El 31 de agosto, fueron indultadas 110 personas en Venezuela. Sin embargo,"con esta decisión se dejaron por fuera más de 330 presos políticos que aún exigen justicia"    

La carta corresponde a una entrevista dirigida a Raquel Sánchez, coordinadora del Estado Táchira de Foro Penal, organización dedicada a la asistencia legal de personas detenidas arbitrariamente en Venezuela.  


En Venezuela, los defensores de derechos humanos no dejamos de sorprendernos por las decisiones tomadas desde el poder central. El más reciente ejemplo, es el decreto que indultó a 110 personas el pasado 31 de agosto, de las cuales, tan solo 53 eran presos políticos, 26 tenían investigaciones por causas políticas, 24 eran excarcelados con procesos pendientes, 6 se encontraban en libertad plena sin procesos pendientes y 1 era un preso común. A pesar de la importancia de esta acción, nos preocupa que con esta decisión se dejaron por fuera más de 330 presos políticos que aún exigen justicia.  

Por el momento, seguimos a la espera de la liberación de todos los beneficiados. De igual manera, desde Foro Penal continuaremos prestando asistencia legal a víctimas e impulsando acciones colectivas que busquen el cese de la represión a través de amparos y denuncias ante los tribunales. Esperamos que este tipo de medidas no terminen siendo una simple ficha de negociación de aspectos políticos, sino que sean una garantía real frente a las detenciones arbitrarias para que no continúen siendo una puerta giratoria, tal y como ocurrió en el caso del periodista Jesús Medina, quien fue detenido el 31 de agosto mientras era divulgado el decreto de indultos.    

Por su parte, en el Estado Táchira, al occidente de Venezuela y frontera con Colombia, en Foro Penal hemos registrado 17 presos políticos de los cuales ninguno fue beneficiado con el indulto decretado y que 7 de los indultados son originarios de este Estado. Por otra parte, desde el 2004 vivimos una crisis humanitaria debido a la falta de alimentos, gasolina, servicios públicos, de justicia e inestabilidad política que han desencadenado en múltiples manifestaciones públicas, de las cuales, solo ha quedado la represión sobre la sociedad civil.  Actualmente, la situación no muestra un panorama más alentador; desde que se decretó la cuarentena debido al Covid-19, el pasado 17 de marzo, se han sumado  nuevos problemas a esta crisis que no ha sido atendida.  

Uno de estos temas es la salud. Actualmente, tenemos escasez de personal e insumos médicos, así como de pruebas para detectar el virus. Además, el personal médico está siendo víctima de constantes amenazas en caso de denunciar hechos que acontecen dentro de los centros de salud, como es la falta de material de bioseguridad, pues en caso de hacerlo, son detenidos arbitrariamente. 

Mientras tanto, el régimen de Maduro sigue dictando normas inconstitucionales que pasan por encima del poder del pueblo para manejar los recursos a su arbitrio, lo que a su vez incide en la limitación de bienes y servicios y el aumento de los abusos de poder en el país. Este es el caso de los protectorados, un organismo al margen de la ley creado para fungir como gobierno paralelo en los Estados de Anzoategui, Mérida, Nueva Esparta, Táchira y Zulia, luego de que en el 2017 ganaran en elecciones gobernadores de oposición. Una maniobra preocupante, pues doblega a los Gobernadores de oposición elegidos democráticamente a los intereses del régimen, quitándoles su libertad de administrar autónomamente los recursos dentro de sus Estados.  

Para terminar, pienso que el Gobierno de Maduro ha realizado cambios estructurales en el país que han generado resultados negativos para nuestra sociedad, los cuales, más allá de ser impactos políticos, han sido transformaciones culturales. En vista de la necesidad y el caos, las personas han cambiado los valores por los antivalores pasando por encima de su dignidad. Por tal motivo, debemos salir del sistema represivo que nos mantiene con miedo y, actuar para retomar aquellos valores que nos permitan alzar nuestra voz para reclamar la garantía y protección de nuestros derechos en Venezuela.