El monocultivo de la palma aceitera en el Municipio de Ixcán, Guatemala: Una historia de despojo y engaños

Ref: Movimiento Social Intercultural del Pueblo de Ixcán, Guatemala
 

La palma aceitera no es un cultivo tradicional en Guatemala. Cuando las empresas palmícolas llegaron al Municipio de Ixcán, en el departamento de Quiché, o a las llamadas tierras bajas del Norte, no vinieron desalojando a la gente para sembrar palma, sino que lo hicieron de una manera más estratégica. Nosotros decimos que lo que hacen es un despojo sistemático.

Tradicionalmente los pueblos indígenas en Guatemala manejan la tierra colectivamente. No hay un patrón, no hay un propietario. Ya desde los 60 existían planes de “desarrollo” en el país, dentro de los cuales estaban la Hidroeléctrica de Xalalá, la exploración y explotación petrolera y la palma aceitera. Construyeron una carretera que llamaron Franja Transversal del Norte para poder pasar sus productos. El municipio de Ixcán (creado recién en 1985) fue uno de los más afectados por el conflicto armado interno (1960-1996) y donde los movimientos guerrilleros tomaron mucha fuerza por ser una zona completamente boscosa. La intención era luchar contra todas las injusticias del sistema político, y por eso, muchos de nuestros abuelos e incluso papás se alzaron en armas. Durante el pico del conflicto, varias empresas tuvieron que retirarse por presiones del movimiento guerrillero. Sin embargo, después de los acuerdos de paz de 1996, empezó nuevamente la estrategia de despojar de manera sistemática a los pueblos.
 

Certificación RSPO

La empresa Palmas del Ixcán dice que está certificada en todo. Tenemos conocimiento que la empresa tiene la certificación RSPO para el producto, pero ni siquiera nos dimos cuenta en qué momento les dieron la certificación. Las comunidades no tienen ni idea de todo lo que pasa a ese nivel ni tienen información sobre lo que implica la certificación.

Programa para pequeños productores: “los palmeros independientes”
 

La New Forests Company en Uganda: pueblos desalojados, engañados y arrojados a la pobreza

A principios de la década de 2000, las comunidades vecinas envidiaban a Kanamire, una comunidad ubicada en el distrito de Mubende, en la región central de Uganda. Se había hecho famosa en materia de agricultura y la historia de su éxito se propagaba como reguero de pólvora. Sus habitantes habían puesto una marca muy alta para cualquiera que practicara agricultura a pequeña escala. La tierra fértil y las prácticas agrícolas fueron la magia detrás de su éxito.
 
Los pobladores de Kanamire solían pasar el día entero labrando sus huertas o desmalezando sus cultivos a manera de preparar una cosecha abundante.
 
 “La población de la comunidad había aumentado y ahora prosperaba completamente con la agricultura. Por todas partes se difundían los comercios. Las casas de ladrillo cocido reemplazaban a las de paja. Con orgullo lo llamábamos hogar”, cuenta Obutu Danial, de 54 años, recordando los buenos tiempos.
 
Como norma, entre las mujeres rurales existe un credo no escrito de mantener la paz con sus vecinas. La primera persona en cosechar compartía, como mínimo, parte de la cosecha con los vecinos. Esta costumbre se había conservado a lo largo del tiempo y las mujeres de Kanamire no fueron una excepción. “Teníamos suficiente tierra. Cultivábamos suficiente comida para nuestras familias. Solíamos compartir con nuestros vecinos, por ejemplo frijoles, y a cambio, ellos también harían lo mismo cuando los suyos estuvieran listos. Y también solíamos vender el excedente para atender otras necesidades”, revela una campesina.
 
Veinte años después, la comunidad ejemplar ya no existe. Se destruyeron grandes superficies de cultivos de banana, café y maíz, entre otros, y las familias fueron brutalmente desalojadas por la empresa New Forests Company (NFC), que tiene su sede en Londres.
 
New Forests Company y el mercado de carbono
 
La empresa NFC fue fundada en 2004 con la “visión” de producir madera “sostenible” en África Oriental, en medio de una deforestación desenfrenada. Fue financiada por Agri-Vie Agribusiness Fund, un fondo de inversión de capitales privados, y por el banco británico HSBC Private Equity. La región de África Oriental en la que se encuentra Uganda es una de las regiones más fértiles y, por lo tanto, fue elegida para el negocio de las plantaciones.
 
En 2005, la empresa de plantaciones de árboles firmó un acuerdo con la Autoridad Nacional Forestal de Uganda (NFA) para establecer 20.000 hectáreas de plantaciones de árboles en las reservas forestales de Namwasa y Luwunga en el marco del programa de comercio de carbono, un enfoque comercial para privatizar el dióxido de carbono almacenado en los árboles y venderlo como créditos de carbono a los contaminadores. Esto le da ganancias adicionales a la empresa.
 
NFC también se beneficia actualmente de un nuevo proyecto apoyado por el Fondo Holandés para el Clima y el Desarrollo (DFCD por su sigla en inglés), un fondo de 160 millones de euros (más de 185 millones de dólares) del gobierno holandés que tiene como objetivo conseguir fondos del sector privado para proyectos de carbono. El DFCD está gestionado por la gestora de inversiones Climate Fund Managers (CFM), la ONG Worldwide Fund for Nature Netherlands (WWF-NL) y la ONG SNV, y está dirigido por el Banco de Desarrollo Holandés, FMO. (1)
 
En agosto de 2020, DFCD aprobó una subvención de 279.000 euros (alrededor de 327.000 dólares) y un paquete de asistencia técnica de WWF para la empresa New Forests Company (NFC), con el objetivo de desarrollar la propuesta final de inversión comercial para la certificación de carbono en Uganda, con miras al crecimiento sostenible de los pequeños agricultores y la diversificación del mercado de la madera. En realidad, esto se traduciría en generar financiamiento para el carbono como forma de apoyar la expansión de sus plantaciones de monocultivos y el acaparamiento de tierras.
 
El desalojo de la aldea Kanamire
 
La Autoridad Forestal Nacional (NFA) es una agencia gubernamental creada bajo la Ley Nacional de Silvicultura y Plantación de Árboles de 2003, como un organismo empresarial responsable del llamado “desarrollo sostenible”, la gestión de las Reservas Forestales Centrales (CFR) y la prestación de apoyo técnico a las partes interesadas del subsector forestal.
 
Entre 2006 y 2010, más de 10.000 personas fueron desalojadas de sus tierras en el distrito de Mubende para dar paso a las plantaciones de NFC. A pesar de esto, en 2008, la Autoridad de Inversiones de Uganda, que tiene el mandato de “asesorar al Gobierno sobre las políticas adecuadas que conduzcan a la promoción y el crecimiento de las inversiones” (2) nombró a NFC como “Inversor del año” por plantar monocultivos de pinos y eucaliptos, mientras los comuneros viven miserablemente en una parcela de tierra infértil y hacinada.
 
