Número 116 - Madrid, 20 de mayo de 2022

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Es viernes y este es el número 116 de Nexo Europa, la newsletter semanal de actualidad y análisis de asuntos europeos. Gran parte de la agenda ha estado dominada por el veto de Turquía al inicio de las conversaciones con Finlandia y Suecia para su ingreso en la OTAN, pero también han ocurrido cosas en el flanco de la UE: por ejemplo, la Comisión Europea ha detallado su plan para independizar a Europa de la energía rusa. Spoiler: no va a ser barato. 

Esta semana les escribo desde Madrid. Me van a permitir que sea breve, y cualquiera que lea estas líneas desde Bruselas sabrá perdonarme. 
 

El precio de Erdogan

Turquía ha bloqueado el primer paso para que Finlandia y Suecia sean miembros de la OTAN. Ambos países presentaron su petición para ingresar en la organización el pasado miércoles al secretario general Jens Stoltenberg, tras lo que se produjo una reunión a nivel de embajadores en la que el enviado turco anunció su veto a la apertura de conversaciones. Al menos por el momento. 

Nadie duda de que Ankara no pretende bloquear por completo ambas candidaturas. Recep Tayyip Erdogan, presidente turco, tiene un precio. Y la cuestión ahora es descubrir cuál es e intentar desencallar la situación tan pronto como sea posible para que ambos socios estén presentes en la cumbre de Madrid ya como invitados de la Alianza. Tras ese primer bloqueo se han producido intensas conversaciones entre diplomáticos y líderes con el objetivo de encontrar un terreno común. 

Por ejemplo el mismo miércoles Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de EEUU, y Antony Blinken, secretario de Estado, mantuvieron reuniones con sus homólogos turcos. Por otro lado la primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson, así como el presidente finlandés Sauli Niinistö, se han reunido este jueves con Joe Biden en la Casa Blanca, un encuentro en el que la cuestión del veto turco estuvo presente. 

¿Cuáles son las reclamaciones de Turquía? Erdogan quiere aprovechar la oportunidad que tiene delante, porque no siempre uno tiene el poder de negociación que le otorga la unanimidad (lo saben bien en el seno de la Unión Europea). Por eso el Gobierno turco deja claro que tiene un precio. ¿Cuál es?

Por un lado están las cuestiones relacionadas con los kurdos. Ankara acusa a Finlandia, y sobre todo a Suecia, de connivencia con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que no solamente Turquía considera un grupo terrorista: también lo hacen ambos países, así como toda la Unión Europea y Estados Unidos. Además, el Gobierno turco también acusa a los dos de dar acogida a los opositores del movimiento liderado por el clérigo Fetullah Gülen, al que Erdogan acusa de estar tras el golpe de Estado de 2016. Turquía quiere, o al menos eso dice, que las personas que reclama a Helsinki y Estocolmo, una treintena, sean entregadas. “¿No nos devolverán a los terroristas, pero nos piden ser miembros de la OTAN?”, se ha quejado el presidente.

Pero el problema turco va un poco más allá y se extiende también al otro lado de la frontera con Siria. Ankara señala directamente a Suecia y le acusa de tener relación con las Unidades de Protección Popular (YPG) presentes en el norte de Siria y que desde el inicio de la guerra civil fueron fundamentales en la lucha contra el ISIS. En 2019 Turquía invadió el norte del país y eso llevó a un choque con las YPG que provocó fuertes tensiones, porque las unidades contaban con apoyo de una alianza liderada por EEUU y en la que también participaba Suecia. Esa invasión generó muchos nervios en la OTAN por temor a que Turquía pudiera argüir que había sido atacada e invocara el artículo 5 de la Alianza. En todo caso, tanto Suecia como Finlandia mantienen todavía hoy un embargo de venta de armas a Ankara, que no es relevante en términos reales pero sí molesto a nivel político. 

Luego está la cuestión más directamente relacionada con la OTAN y la relación con el resto de socios, y que puede ser otro ámbito de negociación por parte de Turquía. También en 2019 Ankara adquirió un sistema antiaéreo ruso, el S-400, que provocó que EEUU impusiera sanciones y también que fuera excluido del programa de desarrollo de los F-35. 

