• En enero de 2022, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) notificó su Opinión 67/2021, en la que determinó que Hugo Martínez Gorostieta fue detenido arbitrariamente y en donde recomendó al Gobierno de México su inmediata libertad.
• El Estado mexicano tenía un  plazo de seis meses a partir de su notificación, para informar sobre las acciones puntuales que ha realizado para garantizar la restitución de los derechos de Hugo Martínez Gorostieta. Dicho plazo ya expiró, sin avances sustanciales.
• Vemos con preocupación que la Coordinación de Asuntos Internacionales de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación no ha convocado a una sola reunión de trabajo entre las autoridades responsables y las víctimas, y a la fecha no existe un plan de trabajo para liberar y reparar a Hugo.

Ciudad de México, a 26 de julio de 2022. En 2008, Hugo Martínez Gorostieta fue detenido arbitrariamente por agentes de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, quienes lo torturaron para extraer una confesión incriminatoria por un delito que no cometió. Por estos hechos, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) de Naciones Unidas emitió la Opinión 67/2021, en donde encontró que la detención de Hugo es violatoria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y recomendó al Gobierno de México ponerlo en inmediata libertad.

Para dar seguimiento a las recomendaciones formuladas en la Opinión, el GTDA solicitó al Estado mexicano que, dentro de seis meses, proporcionara la información sobre las medidas que se han adoptado y, en particular, informar si se ha puesto en libertad a Hugo Martínez Gorostieta; si se le han concedido medidas de reparación; si se ha investigado la violación de sus derechos; o, si se han aprobado enmiendas legislativas o cambios en las prácticas mexicanas para armonizarlas con sus obligaciones internacionales de derechos humanos.  
 

Desde la CMDPDH vemos con preocupación que dicho plazo de seis meses expiró la semana pasada, sin que el Estado hubiese adoptado acciones sustantivas para siquiera fijar una ruta para el cumplimiento de la decisión del GTDA. Hugo Martínez Gorostieta continúa injustamente privado de la libertad, cumpliendo una pena centenaria; no se le han concedido medidas de reparación; y, las investigaciones sobre la violación a sus derechos se encuentran paralizadas. Esta situación evidencia la penosa y reiterada contradicción que existe entre el discurso de compromiso con los derechos humanos que México presume en los foros multilaterales, y la ausencia absoluta de esfuerzos serios para cumplir con las recomendaciones internacionales en sede interna.
 

Tras la emisión de la Opinión 67/2021, la CMDPDH presentó diversas solicitudes a la Coordinación de Asuntos Internacionales de Derechos Humanos (CAIDH) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). A pesar de que esta Coordinación se comprometió a convocar a una reunión entre las víctimas y las autoridades responsables a más tardar el 6 de julio de 2022, esto no sucedió. Ante la inacción de la CAIDH, la CMDPDH se acercó directamente ante las diversas autoridades responsables a solicitar reuniones de trabajo. En ese sentido, reconocemos la voluntad y apertura de la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ambas de la Ciudad de México, así como del Consejo de la Judicatura Federal para recibir a las víctimas y entablar un diálogo productivo para impulsar el cumplimiento de la decisión de Naciones Unidas.
 

Nos preocupa, particularmente, que la la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y su Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CJSL) hayan negado la solicitud de reunión formulada por la CMDPDH, bajo el argumento de que la SEGOB es la entidad gubernamental encargada de coordinar el cumplimiento de la Opinión, pues ante la falta de convocatoria por parte de la Coordinación de Asuntos Internacionales de SEGOB y la negativa de reunión de la CJSL y la Jefa de Gobierno, la víctima se enfrenta ante una denegación absoluta de alternativas para recuperar su libertad.
 

Si bien la CMDPDH celebra la publicación de la Opinión 67/2021 en el Diario Oficial de la Federación, también hacemos un enérgico llamado a la SEGOB a redoblar esfuerzos para convocar, en un plazo razonable, a una reunión de trabajo en los términos ya acordados. Asimismo, hacemos un llamado a que las siguientes autoridades respondan y concedan la solicitud de reunión formulada por esta CMDPDH: la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el Poder Judicial de la Ciudad de México, la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a Secretaría de Relaciones Exteriores, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia y la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración (ambas de la SEGOB).
 

El señor Martínez Gorostieta ha agotado ya todos los recursos posibles para revertir su condena. Hoy, la única posibilidad que tiene para recuperar su libertad descansa en la voluntad política del poder ejecutivo, tanto local como federal. Llamamos a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, y al titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Néstor Vargas Solano, a conceder un indulto al señor Hugo Martínez Gorostieta.
 

Contacto 
Eva Patricia Avilés Gómez 
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