En febrero de 2010, los residentes de Kanamire se despertaron con una multitud de representantes y calificadores de NFC, que estaban bajo la protección de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (UPDF) y la Fuerza de Policía de Uganda (UPF), que a su vez estaban bajo el mando del entonces Comisionado del distrito residente de Mubende, Nsubuga Bewaayo. Antes de desalojar a los comuneros a la fuerza destruyeron sus propiedades por valor de miles de millones de chelines ugandeses, para luego instalar allí una plantación de monocultivos de NFC.
 
Las comunidades de Kyamukasa, Kigumya, Kyato, Kisita, Mpologoma y Bulagano, en el distrito de Mubende, fueron también desalojadas a la fuerza por las plantaciones de NFC.
 
Tres años después de los desalojos, NFC acordó reasentar a las víctimas, luego de tensos compromisos con activistas de derechos humanos y otros defensores abocados a hacer frente a la violencia sufrida por los lugareños durante los desalojos.
 
En un acuerdo firmado por la empresa y los habitantes de Kanamire, NFC acordó pagarles un total de 1.200 millones de chelines ugandeses (alrededor de 340.000 dólares). Se pidió a los residentes que formaran y se adhirieran a una sociedad cooperativa, que asignaría la mitad del dinero a la compra de terrenos y la otra mitad a atender proyectos de desarrollo, como pozos y escuelas. Los desalojados se vieron obligados a pagar cuotas de suscripción para convertirse en miembros. Quienes para entonces no tenían dinero para unirse a la cooperativa, no fueron incluidos en el proceso de reasentamiento. (3)
 
 “Formamos la Sociedad Cooperativa Bukakikama y se transfirieron 600 millones [de chelines ugandeses] (alrededor de 170.000 dólares) a la cuenta de la cooperativa con destino a la adquisición de tierras”, contó el Sr. Bakesisha William, ex presidente de la cooperativa.
 
Bakesisha dijo que con los 600 millones de chelines ugandeses compraron tierras equivalentes a 473 acres (alrededor de 190 hectáreas) en la aldea de Kampindu, en el distrito de Mubende. De las 901 familias, a 453 se les asignó 1 acre (menos de media hectárea) de tierra. Las 448 familias restantes no han sido compensadas ni reasentadas hasta la fecha.
 
Todos en la cooperativa tuvieron que pagar 30.000 chelines ugandeses (alrededor de 8,5 dólares) para unirse. Y las víctimas tuvieron que hacer pagos adicionales, a saber: 3.000 chelines ugandeses (casi un dólar) por tener una participación en la Cooperativa y 5.000 chelines ugandeses (1,42 dólares) como fondo de ahorro inicial. Una vez concretados los pagos requeridos anteriormente, el presidente de la cooperativa les daría números de identificación.
 
Y solo quienes hubieran cumplido con tales requisitos quedarían registrados como miembros elegibles de la cooperativa para beneficiarse de un acre de tierra para su reasentamiento.
 
En Kampindu, el lugar donde “reasentaron” a los desalojados de Kanamire, lo primero que se ve son niños desnutridos con ropa andrajosa vagando por todo el pueblo. Los jóvenes enojados, hambrientos y de aspecto mezquino, junto a los fatigados ancianos, se apiñan en improvisadas casas embarradas. Otros con azadones a la espalda y pies sucios revelan su indigencia.
 
Incluso quienes recibieron un acre de tierra no están en mejores condiciones que quienes no lo hicieron. Ellos también están sumidos en la pobreza. Fueron reasentados en un pedazo de tierra infértil.
 
Se ha denunciado que ni siquiera cumplieron con lo que se supuestamente se define como reasentamiento. No se ofreció asistencia en materias como vivienda básica, alimentos, agua o ropa. Fueron arrojados y abandonados allí por la empresa multimillonaria con sede en el Reino Unido.
 
 “Ambos grupos viven en la pobreza. Quienes tuvieron la oportunidad de reasentarse en un acre de tierra sufren porque la tierra es demasiado pequeña para cultivar. Está ubicada en una zona montañosa en la que no se pueden construir ni cultivar. Y quienes no tuvieron ninguna posibilidad, mueren de hambre y trabajan como jornaleros en las plantaciones de otras personas para sobrevivir. En la zona se registraron alrededor de 5 muertes como resultado del desplazamiento”, señaló un investigador de la plataforma de medios ugandesa Witness Radio.
 
El Sr. Rwabinyansi Charles es uno de los que recibieron tierras en Kampindu. De 75 años y padre de 11 hijos, no puede olvidar la forma despiadada en la que NFC se apoderó de su tierra y lo arrojó a Kampindu, un lugar al que describe como un infierno.
 
“Es como si no tuviera tierra. Mira, está llena de piedras, lo que hace difícil construir o cultivar. Cuando siembras los cultivos, se secan. Mira el maíz que se plantó la temporada pasada”, dijo refiriéndose a un terreno que recibió de NFC.
 
Hace 11 años el Sr. Rwabinyansi era un comunero feliz. Antes de su desalojo tenía 30 acres (alrededor de 12 hectáreas) llenas de cultivos de café, banana, yuca, entre otros. Y también criaba animales en su tierra.
 
 “En una buena temporada cosechaba más de 30 sacos de café, 20 de maíz y 15 de yuca. Los vendía mientras que mi esposa cultivaba en casa lo que nos alimentaba. También vendíamos la leche de nuestras cuatro vacas; efectivamente fue una buena vida”, narró.
 
Ahora, en una parcela de tierra de Kampindu se encuentra una tienda de campaña improvisada que el Sr. Rwabinyansi y su familia llaman hogar, pero eso es solo la punta del iceberg. Ni siquiera la muerte aliviará el dolor relacionado con el desalojo, porque incluso en la muerte el desalojo ha seguido atormentándolos.
 
 “No puedo construir en esa tierra. No es segura para mi. Tampoco puedo construir aquí, porque en cualquier momento el propietario puede querer usarla. Hace poco perdí a mi nuera y no tenía donde enterrarla”, revela.
 
Entre los indígenas Baganda, cuando alguien muere se da un mensaje de condolencia acompañado de un entierro decente y un mensaje de despedida al difunto o la difunta, “Wummula mirembe”, que es similar a “Descansa en paz”. Sin embargo, éste no fue el caso de la nuera de Rwabinyansi. “No encontrábamos dónde enterrarla. Finalmente Dios se apiadó de nosotros. Un amigo cercano le dio una porción de su tierra para que ella descansara”, agregó.
 
El presidente de las comunidades afectadas de NFC, el Sr. Julius Ndagize, critica los criterios que informaron los procesos de asignación de los terrenos de un acre a los desalojados.
 
