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Boletín Informativo No. 59
febrero de 2017
Bienvenidos.
En esta ocasión en la editorial de Congreso, analizamos la desintegración del PRD en la Cámara Alta. En Elecciones, problematizamos con la figura de candidatos independientes de cara a los próximos procesos electorales. En Transparencia, señalamos la ambigüedad en el discurso de austeridad dentro de organismos gubernamentales. Por último, en Historia, retomamos algunos procesos históricos que permitieron consolidar el sufragio en México.
Compartimos también la entrevista realizada por Andrés Herrera y Raúl Abraham Castro al Dr. Luis Carlos Ugalde.
Esperamos que la presente edición sea de su interés. No dude en contactarnos y compartirnos sus comentarios en:
@CentroLujambio o al correo centrolujambio@itam.mx
Consejo Editorial.
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Desintegración del PRD en la Cámara Alta
La elección federal celebrada en 2012 definió la conformación que la Cámara de Senadores durante la LXII y LXIII Legislatura del Congreso de la Unión. Como sabemos, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) logró constituir una bancada de veintidós senadores; once por el principio de mayoría relativa, cinco por primera minoría y seis por representación proporcional. A cinco años de la elección y tras la renuncia de figuras centrales como Andrés Manuel López Obrador, Cuauhtémoc Cárdenas, Marcelo Ebrard o Alfonso Ramírez Cuéllar a su militancia partidista, el PRD presenta una nueva crisis dentro de la Cámara Alta. Recientemente, una avalancha de renuncias al partido deja al PRD con únicamente doce senadores registrados en sus filas.
Si bien son diez los senadores que han renunciado a su militancia, sólo Martha Tagle y Armando Ríos Piter se declararon independientes. Carlos Manuel Merino que se unió a la bancada del PT y Sofío Ramirez que se unió al PRI, abandonaron de manera definitiva al PRD Con ello, el grupo parlamentario del PRD contará con la presencia de 6 senadores que si bien ya no son militantes del partido, se mantendrán en su bancada.
Esto podría explicarse a que dichos senadores –entre los cuales se encuentran figuras importantes como Alejandro Encinas, Zoé Robledo o Mario Delgado– presiden diversas comisiones que, de abandonar sus bancadas, tendrían que abandonar. Miguel Barbosa, coordinador de los senadores perredistas declaró que “no le importaría que se fuera la militancia radical, mientras se quedara con los verdaderos perredistas”. La desintegración al interior del PRD continúa y es más severa de lo esperado.
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Noticias de Transparencia
Podría Congreso iniciar nuevo proceso para elegir Ombudsman. Ver más.
Diputados se reunirán con embajadores de AL por acciones de Trump. Ver más.
Luis Videgaray comparecerá ante diputados: JUCOPO. Ver más.
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El dilema de las candidaturas independientes
No es sorpresa que la figura de los candidatos independientes –introducida al marco normativo por medio de la reforma político-electoral del 2012– repercuta en el cálculo político de distintos actores. Los candidatos independientes se muestran como medios institucionales mediante los cuales ciudadanos –no miembros de partidos políticos– pueden participar en la contienda electoral. Dentro de la retórica política, han sido considerados como un mecanismo para empoderar al ciudadano, pues en teoría cualquiera puede competir si cumple ciertos requisitos establecidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE). No obstante, los requerimientos mínimos para poder participar son difíciles de cumplir y han detonado quejas en años pasados, sobre todo durante el periodo electoral en el 2015.
Requerimientos exhaustivos para el registro de candidatos independientes derivan en que posibilidades de participación restringidas a individuos que puedan financiar y construir una estructura en un periodo corto de tiempo. Esto traduce las asimetrías en el ingreso en oportunidades de incidencia directa en el poder político.
Además, otro punto débil y aún más visible, reside en la calidad de algunos participantes. Si bien la posibilidad de ser votado en una contienda electoral es algo deseable en una democracia, ello no implica que la designación y elección de candidatos con ciertos comportamientos, también lo sea. Un ejemplo es "Layín" y su reciente declaración respecto a su deseo de competir por la gubernatura de Nayarit.
Este fenómeno de la democracia está registrado incluso desde la Grecia clásica. Bajo el sistema democrático puro, se podrían elegir personas con poca ética, conocimiento y habilidades necesarias para ser un buen gobernante. No se debe confundir astucia con las características normativas de “buena política” y un correcto desempeño de los cargos públicos. La métrica usual de una democracia, refiere a las actividades en aras del "bien común": proyecto esbozado por Rousseau y retomado por Kant, quien alcanzó el cenit de su construcción teórica. La cuestión teórica fundamental, sin embargo, radica en lo estático de ciertos conceptos (v.gr. bien común). Por ello, es necesaria la continua reflexión sobre cómo mejorar la calidad democrática. En este plano, individuos que con retórica y cinismo se han proyectado en el espectro político de la opinión pública nacional, representan los desvíos –incluso peligros– en los que puede devenir una práctica política democrática sin restricciones. No es causa directa de los candidatos independientes, sino solamente un síntoma de un mal diseño institucional respecto la conformación operativa de la contienda político-electoral.
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Austeridad ficticia y amenazas no creíbles
El inició de 2017 se caracterizó por incertidumbre económica, descontento con el Gobierno Federal y malestar a nivel social. Ya sea por convicción o por la precaria situación de las finanzas públicas, la nueva bandera de los funcionarios de gobierno y de diferentes organizaciones es la de la austeridad pública. Partidos políticos, gobiernos estatales y diferentes dependencias no pierden la oportunidad para demostrar una disminución del gasto público; sin embargo, los datos demuestran lo contrario.
