Boletín N°47 Acción Educar: Los alcances de la demanda de la UC

Hace algunos días se conoció la demanda civil que la Pontificia Universidad Católica interpuso contra el Estado de Chile por el incumplimiento de la ley que lo obliga a otorgar anualmente un aporte fiscal indirecto (AFI) a las instituciones de educación superior que matriculen a los 27.500 mejores puntajes de la PSU.

Como en cualquier otro juicio, los resultados de la demanda son inciertos. Con todo, la innegable ilegalidad en que incurrió el Estado al suprimir una asignación que por ley está obligado a dar le otorga al demandante buenas posibilidades de éxito. Cabe mencionar que la voluntaria omisión del Ejecutivo respecto del AFI en la ley de presupuestos es de tal gravedad, que constituye una causal expresa de acusación constitucional en contra de un ministro de Estado por dejar las leyes sin ejecución (Art. 52, nº2, letra b, de la Constitución).

Pero más allá de los resultados, este juicio tiene una serie de implicancias dignas de analizar. En primer lugar, implica judicializar la reforma a la educación superior, con lo que se le agrega una nueva dificultad a su ya complicada tramitación y se ve más difícil su aprobación. En segundo término, representa el evidente quiebre dentro del Consejo de Rectores entre las universidades del Estado y las privadas que lo componen, las cuales llevan mucho tiempo criticando el trato preferente que las primeras reciben por considerarlo injustificado y discriminatorio (una muestra de aquello fue que el G9 se restó de la reunión del CRUCh realizada en Arica). Tercero, ratifica la infinita capacidad del Ministerio de Educación para generarse problemas fácilmente evitables, enfrascándose en una discusión judicial con una de las instituciones de mayor prestigio en el país y con serias posibilidades de salir derrotado.

Por último, esta demanda es también una señal del error que cometió la Universidad Católica al adherir a la política de gratuidad conociendo sus efectos negativos. Desde sus inicios esta universidad fue crítica del diseño de la gratuidad, pero no obstante ello, aceptó ingresar al sistema señalando que podría influir de mejor forma en su perfeccionamiento. Ha pasado el tiempo y el diseño de la gratuidad no ha cambiado, mientras el déficit que ha generado a la universidad alcanza los 1.700 millones de pesos y se incrementará con la pérdida del AFI. El juicio que se inicia no hace más que demostrar que la pretendida capacidad de influir ha sido nula.

Compartimos en este boletín dos columnas. La primera de Raúl Figueroa que deja en evidencia la necesidad de renunciar a la gratuidad universal, y la segunda de Daniel Rodríguez en la que expone que los resultados de la PSU reflejan los problemas y conflictos que tiene nuestro sistema educacional.