No desconocemos que México vive una situación preocupante de violencia e inseguridad; sin embargo, la militarización de la seguridad pública no es la respuesta adecuada para resolverla. La evidencia muestra con contundencia que la militarización es, en sí, una causante de más violencia atroz. La detención del General Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, a quien se le acusó de haber utilizado al Ejército mexicano para exterminar a los enemigos comerciales del cartel protegido por el propio Ejército, revelan que el Ejército es lo que se conoce en la literatura como un pro-violation constituency, pues claramente tiene un interés económico y político en mantener y perpetuar la violencia a través del poder político y económico que conlleva la legalización de su rol en las tareas de seguridad.
El profundo dolor de las víctimas de la militarización eleva un imperativo ético y legal para actuar de inmediato frente a la instalación de un auténtico estado de excepción. En la medida en que el Ejército viola sistemáticamente normas imperativas de derecho internacional, nuestras instituciones deben estar a la altura, y deben propiciar el despertar de la conciencia jurídica universal para hacer frente al horror y la tragedia constitucionalizada que hoy vivimos. El daño y dolor sufridos por las víctimas de la militarización afecta a la humanidad en su conjunto. Las personas que están temporalmente a cargo de nuestras instituciones no deben de olvidar que no descansaremos ni un solo momento para que sean llamadas a rendir cuentas, y para que la justicia –desde México o el extranjero– finalmente se siente entre nosotras.
Las políticas de simulación gubernamental no deben distraernos de la realidad: la existencia misma de nuestra democracia está en riesgo. En ese sentido, lamentamos, condenamos y reprobamos profundamente la postura criminal y cómplice asumida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante la iniciativa, abiertamente inconstitucional, que fue aprobada por el Congreso de la Unión. En ese sentido, consideramos que el Subcomité de Acreditaciones y al Buró de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) debe iniciar una revisión extraordinaria de la situación de la CNDH y emitir una resolución en la que le revoque la categoría “A”, pues claramente la institución no está cumpliendo en buena parte con los Principios de París.
Asimismo, consideramos que la situación de la CNDH, se suma a la irresponsabilidad y complicidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por sus omisiones en discutir y resolver las impugnaciones pendientes sobre la cuestión de la militarización, lo que revela la falta total de voluntad de las instituciones del Estado mexicano para funcionar como un contrapeso real frente a una política que coloca en riesgo la existencia misma del estado democrático de derecho. El legado del actual presidente de la SCJN quedará marcado, de manera indeleble, por su complicidad con la instalación de un Estado militar. La ausencia de mecanismos efectivos para protegernos de la arbitrariedad, constituyen una genuina desviación de poder, y nos dejan en la indefensión absoluta.
No exageramos cuando decimos que nuestra vida democrática está en riesgo. El momento de actuar es ahora.
Por una #SeguridadSinGuerra.
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