La detención arbitraria de al menos 51 periodistas y trabajadores de la comunicación en 2018 cuando ejercían su trabajo de informar, especialmente sobre temas relacionados a la crisis de derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales que sufren las personas en Venezuela, indica una creciente represión de la libertad de expresión en el país. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.

“Periodistas venezolanos y extranjeros son castigados por su trabajo periodístico legítimo de informar y denunciar. Por lo general, les son arrebatados y robados sus equipos, les obligan a borrar el material recolectado y los constriñen a no seguir trabajando. Las autoridades deben detener estos ataques y garantizar que los periodistas sean libres de llevar a cabo su labor sin temor a represalias o acoso”, dijo Marcos Gómez, director de Amnistía Internacional Venezuela.

Desde enero a noviembre de 2018, 42 profesionales venezolanos de la prensa y 9 extranjeros fueron detenidos, entre ellos 8 mujeres y 43 hombres. Entre los periodistas extranjeros detenidos arbitrariamente se encuentra el alemán Billy Six, quien fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en el estado Falcón por encontrarse realizando un documental sobre la migración de venezolanos y la crisis en el país. Leer más

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó que el cese de la versión impresa del diario El Nacional de Venezuela "es una regresión más a la libertad de prensa con un régimen que sigue destruyendo los derechos de sus ciudadanos, el país y la democracia".

La presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez, se solidarizó en nombre de la organización "con El Nacional, su presidente editor Miguel Henrique Otero, y con todos los periodistas y trabajadores, quienes sufren este nuevo y grave atentado".

"Esta situación es una regresión más a la libertad de prensa con un régimen que sigue destruyendo los derechos de sus ciudadanos, el país y la democracia", dijo Domínguez, directora del diario El País de Cali, Colombia.

Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, agregó que "esta grave noticia para la libertad de prensa no es más que la evolución de la censura que venimos remarcando desde hace décadas y en la que el gobierno utiliza todos los mecanismos a su alcance para asfixiar y atacar las expresiones independientes". Leer más

En una pared negra está el dibujo hecho en tiza de un joven sentado en una celda, tiene puesto un uniforme amarillo y la mirada apunta hacia una rejilla. Esta es la primera obra que recibe a quienes visitan el primer Museo de Derechos Humanos en Venezuela. Su autor es Gabriel Valles, quien estuvo detenido en las cárceles de La Tumba y El Helicoide durante cuatro años y la titula Abajo Cadenas. La celda del muchacho es el mapa de Venezuela que, según el excarcelado, representa el deseo de libertad de todos los venezolanos, no solo el de los presos políticos. 

“Este es el primer registro histórico de presos políticos y caídos en el país. Los visitantes sentirán en cada estación lo que sienten las familias de quienes han perdido a sus hijos y los familiares de los presos, quienes han sido torturados con tratos crueles e inhumanos”, dijo la esposa del preso político Leopoldo López, Lilian Tintori. La inauguración de este espacio se realizó en el día en que se celebraron los 70 años de la Declaración de los Derechos Humanos por las Naciones Unidas.

Además de Tintori, distintas organizaciones como la Coalición por la Democracia y los Derechos Humanos, Acción por la Libertad y Justicia Encuentro y Perdón, participaron en la instalación de este lugar. La siguiente estación a la obra de Valles se denomina Cuadernos Urgentes, allí se muestran los dibujos que los excarcelados Daniel Ceballos, Alexander Tirado, Betty Grossi, Sergio Contreras y Lepoldo López realizaron tras las rejas. Leer más

Lo extraordinario se ha vuelto rutina: Los venezolanos están en “modo” supervivencia: sin agua, sin luz, sin alimentos, sin medicamentos, sin vestido, sin empleo. Un nivel de vida adecuado dejó de ser una posibilidad para muchos. Hace 70 años se firmaba en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Resultó proclamada y adoptada por 56 Estados miembros de la ONU, entre ellos Venezuela.

El reconocimiento a la dignidad humana quedó recogido en 30 artículos que tienen como centro la libertad, la justicia y la paz.

El artículo 25, referido al derecho a un nivel de vida adecuado, en Venezuela ha quedado sepultado. El deterioro de los derechos económicos, sociales y políticos es una muestra de las restricciones y limitaciones que los venezolanos enfrentan día a día en busca de la subsistencia.

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”, refiere el artículo 25 de la declaración. Leer más

La eurodiputada liberal española, Beatriz Becerra (Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa), impulsó este lunes, 10 de diciembre, una iniciativa firmada por otros 24 miembros de la Eurocámara en la que exige la “inmediata liberación” del diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Carlos Requesens Martínez.

Becerra, vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo (PE), añadió en su comunicado de prensa que “todos” los representantes parlamentarios tienen la obligación de “solidarizarse y exigir su inmediata liberación, así como la de todos los presos políticos“.

La iniciativa “repudia” la violación de la inmunidad parlamentaria del diputado venezolano y señala que este fue “detenido de forma ilegal, torturado y privado de todos sus derechos por un régimen dictatorial que ha suprimido cualquier garantía jurídica”.

El llamamiento coincide con el 70 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, lo que según Becerra es “más significativo” tras la concesión hace un año del Premio Sájarov de Derechos Humanos del PE a la oposición y los presos políticos de Venezuela. Leer más

La muerte de presos políticos bajo la custodia de los funcionarios es algo propio de este Gobierno de Nicolás Maduro, ya que el primer caso conocido públicamente data del año 2015 con la muerte de Rodolfo González.

González, quien era piloto de la aviación civil venezolana, se habría ahorcado en su celda el 13 de marzo del 2015 tras estar detenido desde el año 2014 por su presunta vinculación con las protestas de ese año. Tenía 63 años.

El abogado de González declaró que se habría suicidado tras enterarse de que sería llevado a una cárcel común.

Dos años después, el 17 de septiembre del año 2017, el concejal Carlos Andrés Garcíade Apure murió producto de un ACV que sufrió estando detenido en la sede del Sebin. Lo detuvieron y luego le habrían negado la asistencia médica en un primer momento. Leer más