Poco a poco, y prórroga a prórroga, Abengoa sigue cumpliendo semanas, meses y pronto hasta años (el próximo 28 de febrero hará dos que quedó de manifiesto que algo grave pasaba porque no se hacían públicas las cuentas de 2019) bordeando el abismo de la liquidación. El proceso vivido desde entonces ha estado marcado siempre por una constante que hoy, más que nunca, se hace patente: la opacidad. En realidad, desde que la empresa pasó a estar dirigida por gestores impuestos (Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz y, sobre todo, Christian Anders Digemose) por alguno de los principales acreedores financieros, las obligaciones de transparencia que tenía como sociedad cotizada distaban mucho de relatar a los reguladores y a los mercados la cruda realidad de que los dos rescates ejecutados en 2017 y 2019 no fueron más que operaciones para ir minimizando las pérdidas de haber provocado el preconcurso de 2015 (es así ateniéndonos a que la Audiencia Nacional sentenció que el Banco de Santander forzó hasta imponerla la destitución del entonces presidente, Felipe Benjumea Llorente, y que esa defenestración llevó al fracaso la ampliación de capital de 600 millones que estaba a punto de cristalizar), en lo que habría sido la mayor quiebra de la historia de las finanzas españolas.
En estos casi dos años, Abengoa ha pasado de presentarse como un ejemplo del mito del ave fénix que resurge de sus cenizas (Investor Day de octubre de 2019) a estar en concurso y, lamentablemente, en descomposición, pasando por provocar la causa de disolución, un tercer rescate fallido (que habría sido como los anteriores, que sólo rescataba a un grupo de acreedores), la destitución de su consejo, la elección de otro que traicionó a quienes les elegía para servir al mismo interés que los destituidos, y la definitiva petición del concurso voluntario cuando el contexto legal no lo exigía para evitar el control por el capital y mantener el de los acreedores.
Y en todo este tiempo (y en realidad desde 2016), la opacidad ha sido una constante en Abengoa. La información era escasa, confusa y alambicada, con el objetivo de dejar opacada la realidad que sí se ha reflejado en la documentación ante reguladores de otros países, como han demostrado las informaciones que el Grupo Joly ha desvelado en este mismo periodo.
Esa constante opacidad vuelve a hacerse patente ahora, en un momento en el que el deterioro del negocio es total (no hay avales para contratar, ni liquidez para nóminas, que se pagan a duras penas vendiendo activos del extranjero, y el talento sale a raudales –y con él conocimiento e información valiosa– hasta el punto de que en un año se han ido todos los responsables de las verticales del negocio) y la nueva operación de rescate está estancada, pues depende de que el Estado, otra vez, facilite la salvación no ya de Abengoa, sino de lo que queda de ella.
El grupo intentaba una reedición del tercer fallido rescate, el famoso Vellocino, pero a través del proceso concursal y mediante la formulación de una oferta que se llama vinculante aunque esté condicionada a que las arcas públicas pongan 249 millones. Esa oferta se vale de un comisionista estadounidense, Terramar Capital, que plantea una operación que repite los esquemas de los dos rescates anteriores: unas condiciones leoninas que sólo aseguran a determinados acreedores la consecución de más intereses y comisiones.
Cae la ficción Abenewco
Pero la fórmula propuesta acaba de ponerse absolutamente en cuestión. Porque tanto el rescate denominado Vellocino como la oferta hecha convenientemente justo cuando se acababa de pedir el concurso (indicio de que tras ella están los acreedores) se basaba en la ficción de que la sociedad instrumental creada en el primer rescate de 2017, Abenewco 1, era capaz de convertirse en la cabecera del grupo, dejando caer a la matriz. Y por tanto, a sus deudores, que apenas cobrarían, y a sus accionistas, la gran mayoría inversores posteriores a 2017, que lo perderían todo.
