apunta en la presentación del documento, “el financiamiento es un pilar cada vez más importante en las negociaciones internacionales de cambio climático, ya que los países en desarrollo requieren recursos de los países desarrollados para implementar políticas climáticas nacionales que busquen mitigar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y adaptarse a los impactos adversos del fenómeno”.

Asimismo, apuntó que la arquitectura financiera de cambio climático se encuentra en constante evolución y aún es necesario superar varias barreras en materia de transparencia y uso eficaz y eficiente de los recursos para el cambio climático. Por ello, resaltó la importancia de esfuerzos como éste, que permitan hacer visible de qué forma se están distribuyendo y gastando las millonarias cantidades destinadas a combatir este fenómeno global, de forma que efectivamente se traduzcan en acciones para reducir las emisiones de GEI y los riesgos, sobre todo para la población en mayor condición de vulnerabilidad y pobreza.

Por su parte, Beatriz Bugeda señaló que el ejecutivo federal necesita otorgar más recursos públicos que permitan mejorar la calidad del aire y reducir la cantidad de emisiones contaminantes. Agregó que mapear estos recursos abona la transparencia, pues se le da seguimiento en la identificación de barreras y en la simplificación del acceso a la información, facilitando la estructuración del financiamiento climático y la generación de verdaderos impactos en el cambio climático, el medio ambiente y la sociedad.

Como parte de las actividades de difusión de las publicaciones realizadas en el marco del Programa EUROCLIMA, la Unidad de Cambio Climático de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos (DDSAH) de CEPAL organizó, el jueves 9 de julio,  la videoconferencia “Financiamiento para el cambio climático en América Latina en 2013”, con la participación de Joseluis Samaniego, Director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos (DDSAH) de CEPAL, y Heloísa Schneider, experta en Sustentabilidad y Cambio Climático e Investigadora de la DDSAH. 

El estudio presentado cuantifica el financiamiento relacionado al cambio climático en 2013, donde se incluyen créditos, donaciones y subsidios y sus mecanismos de aplicación. 

El documento desglosa los diferentes fondos climáticos, tanto públicos como privados dentro de la región y analiza aspectos metodológicos del financiamiento climático. 

La actual crisis civilizatoria además de hacernos reflexionar sobre nuestro papel como integrantes y ciudadanos del mundo, nos exige actuar, nos reclama que conozcamos nuestros contextos, nuestras realidades, nuestra verdadera naturaleza y nos desarrollemos conforme a ello, que nos humanicemos como lo que somos, seres vivos, seres de paso, seres respetuosos y realmente conscientes.
 
Ahora bien, por medio del presente Diplomado pretendemos contribuir a generar capacidades entre los miembros de la comunidad latinoamericana para la consolidación, mejoramiento e implementación del derecho ambiental como una de las principales herramientas para lograr el desarrollo sostenible de la región. 

En junio de 2012, en la Conferencia de Río + 20, los países de América Latina y el Caribe iniciaron el proceso para lograr un Convenio Regional que garantice el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental, derechos fundamentales para la protección de los recursos naturales y garantizar un desarrollo humano justo.

En mayo de 2015 durante la primera reunión del Comité de Negociación la CEPAL (Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y El Caribe) presentó el documento preliminar del Convenio y se acordó invitar al público a presentar a sus puntos focales nacionales gubernamentales o a la Secretaría, propuestas de texto relativas al preámbulo y a los artículos 1 a 10 del documento preliminar antes del 31 de agosto de 2015.

Las organizaciones integrantes de la Iniciativa de Acceso México como puntos focales de las OSC´s en México, invitamos cordialmente a comentar el Documento Base para la Negociación elaborado por CEPAL.

El pasado 1ro y de 2 Julio se llevó a cabo en Lyon, Francia la “Cumbre Mundial sobre Clima y Territorios” (World Summit Climate and Territories) con el objetivo de establecer compromisos comunes para combatir el cambio climático entre gobiernos sub-nacionales, locales y no estatales en preparación a la Conferencia de las Partes 21 (COP21) que se llevará a cabo en Diciembre en París.

Cincuenta organizaciones que representan a ciudades y territorios reconocieron en una Declaración que después de la COP21 el trabajo de implementación de los compromisos que los gobiernos nacionales acuerden será de su competencia, por lo tanto, acordaron reducir al año 2020 1.5 mil millones de toneladas de emisiones CO₂ para el 2020, enfatizando que sin un enfoque territorial nos será posible hacerle frente a los impactos del clima de manera eficiente.

La declaración destaca los siguientes puntos:

La lucha contra el cambio climático no puede lograrse sin un enfoque verdaderamente local y sub-nacional, que tenga en cuenta las realidades económicas, sociales, culturales y ambientales.

La creación de nuevos recursos financieros es una condición necesaria para el fortalecimiento de las capacidades locales y sub-nacionales, con miras a desarrollar una fuerte acción global para aumentar el número de acciones a nivel local y sub-nacional.

Los compromisos formulados en Lyon por redes internacionales de líderes, especialmente por los jefes de los gobiernos, alcaldes, primeros ministros, gobernadores o presidentes que han podido comprometerse en nombre de sus gobiernos, son una importante contribución a la elaboración de las soluciones para estabilizar el clima. Estos compromisos son colectivos no son teóricos. 

Christiana Figueres, Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) resaltó la importancia de las acciones y la ambición de los líderes de las ciudades, estados, regiones y territorios que asistieron a Lyon: expresó que “[…] en conjunto se está transformando el mundo. Cada paso que damos, todas las medidas individuales, cada proyecto contribuye a transformar, no sólo una jurisdicción, sino para transformar el mundo y conseguir que estemos listos para abrazar las oportunidades de un siglo XXI sostenible, saludable y próspero”.

La sociedad civil también participó en las discusiones a través de diez mesas de trabajo temáticas sobre: adaptación, economía baja en carbono y trabajo, planeación territorial, cooperación descentralizada y colaboración territorial, bosques, agricultura, movilidad y transportes, energía, financiamiento climático y educación. 

Los compromisos y las propuestas anunciadas en la Cumbre pasaron a la presidencia francesa de la COP21 y a los países parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). También se integrarán en otras fases de la movilización global de los actores territoriales.