Nadie cree que Turquía vaya a bloquear el proceso, pero tampoco nadie desea que haya demasiado ruido. Los próximos días serán importantes para determinar cómo de caro va a resultar desbloquear el proceso. Y no hay demasiado tiempo si se quieren mantener las formas: la cumbre de Madrid se celebran los próximos 29 y 30 de junio. 

• Recorte de previsiones: la Comisión Europea ha publicado esta semana sus previsiones de primavera y ha aplicado un recorte generalizado. A nivel de la UE y la Eurozona la previsión de crecimiento pasa del 4% al 2,7% para 2022. En el caso de la economía española Bruselas recorta del 5,6% al 4% la previsión para 2022, y del 4,4% al 3,4% en 2023. España es, además, el país que más tarde va a recuperar el PIB previo a la pandemia: ya no lo hará hasta mediados de 2023, según los técnicos comunitarios. Y eso que es el cuarto Estado miembro que más crecerá en este curso, por detrás solamente de Portugal (5,8%), Irlanda (5,4%) y Malta (4,2%). Bruselas advierte de la “alta incertidumbre” que existe por delante y por eso ha preparado una serie de modelos en los que hubiera unos precios de la energía todavía más altos o incluso un corte total del suministro de gas de Rusia. “En este último escenario, más severo, las tasas de crecimiento del PIB estarían en torno a 2,5 y 1 punto porcentual por debajo del escenario base previsto en 2022 y 2023, respectivamente, mientras que la inflación aumentaría en 3 puntos porcentuales en 2022 y en más de 1 punto porcentual en 2023, por encima del proyección de referencia”, señala el Ejecutivo comunitario. Podéis ampliar información aquí.
   
• Reglas fiscales: según adelantó el Financial Times, el colegio de comisarios de esta semana expresó el acuerdo en prorrogar la suspensión de las reglas fiscales también durante 2023. Como recordarán, la cláusula general de escape fue activada en 2020 para hacer frente a los efectos de la pandemia. Se suponía que debía finalizar en 2023, lo que significaba la vuelta de las reglas fiscales en la Unión. Pero eso no ocurrirá, como ya sugirió hace tiempo la propia Comisión Europea: la guerra en Ucrania y la lucha contra la escala de los precios es la justificación para mantener la suspensión. En principio está previsto que Bruselas anuncie su propuesta a principios de la semana que viene, y debería ser aprobado por los ministros de Finanzas de la Unión Europea. 
   
• Parte ucraniano: no hay novedades en el frente de la negociación del sexto paquete de sanciones contra Rusia, el que incluye una prohibición paulatina de la importación al petróleo ruso y que por ahora está siendo vetado por Hungría. Pero la Comisión Europea ha anunciado esta semana una propuesta para aprobar el envío de 9.000 millones de euros más en ayuda macrofinanciera a Kiev, que se suma a los algo más de 4.000 millones que ya ha aportado la UE. Además, Bruselas ha señalado que debería empezar a trabajarse en un modelo de apoyo a Ucrania para su reconstrucción, y propone que la Comisión Europea esté a los mandos de la coordinación junto al Gobierno ucraniano. Así, el Ejecutivo comunitario señala que para eso debería adoptarse un fondo de apoyo que, quizás, podría necesitar alimentarse con la emisión de deuda conjunta por parte de la UE, siguiendo así el modelo del Fondo de Recuperación contra el coronavirus. 
   
• Una factura de 210.000 millones: la Comisión Europea ha presentado esta semana los detalles de su plan ‘REPowerEU’ (alguien debería darle otra vuelta al tema de los nombres) para lograr la desconexión de la energía rusa en los próximos años. Y la factura da para infarto: los expertos de la Comisión calculan que costará unos 210.000 millones de euros hasta 2027. ¿Cómo pretende conseguirlo? Ya lo hemos explicado varias veces aquí, pero lo repetimos: por un lado con ahorro de consumo, por el otro con una inversión masiva en energías limpias, y por último con una búsqueda de suministros alternativos y la inversión necesaria en infraestructura. A todos esos costes hay que sumar algo de lo que muchos se olvidan: la UE tiene el objetivo de reducir sus emisiones un 55% a finales de la década. En Bruselas saben que el esfuerzo será enorme, pero aseguran que merecerá la pena. Cada año la UE se ahorrará unos 80.000 millones de euros en gastos de importación de gas, 12.000 millones euros en gastos de importación de petróleo y 1.700 millones de euros en gastos de importación de carbón. Para conseguir esto la Comisión propone distintas medidas, como cambiar los objetivos de cara a 2030, de manera que se pase del 40% al 45% el objetivo de energías renovables, simplificando por ejemplo los procesos para el desarrollo de proyectos de energías verdes, y la eficiencia energética del 9% al 13% antes de que termine la década. Podéis ampliar información aquí. 
   