El Vellocino concursal, como podríamos llamar al proceso en el que está inmerso el grupo Abengoa, se basa en que la oferta del comisionista, que promete 200 millones que van casi íntegros a que los acreedores cobren más deuda a precios desorbitados, no existe si el Gobierno no aprueba dar la citada ayuda de 249 millones, con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, que administra la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Desde que se puso en marcha, en marzo de 2021, lo que los gestores que habían evitado su destitución presentando el concurso le dijeron al regulador bursátil español, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), es que esa ayuda había sido pedida por Abenewco 1, aunque varias fuentes señalan que siempre estuvo claro que lo pedía esa sociedad y sus seis filiales por las que participa en las verticales del negocio: Abengoa Agua, Abengoa Energía, Abener Energía, Abengoa Solar España, Abengoa Operación y Mantenimiento e Instalaciones Inabensa.
Cuando a finales de año, hace un mes, la SEPI le dijo a los interlocutores del grupo Abengoa que Abenewco 1 no es elegible para recibir esa ayuda (entre otros motivos porque es deudora ante la Agencia Tributaria y la Seguridad Social), dentro de Abengoa ni siquiera llamó la atención, porque se les dijo a los directivos y empleados que la operación se haría a través de las otras sociedades.
Pero detrás de ello hay una serie de incógnitas que ni siquiera la opacidad constante de Abengoa es capaz de tapar. En primer lugar, ¿cómo es posible hacerlo si el objeto del rescate es Abenewco 1, porque la mayoría de esa sociedad, el 70%, se vendería en el marco de un convenio anticipado del concurso? ¿Se prepara una estructura societaria diferente a la propuesta hasta ahora? ¿Qué pasa con Abenewco 1, su deuda financiera y con proveedores? Entre esas deudas financieras están el New Money 2 y el contrato Reinstated Debt, cuyo plazo de vencimiento ha vuelto a ser prorrogado hasta el 18 de febrero para no incurrir en impago e insolvencia.
Salvo estas nuevas prórrogas, nada del resto, además, se ha conocido a través de información transparente ante la CNMV, como sería obligado porque afecta a la matriz, que sigue siendo una cotizada, aunque la negociación de sus acciones lleve año y medio suspendida. Al contrario, lo poco que se sabe es por informaciones periodísticas.
La opacidad es tal que un cambio tan sustancial como éste no ha sido tratado nunca en los consejos de administración que tiene el grupo. Ni en el de la sociedad matriz y cotizada –que sigue siendo dueña del 100% de Abenewco 1, a través de Abenewco 2 y de Abenewco 2 Bis–, que controlan los accionistas que ejercen ahora la mayoría, a través de la sindicatura Abengoashares, porque copan sus tres puestos (Clemente Fernández, José Alfonso Murat y José Joaquín Martínez Sieso); ni tampoco en el consejo de la filial que se consideraba operativa, donde están presentes Fernández y Martínez Sieso, junto a Juan Pablo López-Bravo y Álvaro Polo.
Todo sigue en manos del Gobierno, que debe decidir si ayuda a una empresa en la que no se cumple con las obligaciones, incluso perjudicando los intereses del Estado porque el principal accionista individual de Abengoa sigue siendo el Estado, con más del 3,5% del capital. Y que debe, además, justificar que la ayuda se presta porque la empresa era solvente a 31 de diciembre de 2019 (algo realmente en duda si es es riguroso) y que la pandemia provocó un riesgo de insolvencia, cuando está documentado que no era así. Dicho de otro modo, el escándalo de la aerolínea Plus Ultra sería un chiste en comparación. Otra cosa es que por la importancia de Abengoa merezca ser rescatada, pero por una vez debería ser para salvar de verdad el negocio y los empleos y no a bancos y fondos oportunistas.
Mientras se decide si ese rescate con testaferro, porque Terramar sigue manteniendo su oferta, según la versión de los consejeros que trabajan para los acreedores, éstos bloquean cualquier iniciativa de los consejeros que representan al capital, con el beneplácito de la administración concursal, EY Abogados, que es quien en definitiva y a la postre permite esa situación y que una sociedad concursada incumpla los deberes de transparencia que tiene una cotizada en el mercado de valores español.
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| LUNES, 31 DE ENERO, 2022
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