Ante la injusticia que permea el país, nuestro rol como sociedad civil está en no decaer continuando en la defensa de derechos humanos. 

El texto corresponde a una entrevista dirigida a Elaine Gómez, coordinadora regional en el Estado Táchira de Un Mundo Sin Mordaza, organización dedicada a defensa de la Libertad de Expresión en Venezuela. 

En Táchira, al occidente de Venezuela, estamos en un proceso de flexibilización de la cuarentena: 7 días de la semana podemos salir y los siguientes 7 días son de cuarentena total. Además, en estos momentos de cuarentena, estar en casa genera mucho estrés, especialmente porque muchos han perdido su trabajo.  

Del Covid-19 no se sabe mucho. La desinformación va en incremento debido a las fallas en el servicio de electricidad que pueden durar hasta 3 días; el cierre de empresas proveedoras de servicios de señal de  internet y televisión, como Direct TV, quien el 19 de mayo de 2020 cesó sus operaciones en el país afectando a 2.052.407 suscriptores, de los cuales, muchos provenían de las zonas más aisladas del país; así, por el amordazamiento de los medios de comunicación por parte del régimen, quien los utiliza para hacer constantes señalamientos contra las organizaciones sociales con el fin de desarticularnos. 

A esto se suman los problemas en los servicios públicos en Táchira. Por ejemplo, solo tenemos acceso al agua cada dos días y, desde hace dos meses, no llega el gas, lo que ha obligado a diversas personas a cocinar con leña. Adicionalmente, debido a la ineficiencia en el sistema de salud, se ha llegado al punto en que cada familiar o paciente debe llevar insumos para su cuidado, como lo es el algodón o el alcohol. Igualmente, tenemos cortes diarios hasta de 12 horas que afectan nuestro trabajo en la defensa de derechos humanos, al imposibilitarnos continuar con nuestros proyectos, actividades y acompañamientos a distancia. 

La educación no muestra un panorama más alentador. Actualmente, el Gobierno ha ignorado esta materia para concentrarse especialmente en temas de salud. Esto ha conllevado a que un gran número de jóvenes deserten o migren fuera del país buscando mejores oportunidades educativas, o, incluso laborales, debido a las precarias condiciones de las instituciones educativas. Por otra parte, muchos estudiantes no cuentan con luz, Internet o medios económicos para adquirir materiales necesarios para garantizar su asistencia a clases durante estos momentos. 

Ante la injusticia que permea el país, donde las denuncias contra el régimen terminan siendo papel de reciclaje, nuestro rol como Sociedad Civil está en no decaer continuando en la defensa de derechos humanos, la visibilización y denuncia de las situaciones que nos están afectando, además, de acompañar a las poblaciones más vulnerables durante la pandemia. Debemos dar cuenta de lo que pasa en Venezuela y que su régimen, tiene el doble de problemas a raíz de la situación actual.