Entre el 29 de agosto y el 9 de septiembre, Cecilia Jiménez-Damary, Relatora Especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos de las personas desplazadas internas, visitó México para evaluar la situación de derechos humanos de las personas en esta condición. En este contexto, la Relatora visitó los estados de Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México y Jalisco, en donde se reunió con funcionarios federales y estatales de los tres poderes de gobierno. Además, visitó comunidades afectadas por el desplazamiento interno, y sostuvo reuniones con víctimas, organizaciones de la sociedad civil, entidades autónomas de defensa de los derechos humanos, agencias de las Naciones Unidas, entre otros. En el presente boletín recuperamos algunas de las observaciones preliminares que presentó la Relatora Especial, previas al análisis y las recomendaciones que dará al Gobierno de México en junio de 2023.

La relatora caracterizó las causas del fenómeno del desplazamiento interno en México como multifactoriales y diversas, originadas por la violencia (la mayoría de las veces generadas por el crimen organizado), los proyectos de desarrollo, la minería y tala ilegales, y los conflictos electorales, religiosos y agrarios. Señaló también que es urgente reconocer y atender de manera pertinente los impactos diferenciales del desplazamiento interno entre distintos grupos de personas como las mujeres, la comunidad LGBTI, los pueblos indígenas y los niños, niñas y adolescentes. Resaltó  que hay un alto nivel de impunidad respecto a los casos de desplazamiento interno en México por falta de eficacia de las autoridades especialmente en el ámbito de la justicia penal.

En sus observaciones, la Relatora señaló que la adopción de legislación especializada en materia de desplazamiento interno es un paso esencial para formalizar el reconocimiento de la problemática. Hizo un llamado frente a la necesidad de que el Estado cumpla con su rol como garante de la atención integral a las víctimas mediante la adopción y cumplimiento de los estándares internacionales en esta materia. Refirió la importancia de la aprobación en el Senado de la Ley General para prevenir, atender y reparar integralmente el Desplazamiento Forzado Interno y llamó a que ésta contemple una distribución clara de competencias y una adecuada coordinación entre niveles del gobierno, además de un presupuesto suficiente.

Respecto a las garantías existentes para las víctimas, referenció la preocupación que diversos actores le habían externado por la actual dificultad para acceder a la calidad de víctima en México, dado que en la mayoría de los estados el desplazamiento interno forzado no está tipificado como delito. Por lo anterior, también manifestó preocupación por el alto número de personas que pueden no estar registradas dado que no acuden a las autoridades, ya sea por desconfianza en los mecanismos de protección o por miedo a sufrir represalias de actores criminales. En este mismo sentido, urgió a implementar un registro federal único de personas desplazadas además de los registros estatales, y que este registro incluya aquellas personas desplazadas de facto además de las víctimas jurídicamente reconocidas. Señaló que este es un paso fundamental para elaborar políticas públicas pertinentes y facilitar la atención y asistencia a las personas desplazadas internas.

Parte de las observaciones preliminares de la Relatora Especial contienen un saludo a los esfuerzos que se hacen a nivel federal y estatal en materia de promoción de leyes,  hacia la tipificación del desplazamiento en el código penal de Guerrero, y el protocolo de la Fiscalía General de Chiapas para investigar crímenes conexos al desplazamiento. Sin embargo, también lanzó un llamado a intensificar los esfuerzos para fomentar respuestas en apego a los derechos humanos y a que los esfuerzos federales y estatales no queden solo en la atención, sino a que se generen análisis de las características del desplazamiento, se haga énfasis en la prevención de las condiciones que lo producen y, sobre todo, se garanticen soluciones duraderas para las personas en situación de desplazamiento.