“En primer lugar, el terreno es demasiado pequeño para acomodarnos a todos, y los procedimientos iniciales de comprar acciones y contribuir al fondo de la cooperativa tampoco favorecieron a mi pueblo, que no tenía dinero. Las personas, incluso las que consiguieron tierras, no tenían qué comer. Imagínese una familia de 15 hijos; todos crecieron y construyeron en la misma tierra, ¿donde van a cavar? El único beneficio que tiene el grupo que consiguió tierras frente a quienes no consiguieron es que tienen donde enterrar a sus seres queridos”, explicó.
 
El dolor de perder a una generación joven y prometedora por el desalojo
 
Los desalojados lidian ahora con las escandalosas consecuencias relacionadas con el desalojo, incluidos los embarazos infantiles, el trabajo infantil y la deserción escolar.
 
“Los casos de matrimonios precoces y trabajo infantil son muchos en la zona, los niños ya no van a la escuela porque si un padre no tiene qué comer ¿puede educar a su hijo? Y la gente está muriendo porque no tiene dinero para ir a los hospitales”, agregó.
 
Ndagize dijo que los pequeños agricultores ahora trabajan como jornaleros. “Dado que la tierra es escasa e infértil, estas personas van a trabajar a las fincas vecinas para conseguir qué comer”, agregó.
 
La contribución de los pequeños agricultores a la canasta nacional de alimentos sigue siendo incomparable, pero cuando se habla con ellos, expresan que creen que su gobierno los ha defraudado y que multinacionales como NFC los liquidó.
 
 “Si la agricultura es la columna vertebral de Uganda, como dicen, ¿por qué se llevan lo poco que tenemos? No nos moríamos de hambre y tampoco le suplicábamos a nadie. Pero mírame ahora. La próxima vez me encontrarán en las calles pidiendo limosna o muerto en mi casa”, concluye el deprimido comunero Rwoga Nyange.
 
Los esfuerzos para hablar con el Gerente del Programa de Responsabilidad Social de New Forests Company, Sr. Kyabawampi Alex, no tuvieron éxito. Al cierre de esta edición todavía no había respondido a los correos electrónicos enviados por Witness Radio. 
 
Witness Radio - Uganda   
Witnessradio.org
 
(1) WWF, The DFCD supports in carbon certification in Uganda, August 2020
(2) Uganda Investment Authority
(3) Witness Radio, Uganda: La agonía de un proyecto de plantación de árboles en tierras comunitarias, en el Boletín 251 del WRM, Septiembre de 2020

Mujeres, tierra, plantaciones y opresión en Sierra Leona

Ref: Farmlandgrab.org

Los prolongados procesos de acaparamiento de tierras en Sierra Leona son el resultado de un violento pasado colonial e imperial. La tierra arable y colectiva que anteriormente se cultivaba para obtener alimentos se está poniendo a disposición de las grandes empresas de una forma muy conveniente para ellas, a menudo en arrendamientos a largo plazo para la producción de productos de exportación como el aceite de palma.
 
La palma aceitera ha sido un cultivo tradicional para numerosas comunidades de Sierra Leona y del África Occidental. Sin embargo, con la llegada de la multinacional palmícola Socfin, la producción de palma aceitera en Sierra Leona ha pasado a hacerse en régimen de monocultivo industrial, dejando tras de sí un rastro de violencia, patriarcado y opresión.
 
En 2011, Socfin firmó un contrato de arrendamiento de tierras por 50 años con el gobierno de Sierra Leona y las autoridades locales, al que le siguieron dos acuerdos más. La compañía pagó a los dueños de tierras de la Jefatura Sahn Malen una compensación única de 1 millón de leones por acre (alrededor de 177 dólares). En menos de 10 años, los bosques y la tierra fértil de esta Jefatura se transformaron en miles de hectáreas de monocultivos de palma aceitera.
 
La contribución de las mujeres a la soberanía alimentaria de las zonas rurales de Sierra Leona es sumamente importante. Sin embargo, por lo general no tienen un título jurídico sobre la tierra. Aun si las leyes del derecho codificado les permitieran ser propietarias de tierras, las mujeres deben enfrentar otro sistema patriarcal más cerca de casa.
 
Las leyes consuetudinarias a menudo otorgan a los hombres la mayor parte del poder de propiedad y de toma de decisiones sobre las cuestiones de la tierra. Además de eso, los Jefes Supremos son los custodios de la tierra de acuerdo con el derecho consuetudinario de Sierra Leona. Descendientes de las “familias gobernantes” designadas por las autoridades coloniales británicas en 1879, los Jefes son los líderes indiscutibles dentro de los límites de sus territorios. Esta estructura jerárquica significa que la empresa puede adquirir tierras comunitarias contando con el consentimiento de una sola persona.
 
Las mujeres son las más afectadas.
 
A continuación, la entrevista a Aminata Massaquoi, miembro de la Alianza informal contra las plantaciones industriales de palma aceitera en África occidental y central. Aminata acompaña y apoya a mujeres de Sierra Leona que se oponen y denuncian el modelo de plantaciones de palma aceitera, y recientemente visitó varias comunidades perjudicadas por las plantaciones de Socfin.
 
¿Cómo está organizado el sistema de tenencia de la tierra a nivel gubernamental en Sierra Leona, particularmente en relación con los derechos de las mujeres?
 
La tierra en Sierra Leona se clasifica como tierra estatal, privada o comunal. En la parte occidental del país, la mayoría de las tierras se encuentran en régimen de propiedad privada individual con derechos exclusivos a usarlas y transferirlas. Las familias o las personas tienen derechos de acceso, uso y transferencia mediante arrendamiento o venta. Y, como saben, también operan en el país, así como en otras partes del mundo,  los sistemas consuetudinarios de tenencia, arrendamiento y propiedad estatal de la tierra.
 
No es tan fácil para las mujeres de las zonas rurales o para las mujeres que viven en comunidades debido a las leyes consuetudinarias que existen allí. A lo largo de los años, los grupos de la sociedad civil y de defensa de los derechos de las mujeres han reclamado que todas las leyes sobre tierras existentes en el país se sincronicen para evitar una interpretación dual sobre el mismo tema. Pero eso aún no se ha logrado.
 
Mientras tanto, las adquisiciones de tierras a gran escala, en gran medida por parte de empresas extranjeras para explotación agrícola, han aumentado rápidamente, precisamente al mismo tiempo que se ha estado debatiendo sobre la política agraria. Una investigación de la ONG Christian Aid informó que desde 2009 hasta finales de 2012, los inversores extranjeros habían arrendado o se habían dispuesto a arrendar a largo plazo al menos 1.154.777 hectáreas; aproximadamente el 21,4% de la tierra cultivable total del país destinada a la agricultura industrial a gran escala (1). Como ha ocurrido en otras partes de África, numerosos expertos y ONGs han criticado este tipo de arrendamientos porque afirman que en lugar de ayudar a mejorar el nivel de vida de quienes viven en las zonas rurales, se aprovechan de los títulos de propiedad de la tierra y, de hecho, aumentan la pobreza y las desigualdades económicas. Esto sigue siendo motivo de gran preocupación y las señales son evidentes en las zonas donde se hicieron los referidos arrendamientos.
    
