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TRANSPARENCIA

A finales de enero Transparencia Internacional presentó el “Índice de Percepción de la Corrupción” a través del cual se muestra el mapa mundial de la corrupción mediante una escala de colores, en donde amarillo es “poco corrupto” hasta llegar a rojo de “bastante corrupto”. Entre los países, predomina el color naranja.

Enfocándonos en el continente americano, el color amarillo permea la parte de América del Norte, mientras que la gama naranja sobresale en América central. México se encuentra dentro de los colores calificados como “altamente corruptos”. Irónicamente, México encabeza la Clasificación Global del Derecho a la Información (Global Right to Information Rating), reconociendo a la Ley General de Transparencia como la mejor.

Si echamos un vistazo a las noticias de los últimos meses, podemos observar cómo los casos de impunidad y corrupción cada vez son más frecuentes, más difundidos y al mismo tiempo más descarados. México es un país donde los servidores sólo son públicos en el nombre: tenemos gobernadores que desvían fondos, clonan medicinas, y sus gastos no corresponden a su sueldo.

Por estas y otras razones, México, según los Índices de Percepción de la Corrupción, se ubicó tradicionalmente en el lugar 95, y en 2016 pasó al sitio 123, entre 176 países analizados. Es decir, durante 2016 los mexicanos consideramos que el gobierno era notoriamente más corrupto que el año anterior.

Una de las medidas para reducir, prevenir y castigar la impunidad y corrupción nacional fue crear el Sistema Nacional Anticorrupción, dentro del cual habrá un Comité de Participación Ciudadana. Dicho Comité se encargará de representar a la ciudadanía, así como de ser parte rectora del SNA; además estará conformado por ciudadanos que no ostenten un cargo público y estén dispuestos a trabajar por una cultura de legalidad y transparencia, que no tengan filiaciones políticas y no obtendrán una retribución económica por su trabajo.

Los integrantes de éste órgano serán Mariclaire Acosta Urquidi, Alfonso Hernández Valdez, José Octavio López Presa, Luis Manuel Pérez de Acha y Jacqueline Peschard Mariscal, quien será la Presidente del Comité durante el primer año de labores.

El Comité Ciudadano funcionará como un sistema de pesos y contra pesos dentro del SNA; será la voz de una población que exige legalidad, transparencia y honestidad por parte de los funcionarios públicos y de quien sea que viole las normas legales del país.

Se están tomando medidas para institucionalizar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, el cambio no pertenece a las instituciones o partidos de turno, sino a un trabajo en conjunto para alcanzar una sociedad honesta, que incluye a ciudadanos y a funcionarios públicos.

EDUCACIÓN

El pasado 18 de enero en el Colegio Americano de Monterrey se sucitó una tragedia: un alumno de 15 años utilizó un arma de fuego para disparar a tres de sus compañeros de clase y a la maestra; posteriormente, después de recargar la pistola se disparó a él mismo. De acuerdo con las investigaciones, el agresor había recibido tratamientos por depresión, por lo que el vocero de seguridad estatal, Aldo Fasci, señaló que podía ser una de las causas.

Además, en distintas declaraciones las autoridades mencionaron como causas del incidente la falta de educación en valores por parte de los padres de familia, así como la mala influencia que los niños y niñas reciben por medio de redes sociales e incluso los videojuegos que utilizan.

En respuesta a lo sucedido, en diferentes puntos del país se reforzó el operativo “Mochila segura”, el cual consiste en revisar las mochilas de los alumnos en escuelas de educación básica para asegurarse de que no traigan consigo objetos prohibidos: armas y drogas, por ejemplo. Aunque la primera vez que se utilizó este operativo fue en el 2001 en algunas delegaciones de la Ciudad de México, cada estado lo adecua a sus necesidades.

Desde hace tiempo existen algunas críticas a este tipo de medidas. Por una parte, en 2002 la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal lo calificó como un abuso a la privacidad de los niños y que más que ayudar, perjudica a la sociedad. Por otra parte, no existen datos sobre los resultados del programa y en los 10 años que lleva en operación, no se han comprobado sus bondades. Las medidas coercitivas no parecen solucionar el problema de violencia que hay en el fondo. En momentos de tragedia e indignación como este, surgen preguntas respecto a las medidas que las autoridades toman para preservar la seguridad en la sociedad.