Cecilia Jimenez-Damary también apuntó que el Estado debe garantizar un retorno seguro, digno y voluntario, así como acceso a la justicia en casos de violaciones a derechos humanos, mediante la simplificación de procesos y la difusión de los procedimientos de denuncia. Ahondado en la consecución de soluciones duraderas, señaló la importancia de generar garantías para la restitución de viviendas y propiedades, sin descuidar la reparación por otras violencias. Lo anterior, estableció la relatora, debe estar ligado al procesamiento penal de los perpetradores del desplazamiento y a un marco de pertinencia cultural que tenga en cuenta las interseccionalidades y los impactos diferenciales.

 

Oaxaca

• Se cumplen 12 años del desplazamiento de comunidades triquis del municipio de San Juan Copala en Santiago Juxtlahuaca, en la región mixteca, y han exigido garantías para el retorno efectivo a su territorio.

  • El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) manifestó que en estos 12 años ha habido 42 de sus militantes asesinados y que los gobiernos federal y estatal no han dado solución a sus demandas.

• Algunas de las familias que han logrado retornar recientemente a Tierra Blanca Copala luego de dos años en desplazamiento han anunciado que los niños y niñas han tenido que regresar a clases en situaciones poco favorables por la ausencia de vivienda de algunas familias y la imposibilidad de dotar con útiles a los niños y niñas. 

  • Un líder del MULTI anunció que al menos el 30% de los niños y niñas que han sido desplazados no retornan a clases debido a las dinámicas del desplazamiento interno y a la dificultad de solventar las necesidades básicas. 

  • Integrantes del MULTI pusieron en conocimiento a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el caso del desplazamiento de Tierra Blanca Copala y señalaron al Estado como inoperante ante su situación, pidiendo intervención para resolver su situación. 

• El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) anunciaron la mutua voluntad de llegar a un acuerdo de paz, al que fueron conminados por el gobernador de la entidad. 

Sinaloa

• El diputado local Antonio Ambrocio Chávez señaló que no se ha hecho la ejecución de al menos 10 millones de pesos del presupuesto del 2022 destinados a viviendas de familias desplazadas en Culiacán y Badiraguato. Esto ha sucedido por demoras en la expedición de títulos por parte del Registro Agrario Nacional (RAN). Al respecto, personas desplazadas de la zona norte del estado anunciaron que solicitarán un informe sobre la ejecución del presupuesto del año en curso pues no han visto avances en términos de vivienda y servicios públicos.

• El ayuntamiento de Culiacán, a través de la Secretaría de Bienestar señaló que está atendiendo a 20 familias desplazadas de otros estados que han llegado al municipio y las han canalizado a los programas estatales y federales de atención. La secretaria de bienestar señaló que han percibido un aumento de personas desplazadas que han llegada a Culiacán, por lo cual trabajan en un censo de población desplazada en este municipio. Señaló también que familias desplazadas de Durango habitan en la periferia de la ciudad. 

Zacatecas

• De las 18 comunidades desplazadas de la Sierra de Jerez hace más de un año, apenas el 10% ha podido retornar a sus lugares de origen dado que persisten las condiciones de inseguridad, por lo que las personas en situación de desplazamiento solo hacen visitas esporádicas para verificar el estado de sus propiedades y tierras. El vocero de algunas comunidades desplazadas ha manifestado la inexistencia de los avances que las autoridades anuncian sobre el caso.   

   

  Afrontamientos

• Jóvenes pertenecientes al pueblo tzotzil de familias desplazadas se unieron para crear una orquesta y un coro contra la violencia. Se trata de 46 jóvenes de entre 12 y 29 años que se agruparon bajo el nombre “por la paz de la zona norte” en San Cristóbal de las Casas con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de la no violencia.

• Por medio de la pinta de murales, los colectivos Atlachinolli, Colores en Resistencia y Sueña Dignidad exigen la libertad de siete presos políticos desplazados mazatecos que llevan en esta condición desde el 2014. Asimismo, exigen el cese de la persecución de 40 familias desplazadas    

Contacto
Eva Patricia Avilés Gómez
comunicacion1@cmdpdh.org
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