¿Cuál es la situación de las mujeres en las comunidades con relación a la tenencia de la tierra y los derechos de acceso a la tierra conforme a las leyes consuetudinarias?
 
En Sierra Leona, el derecho consuetudinario coincide con el derecho codificado, pero en las zonas rurales, donde hay escaso acceso a los servicios de la justicia codificada, tiende a prevalecer el derecho consuetudinario. La gente depende de los jefes de las aldeas para resolver las disputas. Y cuando se trata del matrimonio, los matrimonios consuetudinarios tienden a dominar aunque no están reconocidos por la ley codificada. A menos que un matrimonio consuetudinario se registre en los consejos locales, no confiere derechos de propiedad al marido o a la mujer. Entonces, si el cónyuge muere, la tierra de la pareja puede volver a la familia del cónyuge fallecido.
 
Para las mujeres, que a menudo son las principales trabajadoras, proveedoras de ingresos y cuidadoras de los hogares, y quienes más dependen de su tierra para ganarse la vida y mantener a sus hijos, esto significa que si el hombre muere o si una mujer quiere disolver un matrimonio por violencia doméstica, es posible que no tenga derechos sobre la tierra en la que ha trabajado durante años. En ese caso, la familia de su marido podría expulsarla de la tierra. Sus hijos tampoco tienen derechos sobre dicha tierra y eso puede ser difícil de confrontar porque estas mujeres no son financieramente fuertes como para defenderse. En Sierra Leona, la Ley de Devolución del Estado de 2007 otorgó a las mujeres el derecho jurídico a heredar tierras, pero en realidad solo unas pocas mujeres lo hicieron.

 
Debido a las numerosas acciones en defensa de los derechos de las mujeres a la tierra, se suele hacer creer que las mujeres están incluidas en la toma de decisiones, pero en la práctica no es así. En las visitas de campo varias mujeres me explicaron que ellas recién se enterarían de un acuerdo sobre la tierra después de concretado, porque se utiliza el derecho consuetudinario para silenciarlas. Las mujeres siempre han denunciado la falta absoluta de sus posibilidades de participación en las discusiones cuando empresas, gobiernos u otros llegan a las comunidades para ofrecer proyectos o comprar la tierra.
 
El derecho codificado otorga a las mujeres la facultad de poseer o arrendar tierras, pero las leyes consuetudinarias les niegan ese derecho. Debido a que gran parte de las tierras se encuentra en las zonas rurales, la mayoría de las mujeres sufren la opresión de las autoridades locales. No obstante, el trabajo continuo de defensa en las comunidades ha sido de gran ayuda.
 
También predomina la violencia hacia las mujeres en la interna misma de las comunidades y por parte de las autoridades de las comunidades. Esto ha sido motivo de preocupación en un lugar tras otro, y en la mayoría de las comunidades rurales, debido a las leyes consuetudinarias y a las tradiciones, se espera que las mujeres pasen a un segundo plano durante los compromisos públicos. Especialmente si una mujer está casada, no debe atreverse a hablar ni a tomar decisiones en presencia de su esposo. Los maridos o los hombres se convierten en portavoces de las mujeres. En consecuencia, una mujer empoderada o mujeres que son conscientes de sus derechos en ese sentido, corren el riesgo de sufrir la violencia ejercida al interior de sus hogares por insubordinación. Se pueden aplicar numerosos mecanismos para silenciar a las mujeres. 
 
Durante su visita a varias comunidades enfrentadas a plantaciones industriales de palma aceitera, ¿cuál percibió como el reclamo más importante planteado por las mujeres?
 
El reclamo común ha sido la falta de inclusión en los contratos de tierras y la toma de decisiones. Con la llegada de las plantaciones de palma aceitera se vieron privadas del acceso a sus tierras y necesitan una fuente alternativa de ingresos. Luchan por recuperar sus tierras porque los acuerdos no les son rentables. La empresa no emplea a la población local como había prometido; tampoco cumplió con la construcción de escuelas, pozos de agua, centros de salud y caminos secundarios, ni se concedieron becas, ni muchas otras promesas. Las mujeres también reclaman que sus comunidades ya no son seguras como lo eran antes de la llegada de la empresa.
 
También se denunció claramente el abuso sexual que ocurre dentro de los confines de las plantaciones, pero debido al estigma y al rechazo de los hombres, normalmente no se habla de ello.
 
¿A qué tipos de abuso son sometidas las mujeres?

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Fue con el lema “Nuestro propósito es renovar la vida a partir de los árboles” que la empresa Suzano Papel e Celulose lanzó el material publicitario relativo a sus resultados de 2020. El documento procura mostrar las primeras consecuencias de las recientes fusiones y adquisiciones que han convertido a Suzano en el mayor productor mundial de celulosa de eucalipto. La publicación se centra en demostrar que, mucho más que las ganancias, el móvil de las actividades productivas de la empresa es ofrecer soluciones. Para 2030 tiene como objetivo reemplazar 10 millones de toneladas de plástico y otros productos a base de petróleo, con productos a base de vegetales, así como eliminar 40 millones de toneladas de CO2 de la atmósfera a través de la expansión de las plantaciones de árboles. Según el informe, más allá de las cuestiones ambientales Suzano prevé sacar de la pobreza a unas 200.000 personas en las zonas donde lleva a cabo sus actividades.
 
Éstas y otras medidas están en la mira de Suzano con el objetivo de intensificar sus operaciones con bonos verdes como forma de financiar sus proyectos de expansión y competitividad. Según la compañía, uno de los principales resultados en 2020 fue su pionera emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad (Sustainability-Linked Bond) que logró recaudar 1.250 millones de dólares, contra la promesa de una reducción del 15% en las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030.
 
Nuestra lectura es que dicho informe revela el esfuerzo mediático de las principales empresas agroindustriales por enmascarar los objetivos de su depredadora lógica de acumulación. Para comprender mejor este proceso es necesario reflexionar sobre las nuevas tácticas de acumulación de las grandes empresas, especialmente su participación en la llamada economía verde.
 
Primeros pasos
 
Intentemos, por lo tanto, desentrañar la maraña técnica puesta en marcha para estas nuevas actividades especulativas en este largo período de crisis mundial del capital. Quizás una de las mayores dificultades que enfrentamos para comprender el predominio de la acumulación especulativa sobre el capital productivo y otras formas de apropiación de la riqueza producida socialmente, sea la forma de concebir los movimientos económicos. Es común ver definiciones de que el término economía se origina en las palabras griegas oikos (hogar) y nomos (administrar), lo que sugiere un cierto vínculo con las actividades domésticas, a partir de las cuales se podrían explicar las elecciones humanas a lo largo del tiempo en torno a la producción, la distribución y el consumo de las sociedades.
 
