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La detención de Sara B. B. en abril de 2019 fue ilegal. El Tribunal Supremo acaba de confirmar la sanción a la jueza de Zafra que ordenó su arresto sin tener las competencias para hacerlo. El resultado de aquella decisión fue el arrancamiento violento de las hijas de Sara, que entonces tenían 3 y 5 años. La Policía se las entregó a su expareja, que durante más de dos años no dejó que las viese ni que hablase con ellas, pese a que no existía ninguna orden de alejamiento o incomunicación.
La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha sancionado a la jueza con 45 días de suspensión de funciones “por una falta muy grave de desatención en el cumplimiento de los deberes judiciales”. Una pena claramente insuficiente teniendo el cuenta el sufrimiento causado desde entonces. Tras la detención, Sara fue sometida a un trato vejatorio en la Comisaría de Badajoz, como ha constatado el Tribunal Constitucional recientemente.
Como titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Zafra, la magistrada dictó dos providencias para que se localizara y apercibiera a Sara para que entregara a sus dos hijas a su expareja, con la amenaza de que, en caso de negarse, incurriría en un delito de desobediencia a la autoridad judicial y/o sustracción de menores. En última instancia, ordenaba la detención de Sara y su puesta a disposición judicial si seguía negándose a entregar a las niñas. Una experiencia que, por desgracia, conocen muchas madres protectoras.
El Supremo señala que la jueza culminó “su incorrecta actuación con la efectiva detención y consecuente pérdida de libertad de la parte en un proceso civil, conducta de extrema gravedad por afectar a un derecho tan nuclear como el de la libertad y que parte de un desconocimiento inexcusable de la diferencia existente entre las potestades que corresponde en el ejercicio de la jurisdicción civil y penal [...]".
Actualmente, Sara solo puede ver a sus hijas dos horas por semana, vigilada en un Punto de Encuentro Familiar. Un régimen de visitas insuficiente para que pueda restablecer el vínculo con las niñas y tener una relación maternofilial adecuada a su desarrollo infantil, como establece la sentencia de medidas definitivas de guarda y custodia de julio de 2021.
Trato degradante de la Policía
En febrero, el Tribunal Constitucional reconoció que había sido vulnerado el derecho de Sara a la tutela judicial efectiva sin indefensión. Cuando fue detenida ilegalmente en 2019, los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) la llevaron a la Comisaría de Badajoz y le hicieron un cacheo con desnudo integral innecesario y humillante, lo que supuso "una violación de su derecho a no ser sometida a torturas ni a tratos inhumanos o degradantes". A pesar de solicitar el habeas corpus, la retuvieron en los calabozos hasta el día siguiente, cuando fue puesta a disposición judicial.
Sara denunció el trato recibido y aportó una grabación de audio que había logrado hacer durante su detención, pero tanto el Juzgado de Instrucción nº 4 de Badajoz como la Audiencia Provincial archivaron el caso después de que la UFAM negara los hechos. El Tribunal Constitucional ha ordenado anular esas sentencias y realizar una investigación exhaustiva de lo sucedido.
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