La industria andaluza acaba de sufrir un golpe –uno más– durísimo por inopinado: General Dinamics ha decidido que la fábrica de Santa Bárbara Sistemas –empresa de su propiedad– de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) deje de tener un papel protagonista en la construcción del nuevo vehículo blindado del Ejército de Tierra español, el Dragón 8x8.
Santa Bárbara es uno de los socios fundamentales de Tess Defense, la empresa que creó junto a Indra Sistemas, Sapa Placencia y Escribano Mechanical & Engineering para optar al que es mayor contrato otorgado por el Ministerio de Defensa de España para un programa de la fuerza terrestre y que supera los 1.740 millones de euros. Tanto que tiene la misión de convertir en realidad los nuevos vehículos blindados y procurar que el modelo se comercialice en otros países.
Cuando en agosto de 2020, Defensa y Tess Defense firmaron el contrato la empresa adjudicataria del contrato sostuvo que la planta sevillana tendría un papel destacado en el cumplimiento del mismo y, también, en el proceso de convertir el Dragón 8x8 en un producto exportable a otros países. Año y medio después. General Dinamics planea un futuro muy distinto para la fábrica alcalareña, nada de 30 años de prosperidad basada en la carga de trabajo que suponía este contrato; sino incertidumbre de si éste es un paso previo al desmantelamiento o cierre (como temen los representantes de los empleados); ni crecimiento del empleo, sino despidos, pese a que el contrato prevé la creación de 9.000 puestos de trabajo.
La decisión de la empresa pone en evidencia a las administraciones. La primera el propio Ministerio de Defensa que contrató la construcción del blindado (y que por cierto había dudado de la capacidad de Santa Bárbara como contratista, teniendo a Indra y Sapa como subcontratistas, cuyo rechazo provocó la creación de Tess Defense).
El Gobierno de España no ha tardado en expresar su malestar por la decisión tomada. La propia ministra de Defensa, Margarita Robles, hizo de portavoz del mismo en una visita a Sevilla (a la base de El Copero, en concreto) y acusó nada más y nada menos que de “falta de lealtad” a Santa Bárbara Sistemas, porque precisamente uno de los objetivos del megacontrado del Ejército de Tierra es la creación de empleo.
También la Junta ha reaccionado y ha pedido explicaciones a la compañía, con vistas a que rectifique su decisión y mantenga el empleo y la carga de trabajo inicialmente prevista para el centro de Alcalá de Guadaíra.
El caso del blindado requiere que los poderes públicos, singularmente el Ministerio de Defensa, exija el cumplimiento del contrato en los términos previstos, y eso incluye los sociales también. La revisión escrupulosa del contrato debería permitir a las Administraciones impedir que se trunque un proyecto industrial como éste. Y si no es así, quedará aún más patente que la política industrial no cumple su cometido.
Enésimo ejemplo
Porque más allá de la resolución concreta del conflicto generado por General Dinamics al tomar esa decisión, queda la certeza de que Andalucía necesita una política industrial decidida y clara, que no permita a grandes corporaciones aplicar la ley del embudo: hacerse con todas las ventajas o ayudas que permita el marcos normativo sin cumplir las expectativas de mantenimiento del tejido industrial.
El de Santa Bárbara no es más que el enésimo ejemplo de una industria que no acaba de apostar por Andalucía o que no duda en marcharse sin más sin que nadie pueda reclamar. Ahí está el caso reciente de Airbus en Puerto Real, que en vez de aplicar una redistribución de la carga de trabajo tras la cancelación del programa del gigante de la aviación, el A-380, optó por cerrar la planta andaluza mientras potencia la de Getafe de manera ostensible. Hay otros ejemplos en los últimos lustros, como Delphi, también en Puerto Real, o Santana Motor, en Linares, que dejaron a Andalucía sin industria de automoción. Y eso sin entrar en el caso sangrante de Abengoa, destruida desde el sector financiero y con complicidad pública, como tanto hemos analizado aquí.
Tanto el Gobierno central como la Junta deberían esforzarse por dotar a una comunidad como la andaluza, con cerca de 9 millones de habitantes y más grande que muchos países de la Unión Europea, de más industria, porque es una de las principales carencias de su tejido productivo.
Una política industrial adecuada debe asegurar el mantenimiento de las instalaciones que atrae con incentivos, impidiendo la marcha caprichosa y arbitraria. Andalucia necesita mucha más industria para competir con otras comunidades autónomas y regiones de Europa, porque el peso relativo de esta actividad en el Producto Interior Bruto es muy bajo. En Andalucía es del 11%, menos de la mitad que en el País Vasco (24%) o Navarra (26%).
Precisamente en esos territorios hay una política industrial reconocible, con unos poderes autonómicos centrados en potenciar un sector privado que arraigue, y mucho más importante, que genera un sector auxiliar local muy potente capaz de retroalimentar la instalación de nuevas industrias. En Andalucía, este es un mal endémico que lleva decenios de retraso, no sólo en las anteriores revoluciones industriales, sino también en el propio desarrollo autonómico, en el que durante años primó la creación de estructuras administrativas por encima del desarrollo del sector privado. Así durante los año de gobierno socialista en la Junta (la comparación de las políticas vista en abril de 2018 en Sevilla fue bochornosa) y es uno de los cambios en los que de verdad debía centrarse el nuevo Gobierno autonómico.
Porque si el escaso tejido que hay lo tiene fácil para desmantelar la industria existente y no encuentra una reacción contundente, más allá de rechazos retóricos y grandilocuentes, Andalucía no tendrá nunca el desarrollo industrial que le pertenece por población, territorio y potencialidad geográfica.
Pero eso exige una política industrial seria, que no sea motivo del debate público sólo cuando truena, como ahora con Santa Bárbara.
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| LUNES, 14 DE FEBRERO, 2022
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