El consejo de administración de Abengoa planteó el pasado 17 de marzo, al comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su nueva propuesta de rescate, que no es más que una versión más alambicada del rescate que presentaron en agosto sus antecesores, la oferta no vinculante de la empresa estadounidense Terramar Capital como “la única salida” que tiene el grupo. Desde que traicionaron a los accionistas que los situaron en sus cargos el pasado 22 de diciembre, toda la acción de esos consejeros -salvo el de Jordi Sarrias, que dimitió- ha sido milimétricamente calcada al modo en que procedía el consejo anterior, destituido por los accionistas el 17 de noviembre de 2020. Incluso en el lenguaje: si antes el Vellocino era la única salida, ahora se define así una propuesta que entrega a un comisionista todo el valor del grupo Abengoa a cambio de aportar 50 millones de capital, pero condicionado a que el Estado aporte 249 millones, a través del fondo de rescate creado con motivo de la pandemia por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Aunque con matices, el plan es el mismo que el trazado en agosto: refinanciación a través del ICO, que prestaría 50 millones y avalaría 126 de los 180 que prestaría la banca, y aportación de hasta 300 millones en avales por parte del Cesce. Previamente, Terramar prestaría 35 millones a un interés del 12%. Y se aseguraría lo que este consejo, contra el mandato establecido por los accionistas en noviembre, y el anterior pretenden de verdad: romper el grupo y liquidar la matriz, la histórica Abengoa SL, luego convertida en SA, que fue fundada en 1941. Con ello, los accionistas perderían su inversión, también los más de 400 millones que el Estado puso en 2017 (deudas convertidas en acciones que no vendieron como si hicieron fondos y bancos), y, sobre todo, quedaría enterrado todo lo hecho entre 2015 y 2020. De paso también se inhibirían del pago a los proveedores que son acreedores de la matriz (y que son a quienes el juez y el flamante administrador concursal, EY, deberían proteger).
Las revelaciones hechas por los diarios del Grupo Joly en las últimas semanas respecto a los controles que los acreedores ejercieron sobre el grupo desde 2016, con prohibición de elevar beneficios desde las filiales operativas a la matriz y control extremo del gobierno corporativo, apuntan a un concurso encubierto y sin supervisión judicial. Una administración de hecho por parte de los acreedores, algo prohibido a los bancos por la estricta regulación del sector financiero. El mismo día que se revelaron esas prácticas documentadas, el Banco de Santander ofrecía a iniciativa propia explicaciones que señalaban a los fondos como los responsables de la estructura de sociedades en Luxemburgo y Holanda y sostenían que la banca española dejó sus garantías en la estructura de sociedades anónimas españolas -las tres Abenewco-. El dinero supuestamente prestado desde el extranjero sirvió, empero, para liquidar la financiación puente implementada desde la banca española entre el preconcurso de 2015 y la primera reestructuración de 2017. Y el propio Santander ejecutó un día antes de que Gonzalo Urquijo dejase de gobernar el grupo Abengoa, incluso con el consejo actual ya elegido, el pasado 7 de enero, las garantías que tenía sobre el proyecto A3T en México, que justamente era una cadena de sociedades radicadas precisamente en Luxemburgo.
Terramar Capital, al descubierto
Pero además de todo lo anterior, la declaración ante un tribunal de bancarrotas de Estados Unidos desvelada también por las informaciones del Grupo Joly han puesto al descubierto las prácticas de Terramar Capital, que es presentada como salvadora, cuando en realidad ofrece prestamos de usura que asfixian financieramente a las empresas que promete ayudar y con ello facilita hacerse con su control para despiezarlas y maximizar el beneficio vendiendo activos, lo que con total certeza destruiría gran parte del empleo que aún genera Abengoa en Andalucía.
El mismo directivo norteamericano que hizo esa declaración judicial ratificó su denuncia de esas prácticas en una conversación con responsables de la sindicatura de accionistas de Abengoa, Abengoashares. De sus palabras se desprende que para llevar a cabo sus planes, Terramar pacta con los directivos de las empresas incentivos si la operación tiene éxito. Parece pertinente, por tanto, preguntarse si ¿existe algún acuerdo similar con el consejo que preside Juan Pablo López-Bravo? ¿Por eso es la única salida?
El rescate de Abengoa sigue en manos del Gobierno, que debe validar la operación propuesta o rechazarla. En contra de la misma juega el ruido político creado por el polémico rescate de la aerolínea hispano venezolana Plus Ultra. Si en ese clima añadimos las sombras y dudas que genera esta operación de Abengoa, más que considerarla la única salida, habría que plantearse que habrá que hallar una alternativa en la que, de forma inclusiva, se cuente con los accionistas y se den garantías ciertas a los trabajadores de que sus empleos van a mantenerse.
El juez concursal, Miguel Ángel Navarro, es el otro actor, además el Ejecutivo, que tiene que pronunciarse en breve. Nombrado administrador concursal, no existe ya impedimento para que se celebre la junta general extraordinaria de accionistas que suspendió a petición de los administradores al solicitar concurso volutario. Una medida cautelar que pretendía justamente evitar su cese y que contra pronóstico y sin apenas fundamentación jurídica se concedió. Recurrida por el accionista y candidato a consejero y presidente en esa junta, Clemente Fernández, el plazo legal para que el juez resuelva, si es que no lo prorroga, expira hoy, Lunes Santo.
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| LUNES, 29 DE MARZO, 2021
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