Simplificaciones como ésta terminan ocultando que en las relaciones del capital, la denominada distribución no orienta la riqueza producida hacia el consumo final de los hogares sino más bien hacia un intenso proceso de acumulación. Bajo el capitalismo, la acumulación ha sido el camino para que las empresas se hagan grandes, fuertes y competitivas, conformando conglomerados económicos capaces de controlar un conjunto diversificado de formas de apropiarse de tajadas cada vez mayores de la riqueza producida a escala mundial.
 
Es así que acumular significa volver a aplicar los recursos conquistados en su propia expansión y penetrar segmentos de mercado mediante disputas competitivas a gran escala entre unidades de capital (ya sea en forma de fábricas, bancos, casas comerciales, propiedad de la tierra o especulación).
 
De estas simplificaciones domésticas sobre la economía capitalista, también nació una fantasía bastante conveniente: la teoría de la abstinencia. Según dicha teoría las empresas surgieron a partir de decisiones tomadas por algunas personas emprendedoras, quienes renunciaron a consumir una parte razonable de lo ganado con su trabajo y estuvieron dispuestas a emplear dichos ahorros en favor de la producción social. Esta leyenda también conduce a la ilusión de que es necesario el desarrollo de empresas a gran escala para poder emplear al gran contingente de personas que prefirieron no abstenerse de consumir y gastaron todo lo que ganaron en su vida. Sin estas oportunidades de empleo, esas personas no podrían vivir –según insiste la gastada fórmula que reiteran una y otra vez.
 
Dejando a un lado las falacias, sabemos que desde mediados del siglo XIX existe una separación entre la propiedad y la gestión del capital. Inicialmente, los bancos proporcionaron crédito para financiar grandes emprendimientos. Pero poco después se crearon bolsas de valores y los bancos se fusionaron gradualmente con el capital productivo, creando así empresas a gran escala.
 
De esa manera se empezaron a financiar importantes inversiones mediante préstamos, pero también mediante la venta de acciones de las propiedades de las empresas. Para ello se crearon nuevas instituciones, los denominados mercados bursátiles, que funcionan a escala internacional, intermediando la compra y la venta de dichas acciones. Si bien la opción por los préstamos supuso la emisión de bonos de deuda por parte de las empresas prestatarias, en el caso de la colocación de acciones en los mercados bursátiles, las empresas comenzaron a abrir su propio capital para la entrada de un gran número de socios, algunos con derecho a voto en los consejos, pero en su mayoría completamente anónimos, sin capacidad de participar en la gestión.
 
En este proceso también surgieron las obligaciones (debentures). Se trata de bonos de deuda convertibles en acciones de la empresa prestataria en caso de que la deuda no se pague en el plazo establecido. Por tanto, es de señalar que la compra y venta de acciones de empresas en los mercados bursátiles así como la posibilidad de canjear bonos de deuda por acciones, promueve un continuo intercambio patrimonial, sin que sea posible determinar con exactitud quiénes son todos los propietarios de las empresas. Quien posea acciones con derecho a voto termina eligiendo y contratando a gerentes ejecutivos para administrar las unidades de las grandes empresas distribuidas por el mundo. Dichos administradores pueden ser remunerados con una parte de los beneficios de la empresa, pero también con acciones.
 
La escalada hacia el dominio de la especulación
 
Desde la creación de los sistemas de crédito, una parte de los compromisos asumidos por los deudores representa una mera especulación sobre el riesgo del negocio. Además de los intereses a pagar, los contratos de los préstamos siempre agregan a la deuda una tarifa de riesgo, como forma de compensar las eventuales pérdidas por prestatarios morosos, incluso cuando esto nunca ocurriera.
 
Cuando las bolsas de valores funcionan con normalidad, las compras y ventas de las acciones se realizan en función de las perspectivas a la futura distribución de las ganancias (dividendos) de las empresas a sus accionistas, con precios de las acciones que tienden a subir o bajar y sin grandes oscilaciones. Sin embargo, algún accionista puede querer vender una gran cantidad de acciones, generando así cierta especulación sobre los motivos de la decisión. Sin compradores inmediatos, el precio de las acciones ofrecidas tiende a caer y puede depreciar el conjunto accionario de todas las empresas. Esto muestra que, independientemente del desempeño de las empresas en términos de producción e ingresos reales, el precio de sus acciones puede subir o bajar por la mera especulación en la bolsa de valores.
 
A partir de 1971, la especulación con bonos y acciones de las empresas ganó una renovada motivación con la difusión internacional de los llamados mercados secundarios. En ese año, Estados Unidos decidió romper los acuerdos firmados al final de la Segunda Guerra Mundial que mantenían tipos de cambio fijos entre las monedas de todos los países y el dólar, y por los cuales Estados Unidos se comprometía a mantener la convertibilidad directa entre su moneda y el oro.
 
Con la ruptura del patrón monetario internacional, las tasas de interés comenzaron a oscilar, generando así una nueva ola de especulación globalizada. A partir de entonces, los bonos primarios, donde se firmaban los contratos de préstamos públicos y privados, o las opciones de compra y arrendamiento, junto con las acciones de las empresas, comenzaron a respaldar una serie de apuestas sobre precios a futuro en proporciones gigantescas.
 
Surgieron así los denominados derivados, comercializados en los mercados secundarios. Se trata de contratos que derivan de bonos de deuda primaria o de acciones, para operar una transacción especulativa, normalmente vinculada a apuestas sobre la variación futura de los precios de bienes y servicios, tipos de cambio o tipos de interés, practicadas en varios países. De ahí surge el término calesita especulativa, un verdadero casino mundial que reproduce la riqueza ficticia de las apuestas a escala gigantesca, como una forma de acumulación parasitaria cada vez más distante de la producción de la riqueza real. Se estima que el volumen actual de derivados es 10 veces mayor que el PBI mundial.
 
Esta nueva etapa de especulación globalizada ha sido consecuencia de la profundización de una larga crisis de sobreproducción del capital. Esto ha significado que se utilicen cantidades cada vez mayores de capital excedente en las apuestas sobre cotizaciones futuras, en busca de alternativas a las dificultades de aplicación productiva del capital con rendimientos razonables. A pesar de ser el resultado de simples apuestas sobre el futuro, los derivados son socialmente reconocidos como riqueza real y le otorgan a sus poseedores poder de control sobre las operaciones económicas del presente.
 
Especulación con bonos verdes
 
En ese clima mundial de predominio de la especulación parasitaria, no pasó mucho tiempo antes de que los derivados se convirtieran en una oportunidad de acumulación que abarcó los debates mundiales sobre el colapso ambiental. Ante las dificultades para controlar la deforestación y la emisión de contaminantes a escala mundial, las cúpulas internacionales terminaron cediendo ante los reclamos de mercantilización de la protección de la naturaleza, generando los denominados pagos por servicios ambientales (PSA).
 
