El pasado 24 de agosto, a pocos días de cumplir el plazo de “prisión preventiva”, los ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), Walter Gómez y Marcos Fletes, y la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, primeros detenidos en esta nueva oleada de detenciones que inició en mayo, fueron presentados sin sus abogados y acusados en una audiencia preliminar.

Por otra parte, el 26 de agosto, en la víspera de la audiencia convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) para la revisión de las medidas provisionales de los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, el empresario José Adán Aguerri, y las activistas opositoras Tamara Dávila y Violeta Granera; el Ministerio Público acusó a todas las personas beneficiarias de estas medidas por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal. El politólogo Manuel Orozco, el precandidato presidencial Arturo Cruz y exvicecanciller, José Pallais también fueron acusados.

El 27 de agosto, el Ministerio Público acusó a Ana Margarita Vijil y Dora María Téllez, dirigentes de Unamos (antiguo MRS), por ser presuntas autoras del delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”. El día 30 de agosto el Ministerio Público acusó a Luis Rivas Anduray, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco y Suyen Barahona por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua. 

Cabe destacar que hasta el 31 de agosto se permitieron las primeras visitas de los familiares a personas presas políticas ya acusadas, a excepción de Cristiana Chamorro, quien se encuentra bajo arresto domiciliar. Hasta esa fecha, todas las personas detenidas se consideraban en situación de desaparición forzosa, ya que las autoridades no habían informado sobre su paradero, y sus familias y representantes legales no habían podido visitarlas.

La cifra real asciende a más de 140 personas presas políticas, ya que existen detenciones más recientes, como la del dirigente político de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, Alex Hernández, el pasado 24 de agosto.
 
Ni el Ministerio Público ni la Policía Nacional emitieron un comunicado público sobre la detención de Hernández, quien estuvo desaparecido por diez días, hasta que sus familiares pudieron constatar que se encuentra en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial o “El nuevo Chipote”.

El Estado de Nicaragua, incumpliendo sus compromisos internacionales de derechos humanos, no se hizo presente en la audiencia de revisión del cumplimiento de las medidas provisionales a favor de Violeta Granera, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri y Daysi Tamara Dávila, realizada el pasado 27 de agosto. Las y los familiares de las cinco personas prisioneras políticas beneficiarias, Raza e Igualdad y otras organizaciones defensoras de derechos humanos  expusieron la situación de desaparición forzada de estas personas y demandaron la liberación inmediata de todas las personas presas por motivos políticos.

Al 30 de agosto, la CIDH ha otorgado medidas cautelares a favor de Cristiana Chamorro y ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios, el líder campesino Freddy Navas y el líder estudiantil Lesther Alemán, el precandidato presidencial Miguel Mora, la periodista Georgina Vargas, el pre candidato presidencial Arturo Cruz, el ex Vicepresidente de FUNIDES Luis Rivas y la dirigente de UNAMOS Ana Margarita Vijil, entre otras personas detenidas arbitrariamente. 

En julio de 2021, la Asamblea Nacional dominada por el partido de gobierno, concretó la cancelación de 24 asociaciones civiles. La mayoría de estas son asociaciones médicas que se han expresado respecto del manejo inadecuado de la pandemia del Covid-19 en el país, como la Unidad Médica Nicaragüense y el Centro de Estudios y Promoción Social (CEPS) - que fue allanado una hora después de dicha cancelación.

En agosto, la Asamblea Nacional continuó con el despojo de la personalidad jurídica de 15 asociaciones civiles que tenían muchos años de trabajo en pro de los derechos de las mujeres, los derechos humanos y el desarrollo en zonas rurales y urbanas del país: el Instituto Nicaragüense de Investigación y Educación Popular, la Asociación Soya de Nicaragua, Acción Médica Cristiana, Asociación Colectivo de Mujeres de Matagalpa, Asociación Instituto Centroamericano de Integración Social, Asociación Centro de Estudios para la Gobernabilidad y Democracia, Federación de Organismos No Gubernamentales de Nicaragua, Fundación Diakonía Nicaragua, Fundación Entre Volcanes, y Federación Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local, entre otras.

El total de organizaciones canceladas en el período reportado asciende a 39 organizaciones no gubernamentales en menos de dos meses. 

