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Contrastes en la forma de hacer política
Dos hitos producidos al terminar el año permiten contrastar distintos modelos de hacer política pública en educación. Nos referimos, por una parte, a la tramitación con suma urgencia de un proyecto de ley con el que el gobierno busca corregir algunos de los problemas que provocó la Ley de Inclusión y, por otra, la puesta en marcha del Sistema de Aseguramiento de la Calidad.
El primer modelo es el de la ley que prohíbe el lucro, el copago y la selección, conocida como la Ley de Inclusión. Esta norma, innecesariamente complicada y confusa, pobremente diseñada desde el origen, sin consenso político y finalmente rechazada por la ciudadanía; comenzó su implementación de manera bastante accidentada. Ha habido poca información al público respecto de la situación de los colegios, por lo que la magnitud del cierre de establecimientos particulares subvencionados (o su transformación a particular pagados) no es clara. A esto se suma que el Ministerio de Educación ha sido poco hábil en mostrar los supuestos beneficios de esta ley, profundizando la sensación de abandono del sistema escolar. Todo se agrava cuando la iniciativa que busca reparar los defectos de la Ley de Inclusión tiene el ilustrativo título de ley “… para permitir el adecuado funcionamiento del sistema escolar”. Confesión de partes.
Otro modelo corresponde a la Ley de Aseguramiento de la Calidad. Recientemente, el Ministerio de Educación decidió impulsar la puesta en marcha de la postergada clasificación de los establecimientos educacionales, pieza calve del sistema, que estaba lista para implementarse desde 2014 y cuya publicación quedó pendiente. Esta norma fue aprobada en 2011 transversalmente tras un largo debate legislativo. Su foco es orientar a los colegios hacia la mejora, mediante una rendición de cuentas de mediana intensidad y un apoyo focalizado en los que más lo requieren. Se apoya en una institucionalidad moderna y de carácter técnico, la Agencia de Calidad de la Educación, con un adecuado sistema de pesos y contrapesos con el Consejo Nacional de Educación. Además, apunta a entregar apoyo e información a todos los establecimientos educacionales, no solo los municipales.
Ahora que las prioridades ideológicas del gobierno se han cumplido y al menos algunos de los problemas de implementación (no los de fondo) de la Ley de Inclusión se están arreglando, es ideal que durante el 2017 nos concentremos en la segunda forma de hacer política pública en educación. Lo anterior cobra particular relevancia en la discusión pendiente sobre educación superior.
Por otra parte, en este boletín compartimos la columna de Raúl Figueroa y Daniel Rodríguez sobre cómo el sistema de educación superior, a pesar de todas las críticas que ha recibido durante años, ha seguido avanzando, funcionando y beneficiando a cientos de miles de jóvenes. Además, les dejamos una entrevista donde se aborda la caída de los liceos emblemáticos en el ranking PSU.
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Columna en El Mercurio: “Y sin embargo, se mueve”
"Quienes vemos en la educación un gran motor de movilidad social consideramos que ampliar el acceso a ella es un deber ineludible, restringir carreras y vacantes es contrario a ese propósito, y sería interesante que quienes insisten en ello se manifiesten. En efecto, las restricciones en la cobertura afectan en mayor medida a los jóvenes de menores ingresos".
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[VIDEO] Entrevista a Raúl Figueroa en CNN Chile por caída de liceos emblemáticos en ranking PSU
"La conclusión que hay que sacar es que los actos tienen consecuencias y ha habido un abandono del espíritu de los liceos emblemáticos de parte de los estudiantes, de los sostenedores municipales y un mal clima político, del cual vemos sus resultados", sostuvo el director ejecutivo.
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