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La ONU ahora quiere saber quiénes son, dónde están, cómo actúan y hasta qué argumentos usan los políticos, líderes, comunidades religiosas y organizaciones ciudadanas opuestas a la ideología de género, así como de los gobiernos que no quieren ceder a la agenda político-ideológica LGBT. Esos actores profamilia pasarán a estar en la mira del sistema ONU.
Un 'experto independiente' prepara para la oficina de Alto Comisionado en Derechos Humanos un informe donde se hará un mapeo de quienes cuestionan "la validez de una amplia gama de orientaciones sexuales e identidades de género". De allí saldrá una especie de lista negra. Las libertades de conciencia y de expresión garantizadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos están en riesgo.
El encargado del informe - que será presentado en Ginebra entre junio y julio - es Víctor Madrigal-Borloz, un abogado costarricense miembro fundador de la Asociación Costarricense de Derecho Internacional (ACODI), que opera como despacho jurídico de causas LGBT. O sea, un activista. La oficina a cargo de Michelle Bachellet está preocupada con la creciente oposición a la agenda de género en los organismos multilaterales. Es una reacción, entre otras cosas, a la Declaración de Ginebra y a los descalabros que ha recibido en la OEA.
La diputada española Georgina Trias, de Vox, ironizando valientemente la iniciativa lanzó el hashtag #YoQuieroEstarEnLaLista ¿Y usted?
Por si fuera poco, la ONU también ha dejado su huella en un incidente reciente en México, donde parece que se quiere ensayar un nuevo modus operandi para impulsar la agenda del aborto. En el sureño estado de Quintana Roo, en México, un grupo radical de feministas - pequeño, pero bien entrenado - tomó las instalaciones del Congreso del Estado y montó un campamento, paralizando su funcionamiento, con la exigencia de que los parlamentarios despenalizaran el aborto bajo libre demanda hasta la semana 12 de gestación.
Las autoridades locales intentaron desalojarlas - cortando los servicios de agua y luz - hasta que intervino la ONU, a través de su Oficina para los Derechos Humanos en México y, junto con el gobierno federal, les dieron la categoría de "defensoras de los derechos de las mujeres y las niñas". La ONU respaldó la toma de la sede del Poder Legislativo y el chantaje a sus miembros. ¿No vulnera esto la soberanía del país?
Con este amparo, las extremistas consiguieron un "acuerdo": discutir, elaborar un dictamen y votar dos iniciativas de ley abortistas en menos de 15 días. La ONU en México publicó una nota de beneplácito. La fecha límite para cumplir el acuerdo era el 24 de febrero. Resultado: un impasse. La constitución del Estado blinda el derecho a la vida desde la concepción. Para modificarla necesitan los votos de 17 de los 25 diputados; y no los tienen aún. Los diputados a favor del aborto quisieron aprobar la despenalización a través de una ley secundaria, que requería mayoría simple, sin modificar la constitución. Para impedir tal aberración jurídica 4 diputados valientes rompieron el quorum y se suspendió la sesión.
El congreso sigue tomado por la "horda verde" y aún no hay fecha para una nueva votación. Independientemente del resultado final, ¿estamos ante un nuevo modelo con el que los extremistas presionarán los parlamentos con el beneplácito de las oficinas locales de la ONU? ¿No se debilita así el Estado de derecho?
A continuación, le dejamos el enlace para estas y otras informaciones relevantes. Y en anexo le enviamos la transcripción del excelente discurso en el Congreso de España de la diputada Lourdes Méndez Monasterio, miembro de la Political Network for Values, rechazando en nombre del grupo parlamentario VOX, la iniciativa de Ley del aborto de Unidas Podemos.
Un fuerte abrazo y buen fin de semana.
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