SOSOrinoco expone su posición ante la actividad desplegada en la Asamblea Nacional a fin de discutir y eventualmente aprobar una nueva Ley de Minas.
El problema minero de Venezuela se origina en el caos que ha desatado esta actividad al Sur del país, y éste no es un mero problema de mala gestión de la minería como actividad económica, es un problema de anarquía política, social, económica, ambiental, sanitaria y de seguridad, que ha sido dirigida, planificada y ejecutada por el gobierno. Para ponerlo en justos términos: la codicia levantada por la explotación de minerales de alto valor económico, de fácil explotación, tráfico y convertibilidad, y de poca trazabilidad, como lo son el oro, diamante y coltán, ha promovido un sistema delincuencial, diseñado y manejado por funcionarios del Estado (militares principalmente y civiles prominentes) para su beneficio personal, que requiere de la desaparición de la institucionalidad. La realidad es que esta minería ha desatado la más absoluta violencia y ha destruido otras formas de economías (turismo, ganadería, agricultura, forestal). Ella se sustenta en la violación de los derechos humanos, la destrucción de los pueblos y culturas indígenas, en la destrucción de los ecosistemas, de las áreas protegidas, generando la descomposición del tejido social, lo cual ha desembocado en una pérdida de soberanía de la República que ha sido suplida por grupos armados internacionales.
Nos preguntamos: ¿cuál debe ser la prioridad para una clase política venezolana seria, responsable y comprometida con la salvación del país? ¿discutir una Ley de Minas o diseñar una estrategia políticamente viable para desactivar ese sistema delincuencial, que sin duda alguna es uno de los grandes problemas estratégicos que deberá enfrentar el país ante el inminente cambio político? El caos minero compromete la viabilidad de Venezuela como nación. Para abordar la minería correctamente, como una simple actividad económica más, tenemos que darle un marco en el que ella pueda resultar positiva para la sociedad venezolana. Para ello tenemos primero que desmitificarla:
- La minería no va a resolver los problemas económicos del país en un escenario de transición política: por el contrario, podría agravarlos si no se desmantela el sistema delincuencial y si no se genera un sistema de riqueza alternativo, y esto no es el objeto de una ley de minas
- La minería, por definición, no es una actividad sustentable o sostenible, ni tampoco es “ambientalmente sostenible o sustentable”: su propia naturaleza es destructiva del paisaje y del ecosistema, que genera impactos a perpetuidad
- La minería no podrá jamás establecer la base económica ni financiera para un Estado moderno y sostenible: por una parte, hay mucho de fantasía colectiva, de versión Siglo XXI del Mito de El Dorado, en la mente de algunos políticos y de parte de la sociedad venezolana (esto reforzado por un sistema educativo distorsionado y montado sobre premisas fácticas falsas), y por la otra, Venezuela necesita una economía diversificada que esté fundamentalmente sustentada en la creación, en la innovación, en el desarrollo de tecnologías, en el valor agregado, donde el mero “extractivismo” debe estar considerablemente reducido
- Las reservas de oro y otros minerales de alto valor no son tan grandes como la inducida “leyenda popular” ha querido vender: es cierto que dentro de la diversidad geológica venezolana hay recursos mineros potenciales, pero sus reservas están lejos de haber sido estimadas adecuadamente y los resultados preliminares no ubican a Venezuela dentro de los primeros lugares del ranking mundial en casi ningún rubro.
Eliminar este sistema delincuencial requiere de una política bien diseñada y acordada entre todos los actores políticos y sociales del país, no sólo de la región Guayana. Requiere de una planificación que debe ser adoptada desde el Estado, con un acuerdo político de alto nivel entre todos los partidos y los demás actores sociales, ninguno de los cuales es prescindible o poco importante: iglesias, universidades, sindicatos, comerciantes, industriales, etc. Esta política no sólo debe ser formulada en sus aspectos estratégicos, sino que debe contar con una hoja de ruta para su implementación. Algunos de los objetivos de tal política deberán ser los siguientes:
- Desactivar a todos los grupos armados, a través de una fuerza pública capaz de hacerlo dentro de parámetros de respeto a los derechos humanos
- Confinamiento de la expansión minera
- Desalojo de la minería de sitios estratégicos y prohibidos (parques nacionales y demás áreas protegidas)
- Creación de fuentes de trabajo formales que absorban a buena parte de la mano de obra minera
- Resolver los conflictos jurídicos generados por las medidas arbitrarias de la dictadura en contra de titulares de derechos mineros
- Medidas de estímulo para fomentar el abandono de la actividad minera depredadora y medidas de estímulo para la restitución de economías turísticas, agrícolas y pecuarias, con aseguramiento de la seguridad ciudadana
- Desmontaje de la trama militar que continuará intentando controlar la minería
- Control efectivo sobre aeropuertos, pistas de aterrizaje, espacio aéreo, aeronaves, tráfico de mercurio, combustible y otros insumos y condiciones esenciales para la minería
Podemos seguir con un largo etcétera de objetivos que son esenciales para poderlo lograr, pero más allá de formular objetivos, lo absolutamente fundamental es diseñar mecanismos viables para alcanzar el retorno de la institucionalidad, que tengan aceptación tras un acuerdo político de gran envergadura y de largo alcance temporal. Sólo una vez que este plan se encuentre en ese nivel de desarrollo, consenso, aprobación y ejecución es que tiene sentido redactar una Ley de Minas, cuyo objetivo fundamental debe ser coadyuvar a que esa política, ese plan estratégico, tenga viabilidad. Sin antes saber el qué
y el cómo, es imposible saber cuáles son las normas que deben apoyar ese proceso.
El objetivo de SOSOrinoco es documentar y dar visibilidad a toda la problemática minera y crear conciencia sobre la tragedia que está ocurriendo, así como perfilar algunas medidas urgentes que se deben tomar para detener y revertir el desastre humano y ecológico que está en pleno desarrollo.
En este sentido, la conclusión de SOSOrinoco es que la discusión de un anteproyecto o proyecto de Ley de Minas es inoportuna, no va a resolver el problema, e incluso se corre el riesgo de que pueda agravarlo. Bajo el supuesto negado de la aprobación de semejante ley, sin tener un plan estratégico claro y viable, la Caja de Pandora del fenómeno minero-delincuencial puede tornarse en un nuevo sistema más perverso aún, y con repercusiones y alcances desconocidos. Exhortamos a los diputados de la Asamblea Nacional a que se avoquen y den prioridad a la elaboración y discusión del tan necesario plan estratégico. |
