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En países como en el que nací, Argentina, estamos muy acostumbrados a leer en diarios, revistas de chimentos o portales, noticias de este tipo:
- "¿Cuánto costaron las lujosas vacaciones de Macri en Miami?"
- "Las lujosas propiedades del gobierno Kirchner"
- "Las lujosas vacaciones de Macri en Francia"
- "Las lujosas vacaciones de Alberto Fernández luego de ver al Papa"
- "Las lujosas vacaciones de Cristina Pérez en una playa paradisíaca"
- "Las lujosas vacaciones de Brancatelli"
Verán que hay para los dos principales bandos políticos de la actualidad, inclusive la comunicadora Cristina Pérez que fue descrita por el medio en cuestión como "la periodista macrista", o Diego Brancatelli, apodado "el periodista K". Verán, también, que esta selección (completamente real: si googlean los titulares, los encontrarán) se sostiene en un adjetivo: lujosa.
La elección de la palabra no es casual: se busca desacreditar el lujo, mal visto por gran parte de una población que está inmersa en la pobreza; se busca cuestionar al que tiene dinero y lo gasta; no se hace hincapié en ningún título, o en otras partes destacadas de las notas, a si es dinero mal habido o bien ganado, si proviene del trabajo propio o familiar, del éxito profesional, nada. Porque no les importa: lo que importa, lo que "está mal", es tener plata.
Esa misma mirada es la que tiene para estos países la nueva filtración de información confidencial de empresas proveedoras de servicios fiduciarios que ha trascendido en la prensa como “Pandora Papers”.
Me he tomado el trabajo de leer unas cuantas notas que salieron en estos días, por no decir todas. Una de ellas involucra al periodista y conductor televisivo Jorge Rial, a quien se acusa (ya volveré sobre este término) de haber sido accionista de una offshore prácticamente sin actividad, con un dinero –según se informa en las mismas notas– luego declarado durante el blanqueo que permitió el gobierno de Mauricio Macri. Es decir: dinero blanco. Dinero registrado. No hay delito.
Algo similar ocurre con el exfutbolista y actual entrenador del Paris Saint Germain, Mauricio Pochettino. El título acusa (ya volveré sobre este término, no se impacienten): "Pochettino armó una estructura offshore en Islas Vírgenes Británicas para planear su sucesión y ahorrarles impuestos a sus herederos".
El mismo approach van a ver en notas sobre Julio Iglesias, Luis Miguel, Di Maria, Mascherano, y otros.
Voy a permitirme inventar un título e incluirme, no por exceso de ego sino para que nadie se sienta ofendido: "Martín Litwak puso su dinero en un plazo fijo del Banco Nación para generar intereses y ahorrar dinero para su familia".
¿Cuál es la única diferencia con lo que venimos comentando?
La palabra offshore. Solo eso. Nada más.
Los dos, Pochettino y el hipotético Litwak, hacen lo mismo: cuidar su dinero, pensar en el futuro de su familia. En el caso del deportista, además, se aclara en la nota que el jugador declaró la sociedad en España y que luego fue disuelta cuando se mudó a Gran Bretaña. Es decir: ni siquiera hay algo ilegal. Dinero bien ganado, en resguardo para el futuro familiar.
Podría seguir enumerando casos de esta última filtración, porque la inmensa mayoría de ellos no son más que –ahora sí, vuelvo al término– acusaciones. Acusaciones sin delito alguno. Probado, ni probable. Toda gente de plata, con su dinero declarado, con las sociedades declaradas o disueltas antes de ser declaradas. Son acusados de tener plata y pretender cuidarla.
"Martín Litwak puso la plata en el banco y ya la sacó". ¿Se imaginan ese título?
Como no encuentran nada ilegal, ahora además le cambian el nombre: "corrupción legal", tituló hace unos días la BBC. CORRUPCIÓN LEGAL.
¿Cómo sería corromper, pero dentro del marco legal?