Según los decretos aprobados por la Asamblea Nacional, no habían reportado los estados financieros de varios años con sus desgloses detallados, y tampoco habían presentado los convenios con sus donantes, entre otras razones que "constituyen causales suficientes para proceder a la cancelación de la personalidad jurídica" de esas ONG; sin embargo, fuentes de las organizaciones declararon que “llevaban sus documentos y el Ministerio de Gobernación siempre alegaba que no podían recibirlos, porque el expediente estaba en digitalización”.

El periodismo nicaragüense resiste ante las represalias judiciales en el marco del caso en contra de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro y las personas ex trabajadoras de la extinta Fundación Violeta B. de Chamorro (FVBCH). El periodista Julio López del programa radial “Onda Local”,  Octavio Enríquez de “Confidencial”, Sergio Marín de “La Mesa Redonda” y Patricia Orozco del portal digital “Agenda Propia”, son parte de las y los 25 periodistas (aproximadamente) que decidieron exiliarse para resguardar sus vidas, tras ser citados por el Ministerio Público y amenazados con la aplicación de Ley Especial de Ciberdelitos, comúnmente conocida como “Ley Mordaza”. 

El pasado 30 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de la periodista independiente de la Costa Caribe Norte de Nicaragua, Georgina Roxana Vargas Clarens. En su resolución, la CIDH requiere al Estado de Nicaragua adoptar medidas para proteger los derechos de la periodista, y ordena al Estado que adopte todas las medidas necesarias para que “pueda desarrollar sus actividades como periodista independiente sin ser objeto de actos de violencia, amenazas, hostigamiento o intimidación en el ejercicio de sus labores”.

Al día 25 de agosto de 2021, el Observatorio Ciudadano Covid-19 reporta 22,086 casos de Covid y 4002 muertes sospechosas de Covid, de las cuales 609 eran personas ubicadas en la zona Caribe de Nicaragua. 

Entre el 19 y el 25 de agosto se reportaron 97 nuevos fallecimientos a nivel nacional. En cambio, la estadística oficial del Ministerio de Salud solamente refleja un total de 11,167 contagios y 199 muertes por Covid.

A pesar de que ambas fuentes coinciden en que existe un significativo repunte de casos en el país, el Gobierno continúa convocando a actividades que constituyen aglomeraciones. En esta ocasión los festejos son en honor al bicentenario de la Independencia de Nicaragua, el próximo 15 de septiembre.

La Fundación del Río y el Gobierno de Mujeres Mayangnas reportaron una masacre ejecutada por “colonos” en el cerro Kiwakumbaih del territorio Mayangna Sauni As - Roca del diablo, en lengua mayangna – ocurrida en el Caribe Norte de Nicaragua, la noche del 23 de agosto de 2021. 

En un principio, se había informado sobre 13 personas muertas, sin embargo, posteriormente el número de víctimas mortales se elevó a 18 indígenas Mayagna y Miskitu, incluyendo a mujeres y niños. 

Los colonos invadieron la zona, torturaron a la población, violaron a mujeres, llevaron a cabo asesinatos con armas de fuego y machetes, y posteriormente dejaron los cuerpos colgados en un árbol. 

Una comunitaria que fue capturada temporalmente, fue testigo de la masacre y presenció el asesinato de su esposo y sus dos yernos. Luego la soltaron y la dejaron con un mensaje: “Ningún mayangna debe venir aquí porque serán asesinados”

Al comparar la cantidad de víctimas de este ataque y la cantidad total de víctimas fatales de la violencia en el contexto de las invasiones de los colonos del año 2020, que fueron 18 y 13 víctimas respectivamente, se evidencia el lamentable recrudecimiento de la violencia contra los pueblos indígenas en Nicaragua

El próximo 13 de septiembre, la Alta Comisionada de Naciones Unidas Michelle Bachelet realizará la segunda actualización oral sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, en concordancia con la Resolución 46/2, aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2021. 

En su actualización anterior, realizada el 22 de junio, Bachelet expresó su preocupación por el acelerado deterioro de la situación de derechos humanos del país, que “aleja la posibilidad de que los y las nicaragüenses puedan ejercer plenamente sus derechos políticos en las elecciones del 7 de noviembre”.