Un ejemplo de la insistencia discursiva sobre la austeridad en el gasto público es la reciente declaración de la Secretaría de Hacienda. En ella se estableció que, a pesar de un aumento de los gastos en 2016, estos fueron producto de una inyección a PEMEX, la CFE y el nuevo aeropuerto de la CDMX con el fin de evitar el desgaste financiero. Parece que todo el gasto fue en verdad una inversión financiera que, al no ser considerado, se traduce en que el gasto público se redujo en un 3.7%. En la misma declaración se afirma una reducción del 10% en servicios a la burocracia, así como la cancelación de miles de plazas de funcionarios públicos. La información a nivel general parece abstracta y poco clara, pero al analizar cuestiones particulares, es comprensible la turbia situación en la que el gobierno mexicano se encuentra con respecto a la opinión pública.
Uno de los casos distintivos de este año es el aumento del gasto del Senado en un 56%, del cual el rubro de “servicios personales” es el que cuenta con mayores fondos. Dicho porcentaje contradice las declaraciones de austeridad gubernamental y refleja un aumento del presupuesto de asesores, sueldos de servidores públicos, sindicalizados, obra pública, ayudas y subsidios. Por si fuera poco, el presupuesto de miles de millones del que gozará el Senado en el 2017 es un recurso meramente manejado por el coordinador parlamentario hacia nóminas y subvenciones. El Senado no es el único organismo que presenta este comportamiento; los poderes legislativos de las entidades federativas no se quedan atrás en cuanto a derroche de recursos.
Las cuentas estatales dan a conocer un ejercicio del gasto en donde las ampliaciones presupuestarias no son proporcionales a las actividades de estos órganos públicos. La falta de transparencia del poder legislativo alarma con estas cifras y deja mucho que desear sobre las razones de dichos gastos. La ausencia de contabilidad financiera responsable sólo incrementa la falta de credibilidad de las instituciones mexicanas e imposibilita que los mexicanos sientan un ajuste del cinturón a nivel nacional. Los golpes al erario público han sido reconocidos y contrarrestados por organismos responsables de auditorías, quienes abren una ventana de oportunidad a la rendición de cuentas de estas ilegalidades.
En este sentido, existe ambivalencia en cuanto a los resultados de la lucha en contra de la corrupción. Por un lado, dependencias de la Secretaría de la Función Pública (SFP) han recuperado, en los últimos cuatro años, más de 5 millones de pesos gracias a la acción conjunta con la información pública de la SFP. Por el otro, a pesar de que la revisión del ejercicio público ha aumentado un 74% en los últimos siete años, la falta de un castigo eficiente convierte todos los esfuerzos en una amenaza no creíble. La Auditoría Superior de la Federación ha presentado más de 600 denuncias penales en los últimos cuatro años y, asimismo, se critica la falta de respuesta por parte de la PGR debido a la demanda de trabajo que ello necesitaría.
No todo recae en las auditorías o proyectos de rendición de cuentas. Sea bien intencionada o no la iniciativa de austeridad del gobierno, la disciplina financiera debería ser construida desde adentro para velar por una reconstrucción de la confianza de la ciudadanía con el sector público.
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Noticias de Transparencia
Ante negativas de entregar de información presenta el INAI 74 denuncias. Ver más.
El combate a la corrupción es tema de seguridad nacional: Peschard. Ver más.
Senado, sin acuerdo sobre candidatos a fiscal anticorrupción. Ver más.
Bancos buscan certificarse en protección de datos personales. Ver mas.
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El sufragio en México
El voto es la herramienta más poderosa de representación del ciudadano en una democracia. Retomemos los procesos históricos que legaron el ejercicio del voto en México:
El día 6 de febrero de 1917 Venustiano Carranza promulgó la Ley Electoral que introduce el sufragio efectivo y la no reelección. A partir de los antecedentes inmediatos del Porfiriato, esta ley pretendía devolver el poder de elección a la ciudadanía. Madero, desde principios del siglo XX, buscó impulsar al sufragio pues lo consideraba un mecanismo invaluable. La ley del '17 estableció el proceso por el cual cada ciudadano debía ejercer el voto; desde la división del territorio en secciones y padrones electorales hasta las limitaciones de los representantes de partidos e integrantes de la Mesa durante la votación y el conteo. Uno de los temas más controversiales en el desarrollo de este proceso, fue la posibilidad de establecer un sufragio limitado a aquellos ciudadanos que supieran leer y escribir. Debido al alto nivel de analfabetismo que existía en el país, se creía que el voto limitado serviría como incentivo para la alfabetización de la población. Sin embargo, dado el creciente descontento de los sectores más desfavorecidos por la falta de representación política, se optó por la universalidad del voto y, a la par, los niveles de analfabetismo serían combatidos por la vía educativa.
En un principio, esta reforma se limitó a dar poder de elección únicamente a los ciudadanos hombres. Años después, en aras de una mayor inclusión, la publicación de la reforma al artículo 115 de la Constitución el 17 de febrero de 1947, otorgó el derecho de las mujeres a votar en elecciones municipales. A pesar de ser una concesión limitada al derecho de elección, significó un gran avance en la vida tanto política como social de nuestra nación.
Así, a lo largo de los años el voto ha servido como mecanismo de defensa y evaluación política para la ciudadanía. Con ello, se ha otorgado el poder de elección de un futuro y un proyecto de nación a los ciudadanos mexicanos. Hoy en día, la importancia del voto es vigente, pero se debe avanzar hacia la construcción de canales institucionales que permitan demostrar descontento social a la vez que inciden de manera más eficiente en la elaboración de política pública.
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ENTREVISTA AL DR. LUIS CARLOS UGALDE
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Se cumplen 25 años de la transformación de la carrera de Ciencias Sociales a Ciencia Política en el ITAM. Los invitamos a estar pendientes de las actividades que se realicen a lo largo del año.
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