A ese punto hemos caído en esta intención de desacreditar las jurisdicciones offshore. Una vez más, unas cuantas personas, organizaciones, periodistas, no están entendiendo: la herramienta no es mala, está mal si alguien la usa indebidamente. No está mal poner dinero en el Banco Nación, está mal si ese dinero es robado. No está mal guardar el dinero en el colchón y no tener cuenta bancaria para no pagar los gastos que cobran los bancos. Está mal si la plata que se guarda en el colchón viene del narcotráfico o de la corrupción.
¿Es legal? Entonces, no es noticia. ¿O acaso titularían "En 2013, Jorge Rial tuvo dos millones de pesos en una caja de ahorro del Banco de la Provincia de Buenos Aires”?
Corrupción legal no existe. Podríamos decir que es un oxímoron. Y si no es corrupción, si no hay ilegalidad, o si cierta oscuridad (dinero en algún momento no declarado) fue resuelta y pagados impuestos y culpas (a través, por ejemplo, de un blanqueo de capitales), no hay delito. Y si no hay delito, volvemos al inicio: las vacaciones de Macri, de Cristina, de Alberto o de quien sea no son cuestionables por el lujo, sino en todo caso por el origen de los fondos.
El resto, me animo a decir, es discriminación: a las offshore las discriminan por tributar distinto.
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ALGUNAS REFLEXIONES ADICIONALES
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Avancemos un poco más, que hay bastante tela para cortar.
No basta con explicar (otra vez) que no absolutamente hay nada ilegal per se en las sociedades offshore, que son meros instrumentos, ni que el término “corrupción legal” simplemente muestra que hay gente que, cuando no la puede ganar, busca empatarla.
Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones más:
- El principio general en materia de información es que cada uno es libre de mantener cualquier tipo de información en forma privada a menos que exista una obligación legal de compartirla con terceros. Se trata, ni más ni menos, del derecho de privacidad consagrado en la mayor parte de las constituciones del mundo. Si bien esto es algo obvio, por momentos pareciera que lo olvidamos y convalidamos invasiones por parte de terceros (especialmente los Estados) a nuestra privacidad. Y quien protege su privacidad no está haciendo nada malo, sobre todo cuando reside en países con alto crimen y/o baja seguridad jurídica.
- Los únicos delitos que se han cometido hasta el momento serían: (a) el robo de información y documentación que sufrieron varias empresas y (b) la publicación de información que se sabe robada (en muchos países esto es un delito y de hecho precisamente por eso The Guardian tuvo que arreglar hace poco con Appleby), y los periodistas se muestran mucho más cautos que en la época de Panama Papers o incluso Paradise Papers.
- Queda claro de todas estas filtraciones, que los llamados paraísos fiscales: (a) no juegan en absoluto un papel relevante en el financiamiento del terrorismo; (b) tampoco han sido partícipes fundamentales en las mayores estafas que el mundo ha visto; ni (c) promueven o facilitan la evasión fiscal. En todo caso, la proporción de sociedades incorporadas en jurisdicciones de baja o nula tributación que han jugado algún rol en este tipo de cuestiones no es mayor a la proporción de sociedades incorporadas en jurisdicciones de alta tributación que lo han hecho.
- También es claro que la inmensa mayoría de las sociedades constituidas en jurisdicciones offshore se utilizan con fines lícitos; y que ni la corrupción ni el terrorismo precisan que existan este tipo de jurisdicciones para perpetuarse.
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Me guardo una joyita para el final.
Los periodistas del ICIJ tratan de hacer ver a la planificación fiscal como algo malo, algo que los que tienen plata no deberían hacer. No lo dicen, porque de hecho estarían mintiendo, pero lo insinúan, dejan flotando esa idea.
Pues bien, mis queridos amigos, el ICIJ, pudiendo haberse establecido como una corporación, en cuyo caso deberían pagar un impuesto a las ganancias, en los Estados Unidos, del 21% sobre sus ganancias, eligieron registrarse ante el IRS como una entidad exenta, con lo cual no deben pagar impuestos.
En otras palabras, el ICIJ paga tantos impuestos como quienes deciden establecer una fundación irrevocable en Panamá o Liechtenstein, o un trust irrevocable en las Islas Caimán o Nueva Zelanda.
Les agradezco que hayan leído hasta acá, nos encontramos la próxima.
Abrazo,
Martín
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