Además, instó al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a considerar con urgencia "todas las medidas a su alcance para fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua. Ello incluye la rendición de cuentas por las graves violaciones cometidas desde abril de 2018."
 
Tras dicha actualización, Raza e Igualdad y otras 12 organizaciones defensoras de derechos humanos realizaron el primer marco de evaluación de la resolución 46/2 a través del cual reafirmaron que el Estado de Nicaragua no ha tomado acciones para implementar dicha resolución y ha emprendido acciones contrarias a las recomendaciones de la ONU.  

Le invitamos a unirse a nuestros esfuerzos para monitorear la implementación de las recomendaciones de la Resolución 46/2 y continuar denunciando las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua usando los hashtags #SOSNicaragua y #NicaraguaEnLaONU.

The control of Nicaragua’s executive branch over the administration of justice is on full display as November’s general elections approach. The National Police, the Public Ministry, and the judicial branch have all played key roles in carrying out arbitrary detentions and prosecutions against opposition figures, human rights defenders, women’s rights activists, journalists, and private sector leaders.
 
On August 24, shortly before they were scheduled to finish their pre-trial detention periods, presidential hopeful Cristiana Chamorro and former employees of the Violeta Barrios de Chamorro Foundation (FVBCH) Walter Gómez and Marcos Fletes were all brought before a judge and presented with formal charges. This hearing was held without their defense lawyers present.
 
On August 26, shortly before a hearing called by the Inter-American Court of Human Rights (IACtHR) to discuss the provisional measures it had previously granted to the presidential pre candidates Juan Sebastián Chamorro and Félix Maradiaga, the businessman José Adán Aguerri, and the opposition activists Tamara Dávila and Violeta Granera, the Public Ministry accused them all of ‘conspiring against national integrity’ under Articles 410 and 412 of the Penal Code. The political commentator Manuel Orozco, presidential hopeful Arturo Cruz, and former Vice-Foreign Minister José Pallais were also charged.
 
On August 27, Ana Margarita Vijil and Dora María Téllez, leaders of the political party Unamos, were also accused of alleged ‘conspiracy against national integrity.’ On August 30, Luis Rivas Anduray, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco, and Suyen Barahona were all charged with the same offense.
 
Until August 31, when these detainees’ family members were allowed to visit them for the first time since their arrests, all of these prisoners (except for Cristiana Chamorro, who is under house arrest) had been under conditions of enforced disappearance, with authorities refusing to give information about their whereabouts or permitting their families and lawyers to visit them.

As of August 12, the Mechanism for the Recognition of Political Prisoners reported that 139 Nicaraguans had been deprived of liberty for political reasons since the crisis of April 2018. Further recent detentions, such as the arrest of the opposition group Blue and White National Unity’s political director Alex Hernández on August 24, bring this total to over 140. Neither the Public Ministry nor the National Police released any official communication of Hernández’s detention. He was disappeared for ten days after his arrest until his family were able to confirm that he was being held at “El nuevo Chipote” prison.

The State of Nicaragua, in a failure to fulfill its international obligations, was absent from the IACtHR’s August 27 hearing on the provisional measures granted to Violeta Granera, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, and Daysi Tamara Dávila. Family members of the five detainees, who are represented before the Inter-American human rights system by Race and Equality and other international organizations, spoke at the hearing about the enforced disappearances of these beneficiaries and demanded the immediate release of all political prisoners.
 
On August 30, the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) granted precautionary measures for Cristiana Chamorro, former employees of the Violeta Barrios de Chamorro Foundation (FVBCH), the campesino leader Freddy Navas, student leader Lesther Alemán, presidential candidates Miguel Mora and Arturo Cruz, journalist Georgina Vargas, former Vice President of the Nicaraguan Foundation for Economic and Social Development Luis Rivas, and Unamos leader Ana Margarita Vijil, among others.

In July 2021, the National Assembly, controlled by the ruling FSLN (Sandinista) party, cancelled the legal registration of 24 non-governmental organizations. The majority of these organizations were groups of doctors and other medical workers who objected to the government’s response to COVID-19, such as the Nicaraguan Medical Unit and the Center for Social Studies and Promotion (CEPS), which also suffered a police raid hours after the decision.
 