La propuesta ha consistido en difundir y consolidar la idea de que es posible la compensación por daños ambientales. A partir de eso, empresas e institutos privados elaboran sofisticadas formas de poner un precio de mercado tanto a la emisión de contaminantes como a la prestación de servicios ambientales. La intención es mostrar que es posible cuantificar y compensar la devastación ecológica producida por los proyectos de expansión industrial.
 
La creatividad en materia de neologismos sobresale con la idea de las empresas que contaminan y pagan. Esto permite medir, a través de precios de mercado, el volumen de biodiversidad devastada y compensarlo con algún tipo de proyecto de preservación en otro ecosistema mercantilizado.
 
Grandes empresas pueden participar en estos programas de PSA a partir de la expansión de sus tradicionales proyectos de monocultivos de árboles. De ser devastadores de la naturaleza se convierten en promotores de compensaciones ambientales, en función de proyectos para almacenar carbono en los árboles plantados. Esto ha sido posible en la medida en que el Estado se abstiene de promover políticas ambientales y deja la regulación en manos de empresas e institutos privados. Estos últimos comienzan a actuar como certificadores y contadores de los pagos que deben realizarse durante la duración de dichos proyectos de servicios ambientales, además de ser responsables de la evaluación de resultados.
 
Dado que estos acuerdos de PSA se formalizan a través de contratos a largo plazo, generan derechos por cobrar futuros, es decir, derechos de pago a futuro por la prestación de servicios ambientales en el transcurso de la ejecución de los proyectos. De ahí que grandes volúmenes de cuentas por cobrar por servicios ambientales se conviertan en el respaldo para la emisión de derivados negociados en base a apuestas sobre tipos de cambio, sobre tipos de interés y especialmente sobre los precios a los que podrían llegar las mismas mercancías producidas como resultado de los proyectos de compensación.
 
Observaciones finales
 
Parece haber al menos un objetivo más explícito para las nuevas tácticas de estas empresas. Estas encuentran la mejor forma de adaptarse a los acuerdos alcanzados en las cumbres internacionales sobre soluciones mercantiles para las crisis que se aglutinan actualmente. De modo que aprovechan el momento de tensión mundial para solucionar problemas estructurales de financiamiento, ya sea por viejas deudas o por las demandas de expansión de sus actividades productivas. A las antiguas líneas de crédito, que exigían metas de calidad total y reducción de costos, se han sumado nuevos enfoques de captación de fondos vinculados a la producción y reproducción de cuentas por cobrar a largo plazo, a través de contratos de PSA y compromisos para reducir la emisión de contaminantes.
 
Las operaciones primarias en la emisión de los denominados bonos verdes son alimentadas por la difusión de flujos generados por el reconocimiento oficial del concepto mercantil de empresas que contaminan y pagan. Al mismo tiempo, los circuitos de apuestas en los mercados de derivados encontraron, a partir de los contratos de PSA y de similares cuentas por cobrar, mayor impulso para su reproducción parasitaria.
 
Por lo tanto, no causa sorpresa que empresas productoras de celulosa a gran escala como Suzano estén operando y expandiéndose con una cartera de pasivos de alto riesgo. Ésta es la cruda realidad que domina al mundo de las grandes empresas en todo el mundo capitalista, con control cada vez menor por parte de las autoridades gubernamentales.
 
Sin las habituales simplificaciones, es posible advertir que el endeudamiento público y privado se ha convertido en una oportunidad para la creación de instrumentos cada vez más creativos para la especulación parasitaria. El riesgo de un colapso económico sin precedentes ha dado señales de ser inminente, pero esta ha sido la realidad frente a la incapacidad generalizada del capital de superar la gran depresión que se ha profundizado a principios del siglo XXI. Mientras tanto, los compromisos adquiridos por las empresas sobre sostenibilidad formal se van acumulando, bajo la regulación de instituciones creadas y contratadas por las propias relaciones mercantiles depredadoras, lo que aumenta aún más el riesgo de que la vida en el planeta ya no sea posible.
 
 
Helder Gomes, Brasil
 

Foto: Conferencia de Berlín, ilustrada en 1884, que estableció las reglas para la conquista y partición de África. Ref: Wikicommons.
 

Existe el grave riesgo de que las industrias extractivistas y conservacionistas asuman el control total de los bosques tropicales mediante el establecimiento de las llamadas “soluciones basadas en la naturaleza”. (1) Éstas incluyen los proyectos de compensación a gran escala de carbono y la creación de más áreas protegidas, así como la continuación de la llamada extracción maderera “sostenible” y plantaciones industriales de árboles. Es importante entender las consecuencias que ese control de territorios puede tener en las comunidades que dependen de los bosques.
 
La densa región boscosa de Sangha, en el norte de la República del Congo, es un ejemplo de cómo los territorios pueden terminar bajo el control absoluto de las industrias extractivas y conservacionistas. Tres concesiones ocupan casi toda la región: una de la compañía de aceite de palma Eco-Oil Energie SA, una del Parque Nacional Odzala-Kokoua y una de la empresa maderera IFO - Industrie Forestiere d'Ouesso (ver mapa).
 
                                    

Si bien el caos climático da cuenta de que las supuestas “soluciones basadas en la naturaleza” son más “fantasías” que cualquier otra cosa, a las tres empresas establecidas en el Congo les preocupan principalmente sus negocios y compiten entre ellas, tanto en términos de la propaganda verde que difunden como en torno a las promesas que les hacen a las comunidades. Sin embargo, lo que se mantiene oculto es el fuerte carácter desigual, racista y patriarcal de tales concesiones, que tienen su origen en la época colonial. Las tres empresas hacen uso de guardias armados y/o policías locales contra los habitantes de estas zonas de bosque, para evitar que utilicen sus tierras.
 
Este artículo describe algunos aspectos que dejan al descubierto quién está detrás de cada una de estas empresas, así como la percepción que éstas tienen sobre las comunidades de base.
 
Eco-Oil Energie
 
La palma aceitera crece de forma natural en los bosques de la región de Sangha. Los sitios arqueológicos revelan que existe una larga tradición de plantación de palma aceitera por parte de las comunidades que dependen de los bosques, y especialmente de las mujeres.
 