• Borne a los mandos: el presidente francés Emmanuel Macron ha escogido a Élisabeth Borne, hasta ahora ministra de Trabajo bajo el Gobierno de Jean Castex y que antes de ingresar en las filas macronistas había pertenecido al Partido Socialista, como nueva primera ministra de Francia. Se trata de un guiño del presidente a los votantes de izquierdas de cara a las elecciones legislativas de junio y es la primera mujer en ocupar el cargo en tres décadas. Borne es un perfil técnico, discreto, pero con el que Macron espera poder luchar contra la desconexión que existe entre su discurso y el de los votantes más escorados a la izquierda. Lo que intenta el presidente es rescatar algunos de los votos que pueden ir a parar al bloque izquierdista liderado por el populista Jean-Luc Mélenchon, que ha logrado que verdes, comunistas y socialistas acudan a las legislativas bajo la batuta de su Francia Insumisa. Y Mélenchon no ha tardado en criticar duramente a la nueva primera ministra. “Élisabeth Borne encarna la continuidad de la política del presidente. Es una de las figuras más duras del maltrato social macronista”, ha asegurado. 
   
• Malas noticias para Scholz: hablamos la semana pasada sobre los importantes comicios que los socialdemócratas afrontaban el último fin de semana en Renania del Norte-Westfalia, un estado clave y el más poblado de Alemania. La prueba para el partido del canciller Olaf Scholz no podría haber salido peor, con una dolorosa derrota en una región disputada con la conservadora CDU, que obtuvo el 35% de los votos, revalidando la victoria de 2017. El SPD se quedó en el 28%, tres puntos menos que en los anteriores comicios. La popularidad de Scholz ha caído mucho durante los compases iniciales de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania al ser considerado por muchos como demasiado dubitativo, aunque el líder socialdemócrata ha provocado un cambio de 180 grados en la política del SPD hacia Moscú y hacia la política de seguridad y defensa. En las últimas encuestas a nivel nacional la CDU ya ocupa un sólido primer puesto y Los Verdes disputan el segundo lugar a los socialdemócratas. 
   
• El Nokia de Rutte: el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, ha admitido esta semana que durante años ha estado eliminando mensajes de texto de su teléfono móvil antes de entregarle los otros mensajes a los servicios gubernamentales que tienen la obligación de archivarlos. El periódico holandés De Volkskrant ha sido el que ha dado la información, que descubrió al solicitar información al archivo de transparencia sobre las acciones de Rutte durante las primeras etapas de la pandemia. El archivo solamente tiene 49 mensajes del primer ministro en relación con el coronavirus entre finales de 2019 y junio de 2020, la etapa inicial de la pandemia. El parlamento holandés ha celebrado esta semana un debate sobre el asunto y Rutte ha defendido su decisión, explicando que contaba con un Nokia antiguo sin mucha memoria que le obligaba a eliminar mensajes de forma permanente. Aunque la crisis probablemente no vaya más allá, a pesar de que se presentó una moción de censura por parte de la extrema derecha, lo cierto es que el primer ministro empieza a acumular algunos problemas políticos y de popularidad, aunque revalidó su cargo recientemente después de las elecciones de 2021. 
   
