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Boletín Informativo No. 54
diciembre de 2016
Bienvenidos.
En esta ocasión en la editorial de Congreso, a partir de la vergonzosa comparecencia del Secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava, profundizamos en la falta de competencias técnicas y preparación académica de muchos nombramientos políticos. En Elecciones, realizamos una reflexión entorno a las elecciones extraordinarias de Zacatecas y Omitlán. En Transparencia, problematizamos en torno a la Fiscalía General de la República y el actual Procurador, Raúl Cervantes Andrade. Por último, en nuestra editorial de Historia, a pocos días de la muerte de Fidel Castro, realizamos un breve recuento de la relación que tuvo con México.
Esperamos que la presente edición sea de su interés. No dude en contactarnos y compartirnos sus comentarios en:
@CentroLujambio o al correo centrolujambio@itam.mx
Consejo Editorial.
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La comparecencia del Secretario de Desarrollo Social (SEDESOL), Luis Miranda Nava, ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, revela una situación preocupante para el gobierno mexicano: no se están otorgando las titularidades de los distintos aparatos públicos a quienes pueden ofrecer el mejor desempeño. Con la comparecencia de Miranda Nava queda más que claro que esta administración no tiene límites en cuanto a hacer el ridículo se refiere.
Más allá de títulos universitarios o posgrados, en muchas ocasiones, algunos Secretarios de Estado, directores, subsecretarios, etcétera, ni siquiera experiencia en el área tienen. Nos encontramos ante un grave problema que ha prevalecido en México por muchos años: la insuficiencia del conocimiento técnico para dirigir una Secretaría de Estado (cualquiera de ellas), lo cual lleva a una descalificación del gobierno, y el problema de ética que nos muestra lo lejos que estamos de una meritocracia.
Los videos que han circulado en las redes sociales en donde Miranda Nava trata de hablar acerca de la esperanza de vida en la Ciudad de México y otros estados, muestran que el Secretario no tiene ningún tipo de bagaje lingüístico o experiencia discursiva en temas demográficos. Con dicha demostración, se puede inferir que es muy poco probable que Nava tenga conocimientos y conceptos claros técnicos y/o estadísticos, en ésta y muchas otras áreas que son vitales para el desarrollo social. Esta situación, además de exhibir la falta de criterio para designar cargos, ocasiona que se tenga una descalificación hacia el gobierno, y en este caso, una descalificación a priori hacia la SEDESOL. Y para cerrar con broche de oro, después de la excelente demostración de ignorancia del Secretario, Miranda Nava arremete contra la diputada Araceli Damián haciendo un comentario vulgar y de mal gusto, sólo porque ella previamente le señaló una verdad: el hecho de que el Secretario debía ponerse a estudiar.
Por otra parte, México sufre de un problema de ética gubernamental. Es normal que en ocasiones, se esté en desacuerdo con el plan nacional que propone un gobierno; las causas o motivos pueden ser variados: ya sea porque hay mejores alternativas, o porque se poseen estudios que demuestran que el plan elegido no va a funcionar, o alguna otra razón. Pero lo que no debería ocurrir, es que quienes están en desacuerdo tengan como motivo que quien fue designado para proponer y llevar a cabo las políticas públicas sea totalmente incapaz en el ramo.
Lo correcto es que quienes son designados como titulares de las dependencias sean expertos en el área; que todos los ciuidadanos estemos seguros de que al final, aunque cada quien posea diferentes opniones y puntos de vista, podemos confiar en la capacidad de nuestros funcionarios para entender los problemas que se tienen que atacar y cómo hacerlo. Pero en México, lejos de tener procesos meritocráticos en el gobierno, tenemos una tradición heredada en la que se utilizan los puestos gubernamentales como pagos para favores políticos. Desafortunadamente, no hubieron verdaderas consecuencias por la agresión de Miranda Nava contra la diputada, y mucho menos por exhibir su incapacidad para el cargo. El Secretario Miranda Nava recurrió al puente de impunidad favorito del sexenio: pedir perdón.
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Elecciones extraordinarias en Zacatecas y Omitlán: reflejo de avance en justicia electoral.