Pero en la época colonial se introdujo un modelo radicalmente diferente de plantaciones industriales de palma aceitera, cuando  la Compagnie Française du Haut et du Bas Congo (CFHBC) obtuvo una concesión en la zona de 7,5 millones de hectáreas –el tamaño de Bélgica y Holanda juntas– para comenzar a producir aceite de palma a escala industrial. Después de la independencia, en 1983, la empresa pasó a llamarse Sangha Palm, una empresa estatal que en ese momento tenía un área de plantación de 33.000 hectáreas. En 1990, debido a la crisis financiera del momento, la fábrica de aceite de palma Sangha cerró y la empresa abandonó las plantaciones. (2)
 
Después de que Sangha Palm se fue, los campesinos, en particular las mujeres para quienes la palma de aceite constituye una parte esencial de su cultura, continuaron cosechando frutos de palma aceitera de la plantación de Sangha Palm. También produjeron aceite de palma a través de métodos artesanales y vendieron el aceite en el mercado local, lo que les brindó una importante fuente de ingresos. Una campesina decía en ese momento: “(...) siempre extrajimos aceite de palma. Con el dinero que ganamos por la venta de nuestro aceite, compramos medicinas y ropa para nuestros hijos”. (3)
 
Pero todo esto llegó a su fin en 2013, cuando se formó Eco-Oil Energie, después de que inversores malasios llegaron a un acuerdo con el gobierno congoleño para hacerse cargo del control de las plantaciones de palma aceitera de Sangha Palm. También se apoderaron de miles de hectáreas de plantaciones en la región de Cuvette, que pertenecían a otra empresa estatal de palma aceitera: Régie Nationale des Palmeraies du Congo (RNPC).
 
Eco-Oil Energie SA Malasia recibió una concesión por 25 años sobre 50.000 hectáreas y anunció que recuperaría lo que calificó de plantaciones “abandonadas”, ignorando la importancia de este territorio para el sustento de los lugareños. Para 2015, los inversores malasios habían invertido alrededor de 89 millones de dólares en el proyecto. El Banco BGFI, con sede en Gabón, y el Ecobank, con sede en Togo, también pusieron dinero. El proyecto de la empresa incluía invertir en las plantaciones así como en la producción de aceite de palma, margarina y biodiesel. En ese momento se anunció que el biodiesel era para abastecer el mercado interno y para exportación. La compañía también anunció la meta de aumentar en el futuro su área de plantación a 300.000 hectáreas. (4)
 
Las plantaciones de palma aceitera son una de las principales causas de deforestación en todo el mundo. En 2015, el director de Eco-Oil Energie afirmó que la empresa solo replanta en las denominadas plantaciones “abandonadas”, y que conserva el bosque restante (5). Sin embargo, un informe de consultores que en 2016 visitaron una zona de concesión de Eco-Oil, dio cuenta, entre otras cosas, de la deforestación, las prácticas ilegales y los conflictos con comunidades ocurridos en la región de Cuvette. (6)
 
Además de los inversores malasios, el presidente y director ejecutivo de Eco-Oil Energie, Claude Wilfred Etoka, se ha beneficiado enormemente de las actividades de la empresa. Uno de los propietarios de Eco-Oil Energie es una empresa registrada en Suiza llamada Eco Oil Energie Sarl, que a su vez es propiedad de una empresa registrada en Chipre llamada WEC Group. (7) Etoka es el único accionista de Eco Oil Energie Sarl.
 
Etoka es una figura controvertida, por decir lo menos, ya que su nombre ha estado relacionado con prácticas ilegales. La coalición “Opening Central Africa” (Abriendo África Central) ha denunciado que Etoka es el “hombre con billetes” en los planes de lavado de dinero del presidente Sassou (8). Según una investigación de Global Witness y Mediapart, Etoka actuó como intermediario de inversores internacionales en la privatización de las dos antiguas empresas estatales de palma aceitera, Sangha Palm y RNPC, para crear Eco-Oil Energie. Pero ésa no fue su única movida; hizo lo mismo con otras 45 empresas estatales, construyendo así un enorme imperio empresarial en la República del Congo que cubre los sectores de extracción de petróleo, agroindustria y manufactura. (9)
 
Algunos acuerdos de inversión firmados en los últimos años por Etoka, en nombre de Eco-Oil Energie, revelan que la empresa se dispone a expandir sus actividades y área de producción más allá del negocio del aceite de palma. Por ejemplo, en 2018, Eco-Oil firmó un acuerdo con una empresa israelí para invertir en el cultivo de mango y naranja para la producción de jugo (10), y en 2019 firmó otro acuerdo con Camaco, un inversor chino, para invertir en la fabricación de equipos agrícolas (11).
 
IFO- Industrière d'Ouesso
 
La empresa Industrie Forestière d´Ouesso (IFO) tiene una concesión para la extracción maderera de 1,16 millones de hectáreas en el norte de la República del Congo. IFO es propiedad de la empresa suiza Interholco, que en 1999 adquirió la concesión para trabajar una empresa estatal llamada SCBO. SCBO fue fundada en 1985. Interholco es subsidiaria de la empresa Danzer, una empresa maderera con sede en Austria.
 
La empresa Danzer fue fundada en 1932 por el alemán Karl Danzer y se benefició de la importación y el comercio de maderas tropicales. En 1962 se fundó Interholco en Suiza, que se hizo cargo de la comercialización de madera africana principalmente para mercados europeos. En 2015, la oficina de Danzer se trasladó de Suiza a Austria, entre otras razones, por motivos fiscales. (12)
 
Las actividades madereras de IFO están certificadas por el FSC y la empresa afirma tener “la mayor superficie de bosque continuo certificada de las regiones tropicales”. (13) El sistema de certificación del FSC ha demostrado que no garantiza a los consumidores de productos de madera tropical la conservación del área certificada ni el bienestar social de las comunidades dentro de la zona de la concesión (14). Aun así, en 2011, el grupo Danzer perdió su Certificado FSC. Esto se debió a la decisión del FSC de desvincularse de la empresa luego de que Greenpeace denunciara las actividades de SIFORCO, la subsidiaria de Danzer en la República Democrática del Congo, entre las que figuraban la tala ilegal sistemática y la participación en violaciones de los derechos humanos. (15)
 
Esta decisión también involucró a la WWF, ya que Danzer era un socio importante en la iniciativa de WWF llamada “Red Mundial de Bosques y Comercio Forestal”. (16) En 2014, sin embargo, en un comunicado de prensa, WWF celebró que IFO hubiera recuperado su certificado FSC, y solo le exigió a la empresa que “aplicara reglas estrictas contra la caza furtiva” (17).
 
Probablemente estas reglas se relacionen con el hecho de que la empresa informa que hay alrededor de 16.000 personas que viven dentro de la zona de concesión, entre ellas comunidades indígenas. La empresa afirma que cuenta con aproximadamente 40 de los llamados eco-guardias para patrullar constantemente su concesión contra “la recolección ilegal, la caza furtiva, el comercio de carne de animales silvestres y el cambio irreversible” (18).
 