In August, the National Assembly de-listed 15 more organizations, including several prominent groups with years of work in favor of development and women’s rights. The Nicaraguan Institute of Popular Research and Education, the Soya Association of Nicaragua, Christian Medical Action, the Matagalpa Women’s Collective, the Central American Institute for Social Integration, the Governance and Democracy Studies Center, the Nicaraguan Federation of NGOs, the Daikonía Foundation, the Entre Volcanes Foundation, and the Nicaraguan Network for Democracy and Local Development, among other groups, all saw their legal status revoked. In total, 39 organizations have suffered this fate in less than two months.
 
According to the National Assembly’s official announcement of these cancellations, the organizations in question had failed to submit proper financial paperwork for several years or to disclose their agreements with funders, violating NGO registration laws. Representatives of the organizations, however, responded that they had attempted to submit these documents to the Ministry of Governance, which refused to accept them, claiming that the registration system was being digitized.

Nicaraguan journalism continues to face legal attacks, such as the prosecution of Cristiana Chamorro and former employees of the FVBCH. Julio López, director of the radio program Onda Local, Octavio Enríquez of the media outlet Confidencial, Serio Marín from La Mesa Redonda, and Patricia Orozco of the news site Agenda Propia are just some of the approximately 25 journalists who have been forced to flee Nicaragua after they were summoned before the Public Ministry and threatened with prosecution under the Special Law on Cybercrimes, popularly known as the Gag Law.

On August 30, the Inter-American Commission on Human Rights issued precautionary measures in favor of Georgina Roxana Vargas Clarens, an independent journalist from the North Caribbean Coast region of Nicaragua. In its resolution, the IACHR requires the State of Nicaragua to adopt measures to protect her rights and to adopt all necessary measures so that she can carry out her work as an independent journalist without being subjected to acts of violence, threats, harassment or intimidation.

On August 25, the Citizen COVID-19 Observatory reported 22,086 cases of COVID-19 and 4,002 suspected COVID-19 deaths in Nicaragua, 609 of which were located in the country’s Caribbean regions. Meanwhile, official statistics from the Ministry of Health show only 11,167 cases and 199 deaths. 97 new COVID-19 deaths were reported in the country between August 19 and 25.
 
Despite the massive number of cases, the government continues to convoke large public events. The government is pressing ahead, for example, with plans for festivities to celebrate the bicentennial of Nicaragua’s independence on September 15.

The Fundación del Rio and the Women’s Government of Mayangnas reported a massacre perpetrated by colonos (non-indigenous people who illegally incur in indigenous territories) in the Mayangna Sauni As indigenous territory in the Northern Caribbean Coast Autonomous Region on August 23. Initial reports indicated that 13 indigenous people from the Mayanga and Miskitu communities had been killed, but the figure was soon raised to 18. Among the dead were women and children. The perpetrators committed acts of torture and rape before killing the victims with firearms and machetes and leaving some of the bodies dangling from a tree.
 
One victim who was kidnapped during the events bore witness to the massacre, including the killing of her husband and two sons-in-law. The attackers released her with the message, “No Mayangna should come here again, because they will be killed.”
 
With 18 victims, this attack alone surpasses the total number of murders in the context of colono violence in all of 2020 (13), demonstrating a concerning uptick in violence against Nicaragua’s indigenous people.

On September 13, UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet will deliver her second oral update on the human rights situation in Nicaragua, as stipulated in Human Rights Council Resolution 46/2, which was passed in March 2021. In her first update on June 22, Bachelet expressed her concern that the deteriorating human rights situation in the country “makes it unlikely that Nicaraguans will be able to fully exercise their political rights in the elections on 7 November.”
 
After the June update, Race and Equality and 12 other human rights organizations developed the first evaluation benchmark for Resolution 46/2. Using the evaluation benchmark’s objective indicators, civil society organizations determined that the State of Nicaragua has taken no steps to implement the resolution, and in fact has carried out multiple actions contrary to its recommendations.
 
She also urged the UN Human Rights Council to consider urgently "all measures at its disposal to strengthen the promotion and protection of human rights in Nicaragua, including seeking accountability for the grave violations committed since April 2018."

We invite the entire international community to join our efforts to monitor the implementation of Resolution 46/2 and continue denouncing human rights violations in Nicaragua using the hashtags #SOSNicaragua and #NicaraguaattheUN.