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Octubre 7 del 2020
El boletín Cartas desde la cuarentena es un espacio donde defensoras y defensores de derechos humanos comparten su análisis sobre la situación actual de Venezuela.

Los actuales retos del Estado Táchira: entre el cierre de la frontera Colombo-venezolana y el recrudecimiento de su sistema carcelario. 

El texto corresponde a una entrevista dirigida Raiza Ramírez, abogada del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), organización no gubernamental que vela por los derechos de las personas privadas de la libertad en Venezuela.  

Les hablo desde San Cristóbal, capital del Estado Táchira. Estamos ubicados en la zona occidente de Venezuela, frontera con el departamento de Norte de Santander, Colombia; antiguamente una de las más importantes de la región, pero que ahora enfrenta serios retos frente a la situación migratoria como consecuencia de la pandemia actual. A su vez, un Estado que vive el recrudecimiento de su sistema carcelario debido a que no se le están garantizando mínimos vitales a los reclusos.

Desde que se dio el cierre de frontera, primero en 2015 por el Estado venezolano y en 2020 por el Estado Colombiano ante la expansión del Covid-19, ha surgido una situación delicada para los migrantes que desean retornar a Venezuela. Actualmente, en la frontera hay aproximadamente 40.000 personas que están a la espera de ingresar al país, de las cuales, un máximo de 300 personas pueden entrar durante 3 días de la semana que les es permitido. A esto se suma que, una vez en territorio venezolano, los migrantes retornados son obligados a vivir por 15 días, o más, dentro de Puestos de Atención Social Integral (PASI) en los Estados de Apure y Táchira, los cuales son vigilados por militares bajo condiciones denigrantes; situación que ha acarreado una serie de protestas debido a que se encuentran hacinados sin alimentación, agua potable, ventilación o atención médica. Adicionalmente, las autoridades los tratan como prisioneros y han creado un ambiente de discriminación, pues han llegado al punto de considerarlos armas bioquímicas enviados por países vecinos para atacar a Venezuela.   

Frente a la situación carcelaria del Estado Táchira, también vemos una situación preocupante. En este momento, hay aproximadamente 2480 hombres y mujeres en centros penitenciarios y de detención policial. Pese a esta cifra, debido a restricciones durante la pandemia, tanto defensores como familiares no hemos podido visitarles desde hace 5 meses para llevarles comida e implementos de aseo personal. El panorama empeora debido a las nefastas condiciones en las que viven, donde más de la mitad de la población carcelaria está sufriendo de desnutrición porque solo se les está brindando una porción de comida diaria, tal y como fue denunciado por el Observatorio Venezolano de Prisiones. Igualmente, hay un número importante de presos que tienen enfermedades como tuberculosis, hepatitis o Covid-19, sin que podamos tener certeza de las cifras debido a la inexistencia de información oficial.  

En cuanto a nuestro trabajo como defensores de derechos humanos, nos hemos visto impedidos en ejercer nuestra labor integralmente. La Defensoría del Pueblo y los tribunales se encuentran cerrados, además, solo nos enteramos de las violaciones de derechos humanos a través de la prensa o cuando somos contactados por las víctimas o sus familiares. Adicionalmente, continúa una persecución contra nosotros: por ejemplo, el pasado 28 de septiembre, el automóvil de la abogada de Foro Penal, Raquel Sánchez, fue atacado con piedras desde un vehículo en movimiento. También, hemos visto automóviles desconocidos vigilando nuestras casas y, constantes amenazas de ser detenidos por parte de jueces de la jurisdicción militar en caso de ir ante “sus tribunales”.   

Toda esta situación me genera gran frustración porque cercena nuestro derecho al trabajo y, en general, a la vida digna de todos los venezolanos. Como abogada y defensora de derechos humanos, concluyo que debemos exigir que se nos respeten nuestros derechos para salir del letargo que nos ha sumido el régimen actual, pues no podemos mantenernos sumisos debido a las necesidades que vivimos diariamente. Además, la sociedad civil debe brindar apoyo a las poblaciones más vulnerables, como es la migrante o carcelaria, a través de la visibilidad a nivel internacional de lo que ocurre en el país, como fue el caso del informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela frente a los delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen actual.  

Calle 3 del paraíso, San Cristobal, Táchira, Venezuela, 2020
Foto tomada por Raiza Ramirez

Cartas desde la Cuarentena

Bienvenidas y bienvenidos al boletín de noticias de Civil Rights Defenders "Cartas desde la cuarentena", un espacio donde defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, artistas y activistas estarán compartiendo sus experiencias, análisis o trabajos creativos sobre el impacto del Covid-19 en la garantía y protección de los Derechos Humanos en Venezuela.  

Cada semana, el boletín se enfocará en un Estado distinto del país con la colaboración de protagonistas en el territorio, para así evadir la censura existente sobre el tema.
 
"La libertad de expresión es la base de los derechos humanos, la raíz de la naturaleza humana y la madre de la verdad". 
Liu Xiaobo.  
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