• Irlanda del Norte: prepárense porque van a tener que leer bastante sobre Irlanda del Norte en las próximas semanas. En los últimos días Liz Truss, ministra de Asuntos Exteriores del Reino Unido, ha confirmado que el país adoptará nuevas leyes para sustituir el Protocolo de Irlanda, una pieza clave del acuerdo del Brexit que permitió una salida ordenada de Londres de la Unión Europea. Truss defiende que el Protocolo, que es fundamental para que no haya una frontera entre Irlanda del Norte (provincia británica) y la República de Irlanda (Estado miembro de la Unión Europea) está violando el Acuerdo de Viernes Santo de 1998 que puso fin a la violencia en la isla, a pesar de que precisamente uno de sus principales pilares de dicho acuerdo es que no exista frontera, algo que solamente se garantiza, hoy por hoy, con el Protocolo. Las quejas del Reino Unido llegan por los papeleos y trabas burocráticas que afrontan los empresarios que quieren llevar mercancías de Gran Bretaña al Ulster, porque precisamente para que no haya frontera en la isla de Irlanda se dejó a Belfast en el mismo espacio regulatorio que Dublín, lo que obliga a hacer los controles antes de que esos bienes lleguen a Irlanda del Norte. Truss asegura que Londres no está violando el derecho internacional, a pesar de que un cambio unilateral a través de legislación nacional va en contra del artículo 4 del Acuerdo del Brexit. Maros Sefcovic, vicepresidente de la Comisión Europea a cargo de las negociaciones, ha alertado a Londres de que la UE usará todas las medidas a su disposición para responder al Reino Unido si sigue adelante con su amenaza, y ha recordado a Downing Street que Bruselas ofreció una flexibilización en la aplicación del Protocolo que Londres rechazó explorar a fondo. Entre las medidas al alcance de la Comisión estaría proponer por ejemplo la imposición de aranceles o incluso la suspensión o extinción del acuerdo comercial con el Reino Unido. Muchos creen que Londres va de farol y solamente busca obtener concesiones de Bruselas, pero lo cierto es que, en ese caso, el Gobierno británico está jugando con el fantasma del Brexit sin acuerdo en diferido. 
   
• Sin verificar: la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha anunciado esta semana que se ha completado el proceso de verificación de 49 eurodiputados que han entrado desde principios de 2020 en la institución (una parte sustituyendo a otros miembros, y la otra ocupando los escaños de los eurodiputados británicos salientes por el Brexit). En esa lista en todo caso faltaban cuatro nombres: Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, de Junts, así como Jordi Solé, eurodiputado de ERC, siendo los tres primeros huidos de la justicia española. Aunque cada caso es diferente los cuatro tienen algo en común: ninguno pasó por la Junta Electoral Central (JEC) de Madrid, algo que la legislación nacional considera fundamental para dar por completado el proceso. El TJUE, en una sentencia en diciembre de 2019 sobre el caso de Oriol Junqueras, determinó que no es necesario ningún trámite adicional para ser eurodiputado más allá de la elección como tal, eliminando el requisito de pasar por la JEC para ocupar el escaño. Pero el Parlamento Europeo considera que eso es una cosa, y otra completar el proceso de verificación (que sirve para comprobar si existen incompatibilidades con otros cargos, por ejemplo). Según ha explicado Adrián Vázquez, eurodiputado de Ciudadanos y presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara, ahora la presidenta de la institución preguntará a la JEC qué hacer y la Junta podría decir, a la luz de la legislación española, que el escaño debería declararse vacante. Pero la última palabra la tendría Metsola, que podría optar por ignorar esa medida amparándose en la sentencia del TJUE de 2019, o podría llegar a preguntar al alto tribunal de Luxemburgo cómo proceder. También podría hacer caso a la JEC, pero en ese escenario el Parlamento Europeo podría exponerse a un nuevo revés por parte del TJUE como ya ocurrió hace tres años, y en la cúpula de la institución no hay ningún apetito por encontrarse de nuevo en esa situación. 
   
• Mensaje balcánico: este lunes los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión se reunieron en Bruselas con sus homólogos de los Balcanes Occidentales. Al finalizar la reunión Josep Borrell, Alto Representante de la Unión para Política Exterior y de Seguridad, fue claro en su mensaje: la UE tiene que empezar a avanzar con algunos de los socios balcánicos, algunos de los cuales, además, ven con impotencia cómo los Veintisiete tienden la mano a Ucrania mientras sus procesos se encuentran paralizados o sin abrir. A finales de la semana el nuevo y proeuropeo primer ministro de Montenegro, Dritan Abazovic, ha visitado Bruselas para reunirse con Von der Leyen y, por su parte, Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, se ha trasladado a Serbia (que, como saben, es un socio delicado) y también a Albania y a Bosnia y Herzegovina.