En 2015, IFO, Eco-Oil Energie, WWF y otros socios participaron en un proyecto de más de 3 millones de dólares aprobado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMAM, y en inglés Global Environment Facility), con el objetivo de reforzar las áreas protegidas de la República del Congo. En 2018, la ONG Survival International, en nombre del pueblo indígena Baka, presentó una reclamación contra el FMAM y los proponentes involucrados en el proyecto. El pueblo Baka afirmó que fue desalojado de sus tierras por la fuerza. (19) Un equipo de investigadores del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reunió pruebas de que el pueblo Baka había sido objeto de violencia y abuso físico por parte de los guardias durante años, lo que incluía golpes, criminalización y encarcelamiento ilegal, quema y destrucción de la propiedad, violación, humillación al obligar a las mujeres a quitarse la ropa, entre otras atrocidades. (20) El PNUD finalmente suspendió el proyecto. Esto revela lo que ese patrullaje puede significar para los habitantes de las zonas de bosque que empresas como IFO afirman proteger.
 
El Parque Nacional Odzala-Kokoua
 
La creación del Parque en 1935 supuso la apropiación de la mayor superficie de bosque en una misma región, con 1,35 millones de hectáreas. Desde 2010, el control del Parque está totalmente en manos de la Red de Parques Africanos (en inglés African Parks Network), a través de una asociación público-privada con el gobierno congoleño por un período de 25 años. (21)
 
La Red de Parques Africanos fue fundada en 2000 y se presenta en su sitio web como una organización sin fines de lucro que administra 19 parques nacionales y áreas protegidas en 11 países de África. No obstante, está registrada como una empresa en Sudáfrica. El presidente de la empresa es Su Alteza Real el Príncipe Enrique de Gales, del Reino Unido.
 
La compañía controla en África un área total de 14,7 millones de hectáreas, aproximadamente la mitad del tamaño de Italia, y la compañía tiene la intención de crecer aún más para administrar 30 parques para 2030. La empresa señala que la captura de carbono es uno de los potenciales beneficios de sus parques, lo que indica el interés de la Red en vender créditos de carbono como fuente adicional de ingresos. A pesar de su carácter supuestamente sin fines de lucro, la empresa realiza actividades comerciales en el Parque Nacional Odzala-Kokoua, que incluyen los llamados Discovery Camps, donde los turistas pueden llegar en vuelos chárter desde la capital congoleña Brazzaville. Sin embargo, muy pocos habitantes de Brazzaville tendrán la posibilidad de disfrutar de ese turismo de lujo. Una visita de 4 días al Odzala Discovery Camp, por ejemplo, cuesta 9,960 dólares por persona. (22)
 
Detrás de la Red de Parques Africanos hay también un gran grupo de gobiernos, instituciones multilaterales, organizaciones conservacionistas, fundaciones familiares y particulares que financian su negocio de conservación. Entre los socios del Parque Nacional Odzala-Kokoua de la República del Congo figuran grupos conservacionistas como WWF, el gobierno congoleño y la Unión Europea.
 
Si bien el parque fue fundado en 1934, la propia Red de Parques Africanos afirma que “los humanos han ocupado el área durante 50.000 años”. También dice que todavía viven 12.000 personas alrededor del Parque y, “aun así, sigue siendo una de las zonas con mayor diversidad biológica y riqueza de especies del planeta” (énfasis agregado). Con esta afirmación, más que reconocer la contribución de los habitantes a que el bosque se mantenga en pie después de todos estos miles de años, la empresa deja claro que en su opinión la presencia de personas no es compatible con el objetivo de conservación del bosque. Para ellos, es a pesar de la presencia de las comunidades que aún queda biodiversidad.
 
La Red de Parques Africanos afirma proteger el Parque “con un equipo mejorado de eco-guardias y otras técnicas de seguridad policial”, además de invertir en “cambiar el comportamiento humano”. Para lograr este objetivo, la Red recibe el apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos, que “comenzó a brindar apoyo en 2018 y ha aportado más de 3 millones de dólares para uniformes, equipos y capacitación de guardaparques”, así como para el “desarrollo de liderazgo” con miras a ayudar a lograr “mayor capacidad para frenar el comercio ilegal de vida silvestre y promover la estabilidad regional”. Estas afirmaciones y opiniones sobre la conservación dejan en claro que esta Red y sus patrocinadores y aliados consideran que las personas que viven en los bosques y sus alrededores son una amenaza y que su negocio de conservación puede funcionar mejor sin ellas.
 
En la actualidad se están otorgando más concesiones a gran escala en la República del Congo, en el marco de las agendas de las industrias extractivas y de conservación. El interés de los países y empresas del Norte en seguir extrayendo minerales, madera, aceite de palma y otros productos, así como en hacer negocios con la conservación es una característica común y persistente de todos estos extensos proyectos. Para las comunidades, lo que les queda desde la época de la colonización son tierras y zonas de bosque a las que ya no tienen acceso; cada vez que intentan ingresar se enfrentan a una violenta opresión racista y patriarcal, ahora también de parte de los llamados “eco”-guardias.
 
Secretariado del WRM
 
(1) Boletín 255 del WRM, “Soluciones basadas en la naturaleza”: ocultando un enorme robo de tierras, abril de 2021
(2) WRM, Oil Palm in Africa. Past, present and future scenarios. 2013
(3) Idem
(4) Farmlandgrab, Eco-Oil Energie investira 350 milliards dans un projet agroalimentaire au Congo, 2015
(5) Eco-Oil Energie SA, 2015
(6) Rapport de Mission Pilote REDD+. Sur la thématique « autorisation de déboisement » pour la consolidation d ́une approche d’observation indépendante des exigences du processus REDD+ en République du Congo, 2016
(7) Wikipedia, Claude Wilfrid Etoka
(8) El Palacio de Christel: Alta traición en el trópico, Opening Central Africa
(9) Global Witness, What lies beneath, 2020
(10) Israel Science Info, Goutte-à-goutte : une fruiterie de 700 Ha au Congo-B irriguée grâce à Rivulis (Israël), 2018
(11) Panapress, Accord de partenariat entre la société congolaise Eco-Oil énergie et la chinoise Camaco, 2019
(12) Danzer Group
(13) Lesprom, Danzer subsidiary IFO renews its FSC certificates for the Republic of the Congo, 2014
(14) Ver información sobre el FSC en la página Web del WRM, y en FSC-Watch
(15) Greenpeace, Danzer feels the bite as the FSC show its teeth, 2013
(16) FSC-Wacth, Another FSC and WWF flagship company in Africa bites the dust as Danzer sells SIFORCO
(17) WWF, Largest forest concession in the Congo Basin receives FSC certification, 2015
(18) Global Compact Network, Sustainable Hardwood – Made in Africa, good for forest, people and planet
(19) UNDP, Social and Environmental Compliance Unit SECU, Integrated and Transboundary Conservation of Biodiversity in the Basins of the Republic of Congo, 2018
(20) The Guardian, Armed ecoguards funded by WWF 'beat up Congo tribespeople', 2020
(21) African Parks
(22) Congo Conservation Company, 2021 rates
 

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