Abengoa: Rayando la impunidad
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La situación que vive desde hace unos años Abengoa SA no deja de ofrecer sorpresas, por más cuestiones que se desvelen de lo acaecido desde que la compañía entrase en una crisis –de la que en realidad nunca ha salido– en el verano de 2015.
Los diarios del Grupo Joly desvelan este lunes una noticia que viene a sumarse a una interminable lista de hechos que incluyen la intervención de un banco, el Santander, para imponer la destitución del presidente ejecutivo que entonces tenía, Felipe Benjumea Llorente (un hecho probado en sentencia firme de la Audiencia Nacional) y, a partir de entonces, un proceso de supuestos rescates que nunca reflotaron a la cotizada sevillana, y que, por el contrario, ha permitido a un grupo reducido de acreedores minimizar el impacto que el hundimiento de la compañía les suponía. Un repaso al histórico de esta newsletter, que arrancó el día que se desveló la existencia de una fundación opaca en Holanda en la cúspide del entramado societario creado en el primero de esos rescates, o a la investigación que sobre Abengoa se ha realizado en los citados diarios lo cuentan con detalle.
La noticia de este lunes señala que la gestión que mereció una sanción por parte del regulador bursátil español no ha supuesto consecuencia alguna, de momento, para los infractores. Una situación rayana en la impunidad.
Infractores pero no pagadores
Como detalla la información, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sancionó el 22 de julio de 2021 al consejo de administración de Abengoa que fue destituido por los accionistas en noviembre de 2020 con una multa de 20.000 euros a cada uno de los siete miembros del mismo: Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz, Manuel Castro Aladro, José Luis del Valle Doblado, José Wahnon Levy, Ramón Sotomayor Jáuregui, Pilar Cavero Mestre y Josep Piqué Camps. Pero ninguno de ellos ha abonado con cargo a su patrimonio esas multas, según confirmaron fuentes de la compañía fundada en 1941.
Dicha sanción había trascendido el 30 de julio del año pasado, cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE), publicó la resolución de la CNMV que declaraba firme por la vía administrativa la imposición de una multa agregada de 140.000 euros al consejo de administración que incumplió la obligación de informar a los mercados de las cuentas consolidadas de la cotizada sevillana en el plazo legalmente establecido. La CNMV consideró este incumplimiento una comisión de una infracción muy grave del artículo 282.2, en relación con el artículo 118, ambos de la Ley del Mercado de Valores.
Tan grave que según el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, había sostenido semanas antes que el incumplimiento de ese requisito motivó que a los dos tipos de acciones de Abengoa se les suspendiese la cotización el 14 de julio de 2020, situación en la que sigue. Curiosamente el cumplimiento de esos requisitos posteriormente no ha propiciado el levantamiento de la suspensión, aunque es cierto que siete meses después de la suspensión y sin haber cumplido ninguno de esas obligaciones la cotizada fue declarada en concurso de acreedores.
Las multas impuestas fueron recurridas ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa por los sancionados, aunque fue la compañía aseguradora contratada al efecto, la que se hace cargo del pago de los 140.000 euros que en total suman los siete castigos.
Esto supone que ninguno de los consejeros por tanto ha pagado con cargo a su patrimonio, pese a ser los responsables individuales. De hecho, la sanción se impuso a cada uno de ellos y no a la compañía.
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La cotizada sale perjudicada
Como en la mayoría de los hechos que se han desvelado de la gestión de Abengoa en los últimos años, la propia compañía –y por tanto sus accionistas– son los que están siendo perjudicados por aquella gestión. Es la cotizada la que ha tenido que pagar como consecuencia de esas multas. Porque, aunque el pago de las multas tiene que ser asumida por el seguro de responsabilidad suscrito para los miembros del consejo de administración –algo habitual–, la reacción de la la aseguradora ha sido duplicar el importe de la cuantía de la prima que la compañía paga. Cabe preguntarse si una omisión voluntaria y muy grave, a juicio de la CNMV, como la sancionada no es causa suficiente para que el seguro rehuse pagar porque exceda las coberturas de la póliza.
No es el único gasto que asume el grupo asegurador. Al contrario, cuentan desde Abengoa que se está haciendo cargo de otros derivados de las consecuencias de las decisiones que adoptaron estos siete consejeros. Entre esos gastos también está la defensa jurídica, ya que los siete consejeros están siendo investigados en la querella presentada contra ellos por Inversión Corporativa (IC) por la supuesta comisión de un delito de administración desleal, un delito contra el mercado, un delito societario, y un eventual delito de estafa, según precisó la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla al informar sobre los hechos que han motivado dicha acción penal.
La sanción de la CNMV, además, fue muy criticada por los accionistas sindicados que ostentan la mayoría del capital actualmente en Abengoa. Abengoashares consideró de escasa cuantía, a tenor de la retribuciones que tenían, la multa que se les impuso. La constatación de que ni siquiera esas cantidades han mermado el patrimonio de los consejeros infractores deja esa queja obsoleta.
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Nuevas exigencias de CNMV
La CNMV, además, está obligando a la compañía a publicar con posterioridad toda la información que se le negó al mercado durante meses. Por eso la pasada semana, aun con las cuentas de 2020 ya aprobadas por la junta general de accionistas, la compañía hizo pública los estados contables hasta el 30 de septiembre de este año. Abengoa tendrá que ir cumpliendo con el requisito de publicar toda la información trimestral o semestral (a partir del cambio de normativa) que no ha sido facilitada en tiempo y forma por el consejo de administración, el sancionado y el que le sustituyó y que también dejó su responsabilidad, bien por dimisiones, bien por ceses.
La empresa sigue esperando a que se conozca si el Gobierno concede o no la ayuda de 249 millones de euros que han solicitado las filiales de Abengoa al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El grupo de ingeniería completó en las últimas semanas la entrega de toda la información que desde la SEPI, o los asesores contratados por ésta para informar sobre la solicitud del rescate, incluyendo auditorías de las compañías receptoras de las ayudas. Eso supone que la pelota está en el tejado de la SEPI. Está por ver si se superan los recelos que levanta que la ayuda esté vinculada a la compra del 70% de Abenewco 1 por Terramar Capital, un comisionista estadounidense con pésimas referencias de tribunales de bancarrotas en su país de origen y que incluso está suspendida por el Estado de California, aunque sigue operando desde Delaware.
Mientras llega o no esa ayuda, la compañía sigue pactando prórrogas con sus principales acreedores financieros, para evitar la bancarrota del grupo al completo. En la noche del pasado viernes, volvió a hacer pública que prorroga el plazo de vencimiento de las deudas asociadas a los instrumentos financieros New Money 2 y Reinstated Debt, que ahora expira el 22 de abril de 2022.
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