El próximo domingo 4 de diciembre se efectuarán las elecciones extraordinarias correspondientes en Zacatecas y Omitlán. Las justificaciones para respaldar dicho evento inusual son claras. En el caso de Zacatecas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló la elección pasada establecida el 5 de junio debido a irregularidades en la campaña de Solead Lúevano Cantú, candidata de MORENA. Concretamente, el PRI impugnó su triunfo debido a presuntos actos anticipados de campaña y por su parte, la Sala Regional fue tajante en su decisión de anular la elección. Es importante resaltar que participarán los siete candidatos que estuvieron en la elección ordinaria. El único partido que no registró candidato fue MORENA, ya que, en un acto esperado, consideran que el registro simbolizaría darle la razón a la autoridad electoral y la impugnación efectuada por parte del PRI.
Por otro lado, en Omitlán, Hidalgo, el TEPJF anuló las elecciones debido a que se habían utilizados símbolos religiosos en la campaña. Dicho acto está totalmente prohibido por la ley dado que afecta la esencia laica de las elecciones. Se trata de un municipio pequeño en el que se instalarán 14 casillas para que poco más de 6 mil ciudadanos puedan votar.
¿Qué reflexión nos deja las elecciones extraordinarias en Zacatecas y Omitlán? Claramente podemos presenciar un avance significativo en materia de justicia electoral. Siguiendo los estatutos legales, los actos de anticipación en la campaña de Zacatecas y la utilización de símbolos religiosos en Omitlán, son actos totalmente prohibidos y condenados por la ley. La práctica del establecimiento de justicia electoral en dichos eventos nos brinda una imagen positiva en legitimidad y fortaleza del INE y TEPJF. Dichos valores positivos muestran un puente fructífero entre ambas instituciones y un avance en materia de justicia electoral que sobresale de manera positiva en el contexto político mexicano actual.
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Desde mayo del 2015, fecha en la que se promulgó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), han existido debates alrededor de las leyes secundarias que se han aprobado en esta materia. Uno de ellos es la discusión entorno a la elección del Fiscal General.
La Fiscalía General de la República, como órgano constitucional autónomo, reforzará la división clásica de poderes ejecutivo, legislativo y judicial al sustituir a la actual Procuraduría General de la República. Es decir, las acciones relacionadas con la acusación e investigación del delito ya no serán competencia del gobierno. Existen 32 candidatos para el cargo. Una posible opción es el actual Procurador General Raúl Cervantes Andrade. Ello, de acuerdo al artículo 16 transitorio de la reforma político-electoral de 2014.
Ante esta posible opción surgen muchas líneas discursivas: al ser un órgano autónomo, ¿Hasta qué punto el Congreso debe intervenir en su composición? ¿Deben los partidos políticos proponer candidatos? En caso de ser así, ¿cuáles serían los incentivos a investigar casos de corrupción de los candidatos partidistas? ¿Cómo se va a elegir el Fiscal General? Lo siguiente a tomar en cuenta es el proceso mediante el cual se elegirá al próximo fiscal. La ruta de acción más adecuada, y sobre todo más razonable dadas las condiciones políticas actuales, sería que se llevara a cabo a través de un proceso público y transparente para todos los ciudadanos: que la sociedad civil no considerada actualmente pueda participar y no sólo funja como receptor; y sobre todo, que los perfiles que se discutan no tengan afiliaciones ni tratos con partidos políticos.
El proceso de elección no es del todo claro. El poder legislativo tiene la responsabilidad de crear una vía de acción que garantice autonomía de la nueva Fiscalía. Ante tal zozobra, la sociedad civil se ha manifestado a favor de un proceso transparente, al igual que partidos políticos como el PAN, que pide “la creación al interior de la Fiscalía General de la República de una nueva figura llamada “inspectoría general” que tendría la capacidad de “reconvenir” al fiscal general y además, que el cargo de fiscal general dure siete años y no nueve y que los fiscales anticorrupción y el de Delitos Electorales (Fepade) duren un mínimo de cinco años”.
Por otro lado, el PRD propone “un nuevo mecanismo para el proceso de nombramiento de los titulares de las fiscalías especializadas bajo un esquema de “amplia auscultación ciudadana” y mediante el voto calificado del Senado de la República”. A pesar de las discrepancias que pueden surgir entre las peticiones políticas de los partidos y las esperanzas de la sociedad civil, ambos sectores se unieron ante el rechazo del nombramiento de Raúl Cervantes como Fiscal General.
¿Por qué surge el descontento ante Raúl Cervantes? En primer lugar, Cervantes Andrade fungía como abogado del PRI cuando se acusó al ahora presidente Enrique Peña Nieto de comprar votos con el famoso caso MONEX. Al haber sido parte fundamental de la defensa del Presidente de la República debería descartarse inmediatamente su posible candidatura a Fiscal General del órgano encargado de la investigación, prevención y sanción en casos de corrupción. Es ilógico que se pretendan combatir las prácticas ilícitas del gobierno en todos sus niveles cuando el principal garante de la legalidad responde a intereses partidarios.
Al haber 32 candidatos al cargo, los parámetros de elección se deben revisar con ahínco, se debe escuchar y tomar en cuenta a la sociedad civil y sobre todo se debe garantizar que el próximo Fiscal General no tendrá incentivos a colaborar con los partidos políticos ni el gobierno en casos de corrupción. Es posible que el Congreso responda ante las peticiones mencionadas, ya que el proceso para la elección del cargo se llevará a cabo en el próximo periodo legislativo, que iniciará en febrero del 2017.
Sobre la importancia de este tema, un grupo de 66 personalidades de la academia, intelectuales y representantes de la sociedad civil entre otros perfiles destacados, firmaron el desplegado "Impunidad Cero" por el que instaron al Congreso y al presidente de la República a ser cuidadosos en el proceso de transformación de la PGR en la Fiscalía General de la República.
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“Si salgo, llego; si llego, entro; si entro, triunfo”. El 25 de noviembre de 1956 partió del puerto de Tuxpan, Veracruz, el yate Granma, llevando dentro de sí a los 81 revolucionarios cubanos que más tarde llevarían a cabo el derrocamiento del régimen de Fulgencio Batista. Por coincidencia o intención, ese mismo día, 60 años después, falleció Fidel Castro, líder de la revolución en Cuba.
A pesar de su lejanía y poco trato con el país mexicano, Fidel tuvo una relación única y especial con México, por lo que este país llegó a significar mucho en su vocación de revolucionario. Tras ser exiliados de Cuba por el gobierno de Batista, Fidel, junto con otros compañeros revolucionarios, encontraron en México un refugio temporal capaz de otorgarles el tiempo necesario para planear su siguiente estrategia. Llegaron a tierra mexicana en 1955, y bajo el hospedaje de otros cubanos afines a los motivos de la revolución, llevaron a cabo la planeación del golpe al gobierno de Batista. Es ahí donde conocieron y entrenaron a sus mejores aliados en el movimiento y donde lograron planear a detalle el sueño iniciado desde el ataque al Cuartel Moncada: la liberación de su país.
Pocos fueron los mexicanos que lograron interactuar de manera profunda y sostenida con el revolucionario. Dentro de ellos resaltan Antonio del Conde, apodado por el mismo Castro como “el Cuate”. Del Conde fue el responsable de conseguir el yate Granma para que Castro pudiera regresar a Cuba, ésto tras la constante presión del gobierno mexicano.
En un bote con una capacidad estimada máxima de 20 personas lograron entrar 82 hombres con miras a regresar a su país para hacer el bien. Entre ellos, se encontraban el propio Fidel Castro, su hermano Raúl, Ernesto “Che” Guevara, Ramiro Valdés, Juan Manuel Márquez, Juan Almeida, Camilo Cienfuegos y Faustino Pérez. Así, en la madrugada del domingo 25 de noviembre de 1956, el yate Granma zarpó hacia el Golfo. Las anécdotas cuentan que el desembarque fue seguido de cantos del Himno Nacional de Cuba y gritos al son de ¡Viva la Revolución! y ¡Abajo la dictadura! de un grupo de idealistas realizados al regresar a su nación.
Después de tantos años, la imagen de Castro resulta aún emblemática, sin embargo, no se puede separar su figura de la importancia histórica de sus actos. Tras la revolución y al subir al poder en Cuba el 1 de enero de 1959, los conflictos y tensiones internacionales le siguieron el resto de sus días, al igual que las veneraciones y aclamaciones de más de uno de sus seguidores que ahora se despiden.
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Pronto se cumplirán 25 años de la transformación de la carrera de Ciencias Sociales a Ciencia Política en el ITAM. Los invitamos a estar pendientes de las actividades que se realicen a lo largo